No condenar, condición necesaria aunque no suficiente
26-08-07
VUELTA A LAS ARMAS / El futuro de ANV
No condenar, condición necesaria aunque no suficiente
VUELTA A LAS ARMAS / El futuro de ANV
No condenar, condición necesaria aunque no suficiente
La jurisprudencia del Constitucional establece que es imprescindible una «vulneración sistemática» de la Ley de Partidos para ilegalizar una formación
MANUEL REGALADO
MADRID.- Los instrumentos de los que se dotó el Estado para combatir al entorno etarra por la vía de la legalidad cristalizaron el 27 de junio de 2002 con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. La norma contemplaba la posibilidad de sacar del sistema democrático a aquellas formaciones que vulnerasen las libertades y derechos fundamentales, ya fuera promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida, legitimando la violencia para la consecución de objetivos políticos o simplemente apoyando la acción de grupos terroristas en sus fines de subvertir el orden constitucional.
Ahora bien, varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC), emitidas entre 2003 y 2007, fueron las que apuntalaron definitivamente los términos en los que la Justicia podía moverse en las procelosas aguas de la ilegalización de partidos.
(.../...)
Así, el TC expuso en una sentencia de enero de 2004 que la negativa a condenar actos terroristas es condición necesaria, aunque no suficiente, para sacar del sistema a una formación: «Tal negativa [a condenar los actos] se une a comunicados ambiguos y de compromiso sobre la base de una equidistancia entre el Estado y el terror, construida desde la premisa de no ver ninguna diferencia de cualidad entre el poder público -que monopoliza legítimamente la fuerza del Estado- y una banda criminal -cuya violencia sólo es constitutiva de ilícitos penales-, con lo que se pretende que la responsabilidad de ésta quede disminuida o desplazada».
En consecuencia, para ilegalizar una formación política -como ahora se está planteando con ANV, que se ha negado a condenar el atentado de ETA del pasado viernes contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango (Vizcaya)-, la ley exige que concurran varias circunstancias relevantes, y no una sola.
Además, otra Sentencia del TC, del 12 de marzo de 2003, hacía especial hincapié en que, para proceder a la ilegalización, es necesaria una «vulneración sistemática, no ya reiterada» de la propia ley. «Se describen, en definitiva, conductas de singular gravedad y se concede relevancia [...] a las que evidencien una decidida incompatibilidad con los medios pacíficos y legales», explica el Constitucional, y agrega: «Todo ello [tiene que ser] verificable y comprobable en un proceso judicial en el que quienes promuevan la disolución deberán probar suficientemente que la formación afectada realiza las conductas descritas en la Ley [de Partidos Políticos] y que lo hace en términos que demuestran que no es acreedor a la condición de partido político».
De ahí el tiento con el que -según fuentes del Ejecutivo- se está moviendo éste antes de emprender cualquier iniciativa contra ANV que, a causa de la precipitación, podría acabar siendo contraproducente.
Sortear los escollos
MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó el pasado viernes, día del atentado de ETA en Durango (Vizcaya), que el Gobierno seguía «acumulando indicios contra ANV», señalando de esta manera que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está trabajando para demostrar la «vulneración sistemática» de la Ley de Partidos a la que alude la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En esa misma línea se posicionó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien se refirió a este asunto también el viernes. «Acción policial, firmeza judicial, cooperación internacional y unidad de todas las fuerzas políticas. Esas son las claves para acabar con la violencia terrorista», expuso.
De la Vega garantizó además que el Ejecutivo actuaría con firmeza: «Hasta ahora hemos perseguido a los terroristas, los hemos puesto ante la Justicia y, una vez que ésta ha hablado, los hemos puesto en la cárcel. Así es, así ha sido, y así seguirá siendo», dijo.
Ahora sólo queda por ver cómo sortea el Gobierno los escollos para hacer frente a la ilegalización de la formación de la izquierda 'abertzale' que, a buen seguro, se valdrá de todos los resquicios legales a su alcance para intentar evitar su disolución.
MANUEL REGALADO
MADRID.- Los instrumentos de los que se dotó el Estado para combatir al entorno etarra por la vía de la legalidad cristalizaron el 27 de junio de 2002 con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. La norma contemplaba la posibilidad de sacar del sistema democrático a aquellas formaciones que vulnerasen las libertades y derechos fundamentales, ya fuera promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida, legitimando la violencia para la consecución de objetivos políticos o simplemente apoyando la acción de grupos terroristas en sus fines de subvertir el orden constitucional.
Ahora bien, varias sentencias del Tribunal Constitucional (TC), emitidas entre 2003 y 2007, fueron las que apuntalaron definitivamente los términos en los que la Justicia podía moverse en las procelosas aguas de la ilegalización de partidos.
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Así, el TC expuso en una sentencia de enero de 2004 que la negativa a condenar actos terroristas es condición necesaria, aunque no suficiente, para sacar del sistema a una formación: «Tal negativa [a condenar los actos] se une a comunicados ambiguos y de compromiso sobre la base de una equidistancia entre el Estado y el terror, construida desde la premisa de no ver ninguna diferencia de cualidad entre el poder público -que monopoliza legítimamente la fuerza del Estado- y una banda criminal -cuya violencia sólo es constitutiva de ilícitos penales-, con lo que se pretende que la responsabilidad de ésta quede disminuida o desplazada».
En consecuencia, para ilegalizar una formación política -como ahora se está planteando con ANV, que se ha negado a condenar el atentado de ETA del pasado viernes contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango (Vizcaya)-, la ley exige que concurran varias circunstancias relevantes, y no una sola.
Además, otra Sentencia del TC, del 12 de marzo de 2003, hacía especial hincapié en que, para proceder a la ilegalización, es necesaria una «vulneración sistemática, no ya reiterada» de la propia ley. «Se describen, en definitiva, conductas de singular gravedad y se concede relevancia [...] a las que evidencien una decidida incompatibilidad con los medios pacíficos y legales», explica el Constitucional, y agrega: «Todo ello [tiene que ser] verificable y comprobable en un proceso judicial en el que quienes promuevan la disolución deberán probar suficientemente que la formación afectada realiza las conductas descritas en la Ley [de Partidos Políticos] y que lo hace en términos que demuestran que no es acreedor a la condición de partido político».
De ahí el tiento con el que -según fuentes del Ejecutivo- se está moviendo éste antes de emprender cualquier iniciativa contra ANV que, a causa de la precipitación, podría acabar siendo contraproducente.
Sortear los escollos
MADRID.- El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó el pasado viernes, día del atentado de ETA en Durango (Vizcaya), que el Gobierno seguía «acumulando indicios contra ANV», señalando de esta manera que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está trabajando para demostrar la «vulneración sistemática» de la Ley de Partidos a la que alude la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En esa misma línea se posicionó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien se refirió a este asunto también el viernes. «Acción policial, firmeza judicial, cooperación internacional y unidad de todas las fuerzas políticas. Esas son las claves para acabar con la violencia terrorista», expuso.
De la Vega garantizó además que el Ejecutivo actuaría con firmeza: «Hasta ahora hemos perseguido a los terroristas, los hemos puesto ante la Justicia y, una vez que ésta ha hablado, los hemos puesto en la cárcel. Así es, así ha sido, y así seguirá siendo», dijo.
Ahora sólo queda por ver cómo sortea el Gobierno los escollos para hacer frente a la ilegalización de la formación de la izquierda 'abertzale' que, a buen seguro, se valdrá de todos los resquicios legales a su alcance para intentar evitar su disolución.
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