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17.4.07

 

Interior prejubila al comisario jefe del 'caso Bono' y de la mochila de Vallecas

 

17-04-07



Interior prejubila al comisario jefe del 'caso Bono' y de la mochila de Vallecas

Rodolfo Ruiz alegó pérdida de condiciones psicofísicas tras ser condenado a cinco años por falsedad y detención ilegal Seguirá cobrando su pensión aunque el Supremo confirme la sentencia que incluye una pena de inhabilitación por 10 años

FERNANDO LAZARO

MADRID.- El Ministerio del Interior ha concedido la jubilación anticipada al comisario Rodolfo Ruiz, condenado por el llamado caso Bono y responsable de la comisaría madrileña de Vallecas cuando apareció la polémica mochila del 11-M. La razón: pérdida de condiciones psicofísicas.


En mayo del pasado año, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al que fue comisario jefe de la Brigada Provincial de Información por la detención ilegal de dos afiliados del Partido Popular a los que se acusó, sin base alguna, de agredir al ex ministro de Defensa durante una manifestación de víctimas del terrorismo. (.../...)

Junto a él fueron condenados también dos inspectores de su brigada por los mismos hechos. El comisario recibió una condena de dos años de cárcel por detención ilegal, tres años más por falsear el atestado y 1.080 euros de multa por coacciones a sus subordinados, además de 10 años de inhabilitación.

El polémico caso de la detención ilegal de los militantes populares conllevó la dimisión del que entonces era delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez.


Tras la sentencia, la Dirección General de la Policía apartó a los tres condenados de puestos operativos. Poco después, el comisario cogió la baja laboral, tras aportar informes médicos que avalaban una alteración psicofísica que atribuyó a la polémica mediática y a la propia sentencia.

Fue en ese momento cuando los tres funcionarios condenados (el citado Ruiz y los inspectores Javier Fernández y José Luis González) solicitaron que les fuera concedida la jubilación anticipada.

El primero presentó los informes médicos junto con la reclamación de dejar la Policía. A continuación, tuvo que superar el trámite de un tribunal médico de la propia Policía, que ha avalado la alteración psicofísica y, como consecuencia, el Ministerio del Interior ha decidido acceder a su petición.

Esta concesión le permitirá ser acreedor a la pensión aun en el supuesto de que el Tribunal Supremo ratificara la condena de la Audiencia Provincial de Madrid.

Según explicaron a este periódico fuentes policiales, la otra posibilidad que tenían los condenados por el caso Bono era haber solicitado el pase a la segunda actividad. Este régimen laboral les habría supuesto cobrar el 80% del sueldo y dedicarse a otras actividades ajenas al Cuerpo Nacional de Policía. Pero el peligro al que se exponían era muy serio: en caso de que la sentencia del Supremo avalara la condena, sí dejarían de percibir sus emolumentos ya que, aunque en segunda actividad, seguirían formando parte de la Policía. En definitiva, la ratificación conllevaría la inhabilitación y, por tanto, la expulsión directa de la Policía, según estas mismas fuentes.

El Ministerio del Interior aún está pendiente de resolver la solicitud de los otros dos inspectores condenados. A Javier Fernández, que llevó a cabo las detenciones y figuró como autor del atestado falseado «para abultar los hechos», le cayeron cinco años de prisión y 10 años de inhabilitación. Por otra parte, el inspector José Luis González, que aparece como secretario del atestado desde el primer día (cuando sólo intervino para reconfeccionarlo), fue condenado también a cinco años en total.

Fuentes de la Dirección de la Policía explicaron que el comportamiento ante una petición de estas características por parte de un funcionario es siempre el mismo, y añadieron que las prejubilaciones en la Administración no son ni mucho menos excepcionales.

En mayo del pasado año, la Sección 16º de la Audiencia de Madrid consideró inexistentes las lesiones denunciadas por José Bono durante una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a la que el entonces ministro de Defensa acudió «a título particular».

Asimismo, reprobó con dureza en su escrito la conducta de los tres policías por privar de libertad a dos ciudadanos de forma «inmotivada, arbitraria y abusiva» y por falsear el atestado añadiendo dos párrafos cruciales en los que agravaban notablemente el incidente, hablando de una «situación de extrema violencia» y de «intentos de agresión» al ministro «con objetos contundentes».

El tribunal afirmó en su sentencia no tener datos de que siguieran instrucciones de «instancias superiores», pero dejó constancia de su «leve sospecha» de que actuaron influidos por el entonces delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Constantino Méndez, que adelantó a los medios de comunicación que iba a haber detenciones tras la denuncia del ex ministro José Bono.

Así fue, pero fueron unas detenciones «mirando al tendido» o «de complacencia», de las que fueron víctimas Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, dos militantes del Partido Popular. La actuación ilegal estuvo dirigida por el comisario ahora prejubilado, según reza la sentencia.

Ruiz también estaba al frente de la comisaría de Vallecas cuando apareció la polémica mochila con explosivos relacionada con los atentados del 11-M, cuya desactivación permitió avanzar exponencialmente en las pesquisas para localizar a los terroristas, a los que se les atribuye la autoría de los atentados perpetrados en Madrid.

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