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8.6.07

 

Rajoy pide al Gobierno que impida a los candidatos de ANV tomar posesión de sus cargos

 

08-06-07



VUELTA A LAS ARMAS / Insta al fiscal a solicitar la ilegalización de ese partido porque lo considera la continuación de Batasuna / Zaplana dice que el Congreso debe rectificar la autorización que dio a Zapatero para negociar

Rajoy pide al Gobierno que impida a los candidatos de ANV tomar posesión de sus cargos

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El Partido Popular (PP) está haciendo todos los esfuerzos a su alcance, y contrarreloj, para intentar evitar que los candidatos de Acción Nacionalista Vasca (ANV) elegidos en las elecciones del 27 de mayo puedan recoger sus actas de concejales o para las juntas generales del País Vasco. Ayer, el presidente del PP, Mariano Rajoy, instó al Gobierno a plantear esa petición ante el Tribunal Supremo.

(.../...)

El Gobierno y diversos juristas ven muy difícil que se pueda impedir la toma de posesión de esas personas, que han tenido votos suficientes como para estar en ayuntamientos o en las juntas generales. Pero en el PP, según declaró ayer Rajoy a Telecinco, opinan que esta petición «se gana ante el Tribunal Supremo». «Y habríamos dado un paso muy importante, porque si no tendremos durante cuatro años a los concejales de Batasuna y ETA en los ayuntamientos», añadió

Además, pidió que el fiscal general del Estado pida la ilegalización de ANV, porque considera que éste es el partido que han utilizado ETA y Batasuna.

Al líder del PP le parece bien que el Gobierno haya cambiado de criterio en el caso del etarra José Ignacio de Juana Chaos y que, en vez de enviarlo a su casa bajo control una vez que se ha recuperado en el hospital, lo haya encarcelado para que acabe de cumplir su condena. Pero considera que esto es insuficiente.

Esa medida, según dijo, debe ir acompañada de una solicitud al Tribunal Supremo para que declare ilegal al partido Acción Nacionalista Vasca (ANV), porque considera que es el sustituto de Batasuna, y que se impida tomar posesión a sus concejales y junteros.

En algunas localidades del País Vasco -San Sebastián, Guernica y Amurrio, entre otras- la Junta Electoral proclamó el pasado martes, día 5, a los concejales elegidos el 27 de mayo. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General da tres días de plazo para recurrir ante la Justicia esas proclamaciones, por lo que el Gobierno, en el caso de hacer caso a la petición del PP, tendría que presentar hoy mismo los primeros recursos.

Frente a las dificultades alegadas desde el Gobierno, el PSOE y algunos medios jurídicos, el diputado del PP Ignacio Astarloa, responsable del área de Justicia de este partido, coincidió ayer con Rajoy en que es posible impedir que los concejales y junteros de ANV tomen posesión de sus cargos y, además, iniciar el proceso para declarar ilegal este partido político.

Astarloa afirmó que el Gobierno tenía argumentos suficientes para haber pedido la ilegalización de ANV antes de las elecciones del 27 de mayo, pero sólo lo solicitó para algunas candidaturas. Ahora puede añadir, como elemento nuevo, las declaraciones que han hecho durante la campaña destacados miembros de la Batasuna, lo que considera una buena prueba de que Acción Nacionalista Vasca «es el sucesor de esa formación abertzale declarada ilegal en su día».

«Si se permite la toma de posesión, se consumará un gran desastre», advirtió Astarloa. «Lo que pedimos es una rectificación completa de la política antiterrorista del Gobierno en los últimos años, que ha permitido a De Juana tener esas condiciones, a Otegi librarse de la cárcel o a ANV ser mitad legal y mitad ilegal», añadió.

Según Astarloa, el procedimiento más adecuado para que ANV sea declarado ilegal es que lo solicite el fiscal o el abogado del Estado al Tribunal Supremo, tal y como prevé la Ley de Partidos Políticos.

El hecho de que unas personas que se han presentado a las elecciones hayan recibido los votos necesarios en las urnas para ser concejales y ahora se encuentren con que no pueden tomar posesión, si prospera la petición del PP, no produce inseguridad jurídica, según Ignacio Astarloa, porque la Ley de Partidos Políticos permite solicitar la ilegalización de una formación «en cualquier momento».

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, que ha pedido en varias ocasiones la ilegalización de ANV y del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), dio ayer un paso más: dijo que el acuerdo que aprobó el Pleno del Congreso de los Diputados en mayo de 2005 -con los votos en contra del Partido Popular-, que autorizaba al presidente del Gobierno a iniciar contactos con ETA cuando no hubiera violencia, «ya no se puede mantener» después del comunicado de la organización terrorista.

«Las circunstancias son distintas. ETA dice que va a volver a matar y el Parlamento ¿qué le dice?, ¿el último acuerdo con nuestro voto en contra?, ¿que quiere seguir tendiéndole la mano a los que quieren matar?», se preguntó. «Ésa es una decisión política», añadió, en referencia al acuerdo del Pleno del Congreso. «¿La rectifica o la modifica por otra que podamos votar todos?», subrayó.

La petición de que el Gobierno rectifique su política antiterrorista y pida la ilegalización de ANV va a ser uno de los caballos de batalla del PP a partir de ahora. Rajoy dijo ayer «que ahora toca rectificar y volver a la política de la derrota de ETA».

El miércoles próximo, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Rajoy, Acebes y Zaplana van a plantear preguntas muy generales. Eso les permitirá, en caso de que la reunión del lunes entre Rajoy y Zapatero no sea satisfactoria, incluir en ellas la cuestión de la lucha contra ETA y la ilegalización de ANV.

LOS ARGUMENTOS JURIDICOS

Art.112 Ley Electoral. El recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral dentro de los tres días siguientes al acto de proclamación de electos [...].

Art. 11 Ley de Partidos Políticos. 1. Están legitimados para instar la declaración de ilegalidad de un partido político y su consecuente disolución el Gobierno y el Ministerio Fiscal [...]. 8. La Sala, durante la tramitación del proceso, podrá adoptar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia, con el alcance y los efectos que estime oportunos para salvaguardar el interés general [...].

Art. 12 LPP. 3. Corresponderá a la Sala sentenciadora declarar la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto, teniendo en cuenta la similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructuras, de las personas que los componen o representan, de la procedencia de los medios de financiación, o de cualquier otra circunstancia que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar esa sucesión [...].

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