EL RECURSO DEL PP, UN RETO PARA EL CONSTITUCIONAL
1-08-06
Editorial
EL RECURSO DEL PP, UN RETO PARA EL CONSTITUCIONAL
Editorial
EL RECURSO DEL PP, UN RETO PARA EL CONSTITUCIONAL
El PP presentó ayer su anunciado recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña. El recurso es un documento de 400 páginas en el que se impugnan 114 artículos -la mitad de los que contiene el Estatuto- y otras 12 disposiciones. El partido que lidera Rajoy pide al Constitucional su tramitación urgente, ya que el Estatuto modifica -según argumenta el recurso- más de 30 leyes básicas del Estado y tiene un carácter modélico para otras revisiones estatutarias en marcha.
El PP subraya que el nuevo Estatuto pretende ser «una Constitución paralela que invade las competencias del Estado». La afirmación es rigurosamente cierta porque el texto aprobado en consulta popular se arroga competencias exclusivas del Estado, definidas expresamente en el artículo 149 de la Constitución. «El Estatuto es un texto oscuro, sin prestancia técnica y difícil de interpretar», dice el recurso del PP. También es cierto y ello se explica porque su redacción final es un pastiche en el que se han ido incorporando elementos heterogéneos durante su larga tramitación. Las diferencias ideológicas entre el PSC, CiU y ERC han dado como resultado un texto contradictorio, en el que conviven concepciones muy conservadoras e ideas extremadamente radicales y utópicas.
La parte más importante del recurso del PP reside en la impugnación de los conceptos de «nación», de los «derechos históricos» y de los «símbolos nacionales» aplicados a Cataluña. El recurso subraya que «desde el punto de vista constitucional no hay más nación que la española, titular de la soberanía». La Constitución -señala- nace de la soberanía y los Estatutos nacen de la Constitución como «poder derivado». «Cualquier otra pretensión de nación que no sea la española se excluye por sí misma y queda al margen de la Constitución». La argumentación es impecable y recoge lo que piensa una amplia mayoría de españoles.
El recurso impugna también el deber de conocer la lengua catalana, que se impone a todos los ciudadanos de Cataluña y particularmente a los funcionarios de todas las Administraciones, incluida la del Estado.
Dada la extensión y la complejidad del recurso no es posible ni siquiera mencionar muchas de las motivaciones jurídicas que aporta. Pero sí merece la pena citar el rechazo de la filosofía de la bilateralidad y del blindaje de las competencias, que lleva a impugnar al PP decenas de artículos relativos a este capítulo.
Una gran parte de las consideraciones de este recurso es plenamente coincidente con el trabajo realizado por EL MUNDO el pasado otoño, cuando analizamos artículo por artículo los numerosos elementos de inconstitucionalidad del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña.
El exhaustivo y riguroso recurso del PP ya está sobre la mesa del Constitucional, que debería admitirlo a tramite cuanto antes y empezar a estudiarlo. Muchas de sus demandas son tan sólidas que difícilmente podrán ser rechazadas por el Tribunal, que se enfrenta a un gran test sobre su independencia y su capacidad de preservar los valores constitucionales. Cabe recordar las palabras pronunciadas al respecto por su presidenta, María Emilia Casas, en un Foro de Debate de EL MUNDO el pasado mayo: «El Tribunal Constitucional tendrá coraje institucional para resolver tras el referéndum; no le temblará el pulso, lo contrario sería aceptar que el pueblo no se equivoca nunca y eso tampoco es así».
El PP subraya que el nuevo Estatuto pretende ser «una Constitución paralela que invade las competencias del Estado». La afirmación es rigurosamente cierta porque el texto aprobado en consulta popular se arroga competencias exclusivas del Estado, definidas expresamente en el artículo 149 de la Constitución. «El Estatuto es un texto oscuro, sin prestancia técnica y difícil de interpretar», dice el recurso del PP. También es cierto y ello se explica porque su redacción final es un pastiche en el que se han ido incorporando elementos heterogéneos durante su larga tramitación. Las diferencias ideológicas entre el PSC, CiU y ERC han dado como resultado un texto contradictorio, en el que conviven concepciones muy conservadoras e ideas extremadamente radicales y utópicas.
La parte más importante del recurso del PP reside en la impugnación de los conceptos de «nación», de los «derechos históricos» y de los «símbolos nacionales» aplicados a Cataluña. El recurso subraya que «desde el punto de vista constitucional no hay más nación que la española, titular de la soberanía». La Constitución -señala- nace de la soberanía y los Estatutos nacen de la Constitución como «poder derivado». «Cualquier otra pretensión de nación que no sea la española se excluye por sí misma y queda al margen de la Constitución». La argumentación es impecable y recoge lo que piensa una amplia mayoría de españoles.
El recurso impugna también el deber de conocer la lengua catalana, que se impone a todos los ciudadanos de Cataluña y particularmente a los funcionarios de todas las Administraciones, incluida la del Estado.
Dada la extensión y la complejidad del recurso no es posible ni siquiera mencionar muchas de las motivaciones jurídicas que aporta. Pero sí merece la pena citar el rechazo de la filosofía de la bilateralidad y del blindaje de las competencias, que lleva a impugnar al PP decenas de artículos relativos a este capítulo.
Una gran parte de las consideraciones de este recurso es plenamente coincidente con el trabajo realizado por EL MUNDO el pasado otoño, cuando analizamos artículo por artículo los numerosos elementos de inconstitucionalidad del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña.
El exhaustivo y riguroso recurso del PP ya está sobre la mesa del Constitucional, que debería admitirlo a tramite cuanto antes y empezar a estudiarlo. Muchas de sus demandas son tan sólidas que difícilmente podrán ser rechazadas por el Tribunal, que se enfrenta a un gran test sobre su independencia y su capacidad de preservar los valores constitucionales. Cabe recordar las palabras pronunciadas al respecto por su presidenta, María Emilia Casas, en un Foro de Debate de EL MUNDO el pasado mayo: «El Tribunal Constitucional tendrá coraje institucional para resolver tras el referéndum; no le temblará el pulso, lo contrario sería aceptar que el pueblo no se equivoca nunca y eso tampoco es así».
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