Zapatero anuncia una aclaración del Gobierno de Sarkozy que éste se niega a emitir

29-08-07



Zapatero anuncia una aclaración del Gobierno de Sarkozy que éste se niega a emitir


El presidente desmiente a Fillon y alega que «malinterpretó» sus palabras sobre la regularización - Desde el Ejecutivo francés aseguraron que no tenían planeado realizar ninguna rectificación

P. DEL GALLO / ASUNCION SERENA

ASTURIAS/PARIS.- Lejos de arreglarse, el rifirrafe entre el Gobierno español y el francés a causa de la regularización masiva de inmigrantes va in crescendo. En el último episodio del sainete, José Luis Rodríguez Zapatero desmintió ayer al primer ministro francés, François Fillon, pero fue a su vez desmentido por el Ejecutivo galo.

El presidente afirmó ayer, desde la localidad asturiana de Villanueva de los Oscos, que el proceso de regularización de inmigrantes que llevó a cabo en 2005 fue «necesario, conveniente y positivo». Salía así al paso de la polémica suscitada por Fillon que en unas declaraciones desveló que el jefe del Gobierno español le había confesado que se «lamentaba amargamente» de haberlo llevado a cabo.


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Zapatero contradijo de esta forma al dirigente francés, pero fue más allá y anunció que el Ejecutivo galo iba a emitir una rectificación: «Yo creo que el Gobierno francés va a emitir una nota aclaratoria de lo que ha podido ser una mala interpretación».

Sin embargo, desde el Palacio de Matignon, sede del primer ministro, respondieron ayer claramente a EL MUNDO que Fillon «no ha hecho ninguna rectificación, ni está previsto que la haga». Fuentes de su entorno insistieron en que «no habrá ningún comunicado» sobre la nueva polémica que generaron las palabras de Zapatero.

A falta de la nota aclaratoria, lo que sí hubo por parte del entorno del primer ministro francés fueron unas declaraciones a la agencia Efe en las que matizaban sus palabras. Según esta versión, Fillon se mostraba más comprensivo y entendía que cuando España realizó la regularización «no había tenido otra opción, porque las circunstancias en aquella época se lo imponían».

Como ya hizo el día anterior el ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, Zapatero defendió a capa y espada la polémica regularización, que despertó las críticas de los gobiernos francés, alemán y holandés, además del rechazo de la Comisión y el Parlamento europeo.

El presidente recalcó que en España «nadie puede trabajar en la ilegalidad, ni los empresarios tener a trabajadores que no estén en la legalidad». E insistió en el mismo argumento: «Cuando nosotros llegamos al Gobierno había 700.000 inmigrantes en una situación de ilegalidad que no vamos a consentir».

Sin embargo, tanto desde el PP como desde las ONG aseguran que la bolsa de irregulares en España no ha hecho más que crecer y que ya rebasa el millón de personas.

Los desencuentros entre el Ejecutivo francés y el español sobre la política migratoria vienen de lejos, ya que el primero -que está practicando una política muy restrictiva- no vio con buenos ojos la concesión de papeles a 600.000 inmigrantes. En primer lugar, porque España ni tan siquiera consultó a los organismos europeos y, en segundo, porque los extranjeros beneficiados por la regularización se podían desplazar más tarde a países de la UE que no estaban de acuerdo con la medida y que, sin embargo, se veían obligados a asumir sus consecuencias.

El entonces ministro del Interior francés y hoy presidente de la República, Nicolas Sarkozy, lanzaba sus dardos contra el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el encargado de llevar a cabo la legalización masiva. La tensión entre ambos países llegó a su punto culminante cuando Zapatero, en un pleno del Congreso, respondió a las críticas de Sarkozy argumentando que no aceptaba lecciones de inmigración de Francia, máxime tras los disturbios en los barrios periféricos de París.

Sarkozy replicó entonces que él no daba lecciones a nadie porque no le gustaba recibirlas y pedía a Zapatero la misma solidaridad que Francia ha mostrado con España en la lucha contra ETA. La polémica parecía zanjada hasta que Fillon volvió a reabrir el debate este fin de semana.

Desde CCOO destacaron ayer que tanto el Ejecutivo como la patronal y los sindicatos mayoritarios consensuaron de «forma determinante» el proceso de regularización. «Fue una medida imprescindible que el Gobierno tomó con una determinación consensuada entre sindicatos y empresarios», declaró a Europa Press el dirigente de CCOO, Julio Ruiz.

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