La Guardia Civil inspeccionó la finca de Morata el 10 de marzo
29-09-04
11-M LA INVESTIGACION
La Guardia Civil inspeccionó la finca de Morata el 10 de marzo
MANUEL MARRACO. AGUSTIN YANEL
11-M LA INVESTIGACION
La Guardia Civil inspeccionó la finca de Morata el 10 de marzo
MANUEL MARRACO. AGUSTIN YANEL
MADRID.- El 10 de marzo, la Guardia Civil vigiló la casa de Morata de Tajuña donde se habían preparado las mochilas bomba que al día siguiente estallaron en los trenes. Aquel día, sin embargo, los agentes informaron de que no se observaban en la casa «actitudes extrañas».
(.../...)
Tampoco dos días antes, en la primera inspección, los agentes detectaron nada fuera de lo normal.Según se recoge en el documento número 173 remitido ayer por el Gobierno a la Comisión de Investigación del 11-M, el día 7 de marzo los agentes comprobaron que en la vivienda se encontraban «tres o cuatro personas de origen magrebí, no observando nada anómalo».
La alarma la había dado el mismo día 7 a las 10.48 horas una mujer vecina de la zona. En una llamada al 062, explicaba que en una finca colindante a la suya había observado «durante largo periodo de tiempo un numeroso grupo de personas de origen árabe que pasaba por dicha finca».
La mujer, además, daba un dato que podía poner a los agentes sobre la ruta del islamismo radical: según recoge el informe de la Dirección General de la Guardia Civil, la mujer informó de que «a raíz de los atentados del 11-S la finca dejó de ser visitada». En las últimas fechas, añadía la informante, la finca había vuelto a ser frecuentada «por individuos de origen árabe, causándole sospechas esta forma de proceder».
Tras la inspección del día 7, los agentes informaron de lo sucedido a sus colegas del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), que recibieron la información el día 8. Un día después, un grupo de SIGC se traslada al lugar. Allí, hace una inspección del terreno -«unos 2.000 metros de extensión, bordeada por una malla de color verde y brezo que dificulta la visión desde el exterior»- y observa a «un individuo de raza árabe». Los agentes comprueban también los datos de un Opel Astra aparcado en el interior. No había sido denunciado. Tampoco su propietaria, de nacionalidad española, tenía antecedentes penales.
Las conclusiones extraídas por los agentes distaban mucho del terrorismo islamista: «Ante las primeras indagaciones se decide realizar nuevas vigilancias. La valoración es que pudiera tratarse de trabajadores de manera ilegal», afirma el informe. Las medidas acordadas, por tanto, se limitan a «determinar su volumen e identificar a sus habitantes y actuar en consecuencia».
Cinco días después de los atentados, la Guardia Civil advierte de que la Policía Nacional está preguntando en la zona, por casas próximas a un río en las que residen magrebíes. «Con objeto de no interferir las posibles líneas de investigación de la policía en la zona», concluye el informe, «y siguiendo así las instrucciones dadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, no se realiza entrevista con el propietario de la finca para conocer quiénes residen».
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Tampoco dos días antes, en la primera inspección, los agentes detectaron nada fuera de lo normal.Según se recoge en el documento número 173 remitido ayer por el Gobierno a la Comisión de Investigación del 11-M, el día 7 de marzo los agentes comprobaron que en la vivienda se encontraban «tres o cuatro personas de origen magrebí, no observando nada anómalo».
La alarma la había dado el mismo día 7 a las 10.48 horas una mujer vecina de la zona. En una llamada al 062, explicaba que en una finca colindante a la suya había observado «durante largo periodo de tiempo un numeroso grupo de personas de origen árabe que pasaba por dicha finca».
La mujer, además, daba un dato que podía poner a los agentes sobre la ruta del islamismo radical: según recoge el informe de la Dirección General de la Guardia Civil, la mujer informó de que «a raíz de los atentados del 11-S la finca dejó de ser visitada». En las últimas fechas, añadía la informante, la finca había vuelto a ser frecuentada «por individuos de origen árabe, causándole sospechas esta forma de proceder».
Tras la inspección del día 7, los agentes informaron de lo sucedido a sus colegas del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC), que recibieron la información el día 8. Un día después, un grupo de SIGC se traslada al lugar. Allí, hace una inspección del terreno -«unos 2.000 metros de extensión, bordeada por una malla de color verde y brezo que dificulta la visión desde el exterior»- y observa a «un individuo de raza árabe». Los agentes comprueban también los datos de un Opel Astra aparcado en el interior. No había sido denunciado. Tampoco su propietaria, de nacionalidad española, tenía antecedentes penales.
Las conclusiones extraídas por los agentes distaban mucho del terrorismo islamista: «Ante las primeras indagaciones se decide realizar nuevas vigilancias. La valoración es que pudiera tratarse de trabajadores de manera ilegal», afirma el informe. Las medidas acordadas, por tanto, se limitan a «determinar su volumen e identificar a sus habitantes y actuar en consecuencia».
Cinco días después de los atentados, la Guardia Civil advierte de que la Policía Nacional está preguntando en la zona, por casas próximas a un río en las que residen magrebíes. «Con objeto de no interferir las posibles líneas de investigación de la policía en la zona», concluye el informe, «y siguiendo así las instrucciones dadas por la Secretaría de Estado de Seguridad, no se realiza entrevista con el propietario de la finca para conocer quiénes residen».
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