El Gobierno niega por segunda vez al PP los documentos que permitieron ilegalizar Batasuna

28-08-07



El Gobierno niega por segunda vez al PP los documentos que permitieron ilegalizar Batasuna


Los 'populares' creen que el Ejecutivo trata de evitar las comparaciones con los informes sobre ANV


FERNANDO LAZARO

MADRID.- De nuevo dice que no. El Gobierno se ha negado de nuevo a facilitar al Congreso los informes policiales elaborados tanto por la Guardia Civil como por la Policía y la Abogacía del estado que permitieron la ilegalización de Batasuna.


La petición fue realizada por el diputado del PP Vicente Martínez Pujalte en abril. Solicitaba de nuevo al Ministerio del Interior los «informes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de la Abogacía del Estado que permitieron la ilegalización de Batasuna y la anulación de candidaturas vinculadas a esta formación en las generales de 2004, las elecciones al Parlamento Europeo de ese año y las elecciones al Parlamento vasco de 2005». Era la segunda petición después de haber recibido ya la primera negativa. Y no parecía complicada. Esos informes han sido utilizados tanto en las instrucciones como en las sentencias y no están bajo secreto judicial.


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Pero la respuesta del Gobierno ha sido un no tajante. «El Ministerio del Interior no ha considerado procedente la remisión de los informes referidos porque se elaboraron para su integración en un procedimiento judicial y se remitieron exclusivamente al fiscal y al tribunal competente, siendo por tanto la autoridad judicial quien puede pronunciarse sobre su disposición», indicó el Gobierno en su respuesta, remitida el pasado 25 de julio, en pleno periodo estival, más de tres meses después de haber sido formulada. El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, ya anunció claramente su intención: demostrar los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad, que llevaron a la ilegalización de Batasuna. «Se hizo un trabajo importantísimo que permitió que ni Batasuna ni sus listas blancas se pudieran presentar a las elecciones. Vamos a recabar esos datos, que fueron vitales y muy minuciosos».

La negativa del Gobierno a facilitar esa información sólo puede evidenciar los intentos del Ejecutivo de que no se pueda comparar cómo se trabajó entonces para ilegalizar a Batasuna y cómo se está trabajando ahora para buscar datos sobre ANV.

Martínez Pujalte pidió amparo al presidente del Congreso, Manuel Marín, al entender que la respuesta del Ejecutivo no se ajustaba al reglamento. «Resulta evidente que la respuesta que se me ha dirigido constituye una burla al Parlamento y a la persona de este diputado», indica el diputado popular en su petición al presidente del Congreso. «No puede el Gobierno utilizar como excusa la alegación de que los informes están en procesos judiciales ya que todos ellos están elaborados por la Administración». «Las sentencias ya son firmes», recordó.

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