La patronal navarra apoya a los empresarios detenidos por pagar la extorsión a ETA
25-06-06
ALTO EL FUEGO / La actuación judicial
La patronal navarra apoya a los empresarios detenidos por pagar la extorsión a ETA
El diputado Olabarria (PNV) asegura que las decisiones del juez Marlaska «empiezan a ser particularmente aberrantes» y Begoña Errazti (EA) las califica de «despropósito absoluto»
O. T.
VITORIA.- La patronal navarra expresó ayer su solidaridad con los dos empresarios detenidos por orden del juez Grande-Marlaska acusados de pagar a ETA el llamado impuesto revolucionario. Por su parte, los partidos políticos se repartían entre los que demandaban comprensión para los extorsionados y los que, como el PP, destacaban la necesidad de que la banda no reciba «ni un euro».
El presidente de la Confederación Empresarial Navarra, José Manuel Ayesa, consideró «grave» que los extorsionados accedieran a las exigencias de la banda terrorista, pero pidió respeto para sus «circunstancias personales».
(.../...)
Ayesa, que se ha significado en los últimos meses por la denuncia de que ETA continuaba enviando cartas de extorsión a los empresarios navarros, recordó a Efe que la recomendación de la organización que preside es «siempre la de no pagar» pero llamó la atención sobre la situación concreta de los empresarios detenidos, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, socios de una empresa de construcción.
«En principio, yo me tengo que mostrar solidario con ellos, porque ignoro el tipo de presión que estaban recibiendo. No se puede demonizar de entrada a los empresarios porque viven con una presión y una angustia importante y esto merece una reflexión», señaló.
Ayesa aseguró que hay «poquitos» empresarios que pagan a ETA en Navarra en comparación con el País Vasco, donde destacó que se dan otras circunstancias. «Cuando a uno le dicen que es objetivo prioritario de la banda y que tienen controlada a parte de su familia, hay mucha gente que se mantiene firme, pero hay otra a la que se le arruga el ombligo y paga», explicó.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, expresó su respeto a las decisiones judiciales y señaló que el pago a ETA es un hecho «que podemos comprender pero no compartir». Añadió que aceptando la extorsión «se quita uno responsabilidad, presiones y coacciones, pero éstas van dirigidas a otros, por lo tanto puedes comprender pero no puedes compartir».
El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, recalcó que «parte siempre de la idea de que el pago a la extorsión es un hecho delictivo que ayuda a fomentar más el terrorismo y la violencia, y por tanto es absolutamente rechazable».
Entre la clase política del País Vasco, destacaron las críticas al juez de la Audiencia Nacional por las detenciones. El diputado del PNV Emilio Olabarria afirmó que «desde una perspectiva jurídica, cuesta mucho comprender lo que está sucediendo en el Juzgado de Instrucción número 5». A su juicio, estas actuaciones del magistrado «no pertenecen al mundo del derecho, sino al de la actuación política, y empiezan a resultar particularmente aberrantes».
Olabarria explicó en relación al pago del impuesto revolucionario que «quien es víctima de un delito, en este caso de extorsión, no puede ser comitente de ese delito». Asimismo, apuntó que «en el ámbito del derecho, las eximentes que aplican todos los países civilizados del mundo en relación a las víctimas de extorsiones, que no han podido evitar tener que pagar, se les ha aplicado la eximente de estado de necesidad».
El secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, aseguró que «todos, incluidos quienes tienen que administrar Justicia» deben tener en cuenta «las situaciones y las circunstancias» que viven los empresarios y «ser muy receptivos y comprender la situación, la angustia que pasan».
Por otra parte, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, reconoció, en referencia a los dos empresarios navarros, que puede haber «muchas circunstancias dolorosas, pero la justicia tiene que actuar» para que ETA «no reciba ni un euro».
La presidenta de EA, Begoña Errazti, sostuvo que Grande-Marlaska acusa a los dos empresarios de «una situación que han sufrido como víctimas», lo que le llevó a calificar su detención de «despropósito absoluto».
ALTO EL FUEGO / La actuación judicial
La patronal navarra apoya a los empresarios detenidos por pagar la extorsión a ETA
El diputado Olabarria (PNV) asegura que las decisiones del juez Marlaska «empiezan a ser particularmente aberrantes» y Begoña Errazti (EA) las califica de «despropósito absoluto»
O. T.
VITORIA.- La patronal navarra expresó ayer su solidaridad con los dos empresarios detenidos por orden del juez Grande-Marlaska acusados de pagar a ETA el llamado impuesto revolucionario. Por su parte, los partidos políticos se repartían entre los que demandaban comprensión para los extorsionados y los que, como el PP, destacaban la necesidad de que la banda no reciba «ni un euro».
El presidente de la Confederación Empresarial Navarra, José Manuel Ayesa, consideró «grave» que los extorsionados accedieran a las exigencias de la banda terrorista, pero pidió respeto para sus «circunstancias personales».
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Ayesa, que se ha significado en los últimos meses por la denuncia de que ETA continuaba enviando cartas de extorsión a los empresarios navarros, recordó a Efe que la recomendación de la organización que preside es «siempre la de no pagar» pero llamó la atención sobre la situación concreta de los empresarios detenidos, José Javier Azpiroz y Juan María Saralegui, socios de una empresa de construcción.
«En principio, yo me tengo que mostrar solidario con ellos, porque ignoro el tipo de presión que estaban recibiendo. No se puede demonizar de entrada a los empresarios porque viven con una presión y una angustia importante y esto merece una reflexión», señaló.
Ayesa aseguró que hay «poquitos» empresarios que pagan a ETA en Navarra en comparación con el País Vasco, donde destacó que se dan otras circunstancias. «Cuando a uno le dicen que es objetivo prioritario de la banda y que tienen controlada a parte de su familia, hay mucha gente que se mantiene firme, pero hay otra a la que se le arruga el ombligo y paga», explicó.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, expresó su respeto a las decisiones judiciales y señaló que el pago a ETA es un hecho «que podemos comprender pero no compartir». Añadió que aceptando la extorsión «se quita uno responsabilidad, presiones y coacciones, pero éstas van dirigidas a otros, por lo tanto puedes comprender pero no puedes compartir».
El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, recalcó que «parte siempre de la idea de que el pago a la extorsión es un hecho delictivo que ayuda a fomentar más el terrorismo y la violencia, y por tanto es absolutamente rechazable».
Entre la clase política del País Vasco, destacaron las críticas al juez de la Audiencia Nacional por las detenciones. El diputado del PNV Emilio Olabarria afirmó que «desde una perspectiva jurídica, cuesta mucho comprender lo que está sucediendo en el Juzgado de Instrucción número 5». A su juicio, estas actuaciones del magistrado «no pertenecen al mundo del derecho, sino al de la actuación política, y empiezan a resultar particularmente aberrantes».
Olabarria explicó en relación al pago del impuesto revolucionario que «quien es víctima de un delito, en este caso de extorsión, no puede ser comitente de ese delito». Asimismo, apuntó que «en el ámbito del derecho, las eximentes que aplican todos los países civilizados del mundo en relación a las víctimas de extorsiones, que no han podido evitar tener que pagar, se les ha aplicado la eximente de estado de necesidad».
El secretario de Organización del PSE, Rodolfo Ares, aseguró que «todos, incluidos quienes tienen que administrar Justicia» deben tener en cuenta «las situaciones y las circunstancias» que viven los empresarios y «ser muy receptivos y comprender la situación, la angustia que pasan».
Por otra parte, el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, reconoció, en referencia a los dos empresarios navarros, que puede haber «muchas circunstancias dolorosas, pero la justicia tiene que actuar» para que ETA «no reciba ni un euro».
La presidenta de EA, Begoña Errazti, sostuvo que Grande-Marlaska acusa a los dos empresarios de «una situación que han sufrido como víctimas», lo que le llevó a calificar su detención de «despropósito absoluto».
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