El Tribunal acusa al director general de la Policía durante el 11-M de desobediencia
29-03-07
DIAZ DE MERA SE NEGO A REVELAR QUIÉN LE DIJO QUE SE HABIA DESTRUIDO UN INFORME SOBRE ETA Y EL ATENTADO
El Tribunal acusa al director general de la Policía durante el 11-M de desobediencia
MANUEL MARRACO
DIAZ DE MERA SE NEGO A REVELAR QUIÉN LE DIJO QUE SE HABIA DESTRUIDO UN INFORME SOBRE ETA Y EL ATENTADO
El Tribunal acusa al director general de la Policía durante el 11-M de desobediencia
MANUEL MARRACO
MADRID.- El Tribunal Supremo estudiará si el ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera cometió ayer un delito de desobediencia grave al tribunal del 11-M. El eurodiputado del PP, que comparecía como testigo, se negó a comunicar a los magistrados quién le había informado de la existencia de un informe que, supuestamente, relaciona a ETA y el 11-M y que nunca llegó al juez instructor. Su negativa inicial a revelar la fuente le supuso una multa de 1.000 . Su persistencia hizo que el tribunal acordara informar de lo sucedido al Supremo, competente en el caso por la condición de eurodiputado del testigo.
(.../...)
El incidente se produjo nada más concluir el interrogatorio del fiscal jefe Javier Zaragoza, en el que no se hizo referencia a ese supuesto informe. Sin embargo, la primera pregunta de la primera acusación, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, fue directamente a la entrevista en la cadena Cope en la que Díaz de Mera anunció la existencia del informe.
En ella, el ex director de la Policía afirmó que «es un informe encargado por el comisario general de Información, hoy ascendido a los cielos [en referencia a Telesforo Rubio], es un informe elaborado por la Unidad Central de Inteligencia (UCI), es un informe ocultado al juez Del Olmo, que contiene indicios y pruebas de las conexiones con ETA en un número significativo y muy preocupante».
La de ayer fue una jornada tensa, marcada por el incidente entre el presidente del tribunal y el ex director general de la Policía, que fue sancionado e imputado por faltar a sus obligaciones como testigo. Por la mañana, el inspector que interrogó a Trashorras confirmó que 'El Chino' conocía a los etarras de Cañaveras.
El letrado quiso saber quiénes eran los autores. Díaz de Mera explicó que su fuente no le había dado los nombres, tan sólo un hombre y una mujer. «¿La persona que le habla de este informe quién es?», preguntó entonces José María de Pablos. Y se desencadenó lo inevitable: el ex jefe de la Policía dijo que, con todos los respetos al tribunal, no iba a revelar el dato. Y el tribunal, que la ley le obligaba a hacerlo,
No quiso hacerlo ni siquiera escribiendo su número profesional en un papel reservado para los magistrados. Según dijo, eso pondría en peligro tanto el puesto de trabajo como la seguridad de la fuente.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, le recordó que la ley es rotunda al respecto. «Los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado», dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Díaz de Mera insistió. «No me lo tome a desacato...». «Entiendo sus prevenciones, pero no las puedo autorizar», rebatió el presidente, que le informó de las consecuencias de su silencio. Ni aun así. «Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias».
Esas consecuencias son las recogidas en el artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que «el testigo que se niegue a declarar incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, que se impondrá en el acto». «Si a pesar de esto persiste en su negativa», prosigue, «se procederá contra él como autor del delito de desobediencia grave a la autoridad». El Código Penal castiga la desobediencia grave con entre seis meses y un año de prisión.
Díaz de Mera hizo el doblete: multa de 1.000 euros y deducción de testimonio. Como aforado, será el Tribunal Supremo el que decida si pide al Parlamento Europeo el suplicatorio, es decir, la autorización para poder actuar contra él.
El tribunal del 11-M lo intentó todo para convencer al testigo. Leyó los artículos de la ley, suspendió la vista para que reflexionara y, de vuelta a la sala, le sugirió varios caminos: un nuevo receso, que lo consultase «con sus seres queridos» o, directamente, «con la fuente». «Es que no sé si tiene el teléfono intervenido», replicó Díaz de Mera, que en la entrevista de la Cope ya había descrito su propio teléfono como «un queso gruyére».
El presidente le hizo ver que había algo más allá de la multa y el delito. «La deducción de testimonio es lo de menos. El problema es la situación en la que coloca a este proceso que es tan complicado... Fíjese que le estoy rogando», llegó a decir Gómez Bermúdez.
Díaz de Mera dio por zanjado el asunto: «Estoy absolutamente persuadido de que la fuente nos está escuchando y también de que esto lo están escuchando más policías. Si ellos quieren dar el paso adelante, serán ellos los que lo den. No sé si aquí hay una colisión entre la ley y moralidad de un sujeto, pero si tengo que optar, prefiero que la responsabilidad caiga sobre mí a que caiga sobre la fuente que me facilitó la información».
Antes del incidente, Díaz de Mera había reconstruido, a preguntas del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, los días posteriores al juicio, con el ritmo de informaciones y datos que obtenía y transmitía.
Tras confirmar con el testigo que no se recibió aviso de la colocación de las bombas, Zaragoza mencionó por primera vez a ETA. «¿Es cierto que era práctica habitual de ETA avisar de los atentados?». La respuesta de Díaz de Mera llevaba tanta intención como la pregunta. «Es de dominio común, señor fiscal jefe, que normalmente avisa, pero que hay actuaciones violentas en las que no avisa».
El testigo explicó que en la primera reunión policial mantenida el mismo 11 de Marzo, en torno a las 11.00 horas, sólo se barajó la autoría de ETA. «Sobre la mesa se colocaron opiniones en la dirección de ETA. Los precedentes que daban pábulo a pensar que pudiese haber sido ETA», dijo, recordando los atentados frustrados de Chamartín, las 12 mochilas bomba de Baqueira, y la caravana de la muerte que se dirigía al Corredor del Henares.
Díaz de Mera confirmó que, al final de esa reunión, el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, le comunicó por teléfono al subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, que lo que había estallado era el explosivo habitual de ETA. «Escuché a Díaz Pintado decir: «¿Titadyn con cordón detonante, pero seguro? Presumo que la respuesta fue 'seguro'. Eso es los que puedo decir».
Esa información se le trasladó de inmediato al ministro del Interior, Angel Acebes, pero apenas duró unas horas. Hacia las 18.00 horas llegó la corrección. «Me dijeron que era dinamita, que no se podía afirmar que fuese Titadyn».
Respecto a las primeras detenciones, explicó que la noche anterior ya recibió noticias «muy ambiguas» al respecto del comisario general de Información, Jesús de la Morena. «A mí sí me habló como de gitanos», dijo, aunque lo justificó el habitual hermetismo de los investigadores para evitar que pudiera desbaratarse la operación.
Zaragoza cerró la parte central del interrogatorio volviendo a ETA. «¿La investigación aportó algún dato objetivo que apuntara a la organización terrorista ETA, al margen de las sospechas iniciales?» «Pues no, que yo recuerde, no», respondió Díaz de Mera.
Sus declaraciones no se apartaron de las que hizo ante la Comisión del 11-M. Sí ofreció un dato nuevo, y como tal lo presentó. Que durante unos minutos emplearon los inhibidores de frecuencia de su propio vehículo para impedir que los terroristas de Leganés emplearan los móviles.
La explosión del piso se produjo en el instante en que escuchaba al subdirector general operativo decirle al jefe de los GEO «riesgo cero, riesgo cero, riesgo cero».
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió ayer un comunicado en el que se mostraba convencido de que Díaz de Mera -«el mejor director general de la Policía», le describieron- había dicho lo que creía la verdad, aunque, a su juicio, la fuente le informó erróneamente de la existencia del informe.
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El incidente se produjo nada más concluir el interrogatorio del fiscal jefe Javier Zaragoza, en el que no se hizo referencia a ese supuesto informe. Sin embargo, la primera pregunta de la primera acusación, la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, fue directamente a la entrevista en la cadena Cope en la que Díaz de Mera anunció la existencia del informe.
En ella, el ex director de la Policía afirmó que «es un informe encargado por el comisario general de Información, hoy ascendido a los cielos [en referencia a Telesforo Rubio], es un informe elaborado por la Unidad Central de Inteligencia (UCI), es un informe ocultado al juez Del Olmo, que contiene indicios y pruebas de las conexiones con ETA en un número significativo y muy preocupante».
La de ayer fue una jornada tensa, marcada por el incidente entre el presidente del tribunal y el ex director general de la Policía, que fue sancionado e imputado por faltar a sus obligaciones como testigo. Por la mañana, el inspector que interrogó a Trashorras confirmó que 'El Chino' conocía a los etarras de Cañaveras.
El letrado quiso saber quiénes eran los autores. Díaz de Mera explicó que su fuente no le había dado los nombres, tan sólo un hombre y una mujer. «¿La persona que le habla de este informe quién es?», preguntó entonces José María de Pablos. Y se desencadenó lo inevitable: el ex jefe de la Policía dijo que, con todos los respetos al tribunal, no iba a revelar el dato. Y el tribunal, que la ley le obligaba a hacerlo,
No quiso hacerlo ni siquiera escribiendo su número profesional en un papel reservado para los magistrados. Según dijo, eso pondría en peligro tanto el puesto de trabajo como la seguridad de la fuente.
El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, le recordó que la ley es rotunda al respecto. «Los testigos expresarán la razón de su dicho y, si fueren de referencia, precisarán el origen de la noticia, designando con su nombre y apellido, o con las señas con que fuere conocida, a la persona que se la hubiere comunicado», dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Díaz de Mera insistió. «No me lo tome a desacato...». «Entiendo sus prevenciones, pero no las puedo autorizar», rebatió el presidente, que le informó de las consecuencias de su silencio. Ni aun así. «Estoy dispuesto a aceptar las consecuencias».
Esas consecuencias son las recogidas en el artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que «el testigo que se niegue a declarar incurrirá en la multa de 200 a 5.000 euros, que se impondrá en el acto». «Si a pesar de esto persiste en su negativa», prosigue, «se procederá contra él como autor del delito de desobediencia grave a la autoridad». El Código Penal castiga la desobediencia grave con entre seis meses y un año de prisión.
Díaz de Mera hizo el doblete: multa de 1.000 euros y deducción de testimonio. Como aforado, será el Tribunal Supremo el que decida si pide al Parlamento Europeo el suplicatorio, es decir, la autorización para poder actuar contra él.
El tribunal del 11-M lo intentó todo para convencer al testigo. Leyó los artículos de la ley, suspendió la vista para que reflexionara y, de vuelta a la sala, le sugirió varios caminos: un nuevo receso, que lo consultase «con sus seres queridos» o, directamente, «con la fuente». «Es que no sé si tiene el teléfono intervenido», replicó Díaz de Mera, que en la entrevista de la Cope ya había descrito su propio teléfono como «un queso gruyére».
El presidente le hizo ver que había algo más allá de la multa y el delito. «La deducción de testimonio es lo de menos. El problema es la situación en la que coloca a este proceso que es tan complicado... Fíjese que le estoy rogando», llegó a decir Gómez Bermúdez.
Díaz de Mera dio por zanjado el asunto: «Estoy absolutamente persuadido de que la fuente nos está escuchando y también de que esto lo están escuchando más policías. Si ellos quieren dar el paso adelante, serán ellos los que lo den. No sé si aquí hay una colisión entre la ley y moralidad de un sujeto, pero si tengo que optar, prefiero que la responsabilidad caiga sobre mí a que caiga sobre la fuente que me facilitó la información».
Antes del incidente, Díaz de Mera había reconstruido, a preguntas del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, los días posteriores al juicio, con el ritmo de informaciones y datos que obtenía y transmitía.
Tras confirmar con el testigo que no se recibió aviso de la colocación de las bombas, Zaragoza mencionó por primera vez a ETA. «¿Es cierto que era práctica habitual de ETA avisar de los atentados?». La respuesta de Díaz de Mera llevaba tanta intención como la pregunta. «Es de dominio común, señor fiscal jefe, que normalmente avisa, pero que hay actuaciones violentas en las que no avisa».
El testigo explicó que en la primera reunión policial mantenida el mismo 11 de Marzo, en torno a las 11.00 horas, sólo se barajó la autoría de ETA. «Sobre la mesa se colocaron opiniones en la dirección de ETA. Los precedentes que daban pábulo a pensar que pudiese haber sido ETA», dijo, recordando los atentados frustrados de Chamartín, las 12 mochilas bomba de Baqueira, y la caravana de la muerte que se dirigía al Corredor del Henares.
Díaz de Mera confirmó que, al final de esa reunión, el comisario general de Seguridad Ciudadana, Santiago Cuadro Jaén, le comunicó por teléfono al subdirector general operativo, Pedro Díaz Pintado, que lo que había estallado era el explosivo habitual de ETA. «Escuché a Díaz Pintado decir: «¿Titadyn con cordón detonante, pero seguro? Presumo que la respuesta fue 'seguro'. Eso es los que puedo decir».
Esa información se le trasladó de inmediato al ministro del Interior, Angel Acebes, pero apenas duró unas horas. Hacia las 18.00 horas llegó la corrección. «Me dijeron que era dinamita, que no se podía afirmar que fuese Titadyn».
Respecto a las primeras detenciones, explicó que la noche anterior ya recibió noticias «muy ambiguas» al respecto del comisario general de Información, Jesús de la Morena. «A mí sí me habló como de gitanos», dijo, aunque lo justificó el habitual hermetismo de los investigadores para evitar que pudiera desbaratarse la operación.
Zaragoza cerró la parte central del interrogatorio volviendo a ETA. «¿La investigación aportó algún dato objetivo que apuntara a la organización terrorista ETA, al margen de las sospechas iniciales?» «Pues no, que yo recuerde, no», respondió Díaz de Mera.
Sus declaraciones no se apartaron de las que hizo ante la Comisión del 11-M. Sí ofreció un dato nuevo, y como tal lo presentó. Que durante unos minutos emplearon los inhibidores de frecuencia de su propio vehículo para impedir que los terroristas de Leganés emplearan los móviles.
La explosión del piso se produjo en el instante en que escuchaba al subdirector general operativo decirle al jefe de los GEO «riesgo cero, riesgo cero, riesgo cero».
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitió ayer un comunicado en el que se mostraba convencido de que Díaz de Mera -«el mejor director general de la Policía», le describieron- había dicho lo que creía la verdad, aunque, a su juicio, la fuente le informó erróneamente de la existencia del informe.
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