LA JUSTICIA NO PUEDE TOLERAR LA BURLA DE BATASUNA

08-08-06


Editorial

LA JUSTICIA NO PUEDE TOLERAR LA BURLA DE BATASUNA

La consejería de Interior del Gobierno vasco decidió ayer autorizar la manifestación convocada por Batasuna para el próximo domingo en San Sebastián bajo el lema «Euskal Herria. Autodeterminación».

En un comunicado, Interior explica que no hay motivos legales para restringir «el derecho fundamental a manifestarse» de las personas que realizan la convocatoria, sobre las que no consta vínculo alguno con Batasuna.

No obstante, la resolución señala que los convocantes «no podrán utilizar pancartas, lemas o eslóganes que supongan amenaza o intimidación a instituciones, partidos u organizaciones». También recuerda a los manifestantes «que no podrán incurrir en conductas de enaltecimiento a organización terrorista», que están tipificadas en el Código Penal, y establece la prohibición de no portar signos, leyendas o anagramas de partidos ilegalizados.

En cuanto a que no constan vínculos de quienes han solicitado la autorización con Batasuna, puede que ello sea cierto formalmente, pero también está muy claro que quien organiza el acto del domingo es la formación de Otegi. Su convocatoria fue realizada el pasado sábado por Pernando Barrena, que la presentó como un acto del partido, como reflejaron todos los medios de comunicación.

Tampoco es cierto que se pueda limitar el derecho de manifestación de los partidos pero no de las personas, porque la propia consejería de Interior ha prohibido actos ante la evidencia de que era Batasuna quien estaba detrás de la convocatoria. En este caso, la prueba de que la propia consejería de Interior es consciente de que Batasuna -que sigue sin repudiar la violencia y cuyos dirigentes acaban de exaltar la memoria de varios etarras- está detrás de la manifestación es que prohíbe que se utilicen sus símbolos y que se produzcan gritos de enaltecimiento del terrorismo, lo cual es un brindis al sol, ya que, una vez dada la autorización, será muy difícil evitarlo.

La vicepresidenta De la Vega anunció ayer que el Gobierno no va a instar a la Fiscalía a recurrir la decisión de la consejería de Interior apelando a su «autonomía», lo que equivale a cerrar los ojos ante los planes de Batasuna.

Ello no es coherente con las declaraciones de Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, que prometía anteayer en una entrevista la máxima firmeza con la formación que lidera Otegi. El ministro afirmaba que sus líderes deben solicitar la legalización si «quieren acceder a la política democrática». ¿Para qué ha servido la sentencia del Supremo si la crecida Batasuna vuelve a salir a la calle como tal ante la pasividad del Gobierno, si el PSE acepta reunirse con sus dirigentes y si el lehendakari Ibarretxe les concede carta de interlocutor político?

La última palabra la tiene ahora el juez Garzón, que puede y debe decretar la prohibición de la manifestación, como ya hizo Marlaska en anteriores ocasiones, aunque la casi segura inhibición de la Fiscalía se lo pone difícil. El argumento es muy sencillo: el Supremo declaró a Batasuna ilegal y la Justicia, por ello, no puede tolerar una burla como la del domingo.

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