Registraremos el monte
12-11-04
11-M LA INVESTIGACION / LA OPINION / CONFIDENTES Y TRAFICO DE EXPLOSIVOS
Registraremos el monte
La impresionante irrupción de 'Lavandero' en la trama del 11-M se suma a la ya larga lista de presuntas negligencias de ciertos mandos policiales y de la Guardia Civil que deben ser investigadas
JAIME IGNACIO DEL BURGO
Impresionante la irrupción en EL MUNDO del confidente Lavandero. Resulta que la policía y la Guardia Civil, a través de este nuevo actor de la película de la gran infamia, conocían ¡desde el verano de 2001! el negocio de venta de dinamita montado por Antonio Toro y su socio, Emilio Suárez Trashorras. Y sabían el nombre de su principal cliente: ETA. Incluso, llegaron a conocer los intentos de Toro por averiguar cómo podían activarse explosivos mediante un teléfono móvil.
La trama asturiana del 11-M estaba, pues, en acción desde al menos tres años antes de la masacre. Toro presumía de tener 1.000 kilos de dinamita. Pero como en la Policía no dieron crédito a su denuncia, Lavandero decidió contarlo todo a la Guardia Civil.Tampoco tuvo fortuna, a juzgar por los resultados, pero su testimonio quedó grabado en una cinta magnetofónica que alguien dejó oculta y olvidada en el cajón de una vieja mesa de escritorio. Hasta que en la localidad asturiana de Cancienes un humilde número de la Guardia Civil decidió luchar por el honor del benemérito Cuerpo y, demostrando una enorme valentía, sacó a la luz la cinta y, con ella, los colores -y algo más- a los mandos asturianos que pasaron por la Comisión del 11-M el pasado 15 de octubre.La investigación (por ahora extrajudicial y extraparlamentaria) ha dado con esta revelación un vuelco espectacular.
Por su parte, el abogado Carlos Alberto Tejeda -cuya comparecencia ha sido reiteradamente vetada por la Comisión- nos remitió la pasada semana a los comisionados del Grupo Popular el relato de los hechos por él denunciados en su día a la Fiscalía de Asturias.A comienzos de 2002, en la cárcel de Villabona -lugar de concentración forzosa de buena parte de los implicados en el 11-M y donde podría haberse fraguado la colaboración entre los soldados de Alá y ETA- se encontraban tres presos preventivos de etnia gitana acusados de traficar con droga. Su defensor era el abogado Tejeda.
Un buen día, allá por el mes de abril de 2002, el abogado fue citado por sus clientes a una reunión en la cárcel. Pero el protagonista principal de la reunión en el locutorio de Villabona no fue ninguno de sus defendidos, sino un tal José Ignacio Fernández Díaz, alias Nayo, en prisión preventiva desde julio de 2001 bajo la acusación de traficar con drogas, armas y dinamita. «Dicha persona», relata Tejeda en referencia al Nayo, «estando presentes mis tres defendidos, me manifestó que él tenía conocimiento de la existencia de una determinada cantidad de explosivos que estaban destinados a ETA, y que dicho conocimiento provenía de haber sido intermediario en diferentes ocasiones de tales transacciones, así como de haber participado en algún transporte de armas desde Francia a España, también para ser destinadas a ETA».
El abogado, «dada la importancia de la información suministrada», se entrevistó con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el señor Valero Oltra, recientemente ascendido al cargo de jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado.Este, al parecer, no echó el asunto en saco roto. Trasladó la información a la policía y quedó a la espera del resultado de las investigaciones. Dos meses más tarde, en junio de 2002, Tejeda, viendo que sus mandantes no eran puestos en libertad a pesar de su colaboración con la Justicia, volvió a conversar con el fiscal Valero Oltra: «Me dijo que, efectivamente, el señor Fernández Díaz había sido conducido por la Guardia Civil al lugar donde decía que estaban los explosivos, pero que dicho lugar se trataba de un monte y que no iban a registrar todo el monte».
Que el fiscal jefe de Asturias habló con la policía de Oviedo es cierto. En su comparecencia ante la Comisión de Investigación, el jefe superior de policía de Asturias, Juan Carretero, lo confirmó: «Fue el fiscal el que nos requirió Estoy hablando de abril o mayo de 2002». Pero no salió nada. Todo había sido, según él, «un cuento chino». Nadie creyó al Nayo.
A pesar de su primer fracaso, el Nayo no se dio por vencido.La prisión de Villabona es generosa en la producción de confidentes.En ella captó la Unidad Central Operativa (UCO) a Rafá Zouhier, aunque éste ya lo era de otra unidad de la Guardia Civil. Del vistazo al monte donde se escondían los explosivos no salió nada, pero sí otro recluta para la Guardia Civil. El Nayo, a pesar de su propensión a contar «cuentos chinos», se convirtió en confidente de la Guardia Civil. Y en febrero de 2003 volvió a la carga: denunció a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras por estar en posesión de 100 kilos de dinamita para vender. Una cantidad nada despreciable.
Casi al mismo tiempo que el Nayo, Rafá Zouhier proporcionaba una información parecida a otro cuerpo de elite de la Guardia Civil: la UCO. Toro y Suárez Trashorras tenían dinamita para vender. Se le da crédito y por eso se monta -eso dicen los informes oficiales- «un vasto y extenso operativo policial». El 27 de febrero de 2003, la UCO informa a la Comandancia de Asturias del resultado de sus pesquisas: Toro vende dinamita (150 kilos), se ha detectado su presencia en Madrid, donde intentaba colocarla al precio de un millón de pesetas o un kilo de cocaína por cada dos kilos y medio de explosivos.
Poco después, la UCO conseguiría, a través de Zouhier, una muestra de la dinamita de Toro. Pero no sirvió de nada porque, como estaba en mal estado, la destruyeron. No recriminaron a Zouhier por haberles metido una filfa. Al contrario, cuando éste preguntaba por el final de la historia, recibía siempre una respuesta tranquilizadora: «Todo está controlado».
Como en abril de 2002, «el vasto y extenso operativo policial» fracasa. De la dinamita, ni rastro. Según la versión oficial, un experimentado capitán del Instituto Armado acudió entonces a los fiscales de Avilés para pedir un «consejo» de novato: qué hacer para lograr del juez autorización para intervenir los teléfonos y registrar las propiedades de Antonio Toro y de Emilio Suárez Trashorras. Estamos ya en el verano de 2003. Los fiscales no dan importancia a una «conversación de café». A juicio del general Laguna, por aquel entonces coronel jefe de la zona de Asturias, no podían ofrecer al juez nada sustancioso. «Sólo teníamos el testimonio de dos confidentes -con Lavandero eran ya tres- que se negaban a firmar la declaración» [sic]. ¿Desde cuándo se exige una declaración firmada por los confidentes para iniciar una intervención judicial? La excusa dada por los responsables policiales es increíble. Para entonces, los asturianos se exhiben por Avilés con los «moritos» de Lavapiés a todas horas.
Sin embargo, la Fiscalía de Asturias desmiente al general Laguna.«Si hubiéramos conocido un informe como el de la UCO», dijo el fiscal Herrero», se habrían abierto diligencias». Y añadió: «Nosotros abrimos diligencias de investigación diariamente por simples denuncias de particulares sin constatar en ese momento; porque si la denuncia pone en conocimiento del fiscal hechos que pueden revestir carácter de delito, esa diligencia se abre sin más».
De todo lo anterior se desprende la existencia de responsabilidades en la UCO, en la comandancia asturiana de la Guardia Civil y en la Jefatura Superior de Policía de Asturias. «No se iba a registrar todo el monte »; «la dinamita no servía, estaba caducada »; «se inspeccionaron las minas, pero no se apreció ninguna irregularidad »; «todo era un cuento chino »; «cuando se produjeron las primeras denuncias, ni Toro ni Suárez Trashorras tenían dinamita para vender »; «nos engañaron...». Así de simple, así de trágico.
Hace algún tiempo expresé en estas mismas páginas mi confianza en la actuación judicial como «último baluarte de la verdad».Hoy tengo dudas sobre la solidez del último reducto. El secreto de sumario, impunemente vulnerado por el Gobierno o utilizado como pretexto para negar a la Comisión del 11-M documentos esenciales para la investigación, es en estos momentos un obstáculo para el conocimiento de la verdad. Tenemos derecho a saber si la investigación judicial va más allá de la determinación de la conducta delictiva de quienes fueron autores materiales o colaboradores directos de los atentados. Debemos saber cuanto antes si la Justicia -ya conocemos la negativa del Ministerio del Interior- se ocupa de desentrañar los numerosos agujeros negros de la investigación.Es decir, si investiga las actuaciones presuntamente negligentes de ciertos mandos policiales y de la Guardia Civil y si persigue el descubrimiento de los autores intelectuales de la masacre.
Hoy sabemos que el 11-M fue ejecutado por el grupo de Los Mártires de Marruecos, viejos conocidos del juez Garzón. Resulta inaudito, por este motivo, que el titular del Juzgado número 5 asegure categóricamente la inexistencia de conexión entre etarras e islamistas.Tenemos motivos para dudar de su imparcialidad, pues la realidad y EL MUNDO han desmentido ya su célebre frase: «Etarras e islamistas son como el agua y el aceite, nunca se mezclan».
Pero como ha ocurrido con el descubrimiento de Lavandero, tarde o temprano las mentiras proclamadas, las contradicciones habidas, las conexiones negadas, las negligencias detectadas, y aun las conspiraciones de cualquier signo, saldrán a la luz. Alguien no quiso registrar un monte en busca del zulo de los dinamiteros asturianos. Si él y algunos otros más hubieran hecho su labor con diligencia, 192 ciudadanos estarían hoy con vida y más de 1.500 personas no padecerían las secuelas de la masacre. Por eso, aunque no lo quieran, registraremos el monte en busca de la verdad. Y, a buen seguro, acabaremos por encontrarla.
11-M LA INVESTIGACION / LA OPINION / CONFIDENTES Y TRAFICO DE EXPLOSIVOS
Registraremos el monte
La impresionante irrupción de 'Lavandero' en la trama del 11-M se suma a la ya larga lista de presuntas negligencias de ciertos mandos policiales y de la Guardia Civil que deben ser investigadas
JAIME IGNACIO DEL BURGO
Impresionante la irrupción en EL MUNDO del confidente Lavandero. Resulta que la policía y la Guardia Civil, a través de este nuevo actor de la película de la gran infamia, conocían ¡desde el verano de 2001! el negocio de venta de dinamita montado por Antonio Toro y su socio, Emilio Suárez Trashorras. Y sabían el nombre de su principal cliente: ETA. Incluso, llegaron a conocer los intentos de Toro por averiguar cómo podían activarse explosivos mediante un teléfono móvil.
La trama asturiana del 11-M estaba, pues, en acción desde al menos tres años antes de la masacre. Toro presumía de tener 1.000 kilos de dinamita. Pero como en la Policía no dieron crédito a su denuncia, Lavandero decidió contarlo todo a la Guardia Civil.Tampoco tuvo fortuna, a juzgar por los resultados, pero su testimonio quedó grabado en una cinta magnetofónica que alguien dejó oculta y olvidada en el cajón de una vieja mesa de escritorio. Hasta que en la localidad asturiana de Cancienes un humilde número de la Guardia Civil decidió luchar por el honor del benemérito Cuerpo y, demostrando una enorme valentía, sacó a la luz la cinta y, con ella, los colores -y algo más- a los mandos asturianos que pasaron por la Comisión del 11-M el pasado 15 de octubre.La investigación (por ahora extrajudicial y extraparlamentaria) ha dado con esta revelación un vuelco espectacular.
Por su parte, el abogado Carlos Alberto Tejeda -cuya comparecencia ha sido reiteradamente vetada por la Comisión- nos remitió la pasada semana a los comisionados del Grupo Popular el relato de los hechos por él denunciados en su día a la Fiscalía de Asturias.A comienzos de 2002, en la cárcel de Villabona -lugar de concentración forzosa de buena parte de los implicados en el 11-M y donde podría haberse fraguado la colaboración entre los soldados de Alá y ETA- se encontraban tres presos preventivos de etnia gitana acusados de traficar con droga. Su defensor era el abogado Tejeda.
Un buen día, allá por el mes de abril de 2002, el abogado fue citado por sus clientes a una reunión en la cárcel. Pero el protagonista principal de la reunión en el locutorio de Villabona no fue ninguno de sus defendidos, sino un tal José Ignacio Fernández Díaz, alias Nayo, en prisión preventiva desde julio de 2001 bajo la acusación de traficar con drogas, armas y dinamita. «Dicha persona», relata Tejeda en referencia al Nayo, «estando presentes mis tres defendidos, me manifestó que él tenía conocimiento de la existencia de una determinada cantidad de explosivos que estaban destinados a ETA, y que dicho conocimiento provenía de haber sido intermediario en diferentes ocasiones de tales transacciones, así como de haber participado en algún transporte de armas desde Francia a España, también para ser destinadas a ETA».
El abogado, «dada la importancia de la información suministrada», se entrevistó con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el señor Valero Oltra, recientemente ascendido al cargo de jefe de la Inspección de la Fiscalía General del Estado.Este, al parecer, no echó el asunto en saco roto. Trasladó la información a la policía y quedó a la espera del resultado de las investigaciones. Dos meses más tarde, en junio de 2002, Tejeda, viendo que sus mandantes no eran puestos en libertad a pesar de su colaboración con la Justicia, volvió a conversar con el fiscal Valero Oltra: «Me dijo que, efectivamente, el señor Fernández Díaz había sido conducido por la Guardia Civil al lugar donde decía que estaban los explosivos, pero que dicho lugar se trataba de un monte y que no iban a registrar todo el monte».
Que el fiscal jefe de Asturias habló con la policía de Oviedo es cierto. En su comparecencia ante la Comisión de Investigación, el jefe superior de policía de Asturias, Juan Carretero, lo confirmó: «Fue el fiscal el que nos requirió Estoy hablando de abril o mayo de 2002». Pero no salió nada. Todo había sido, según él, «un cuento chino». Nadie creyó al Nayo.
A pesar de su primer fracaso, el Nayo no se dio por vencido.La prisión de Villabona es generosa en la producción de confidentes.En ella captó la Unidad Central Operativa (UCO) a Rafá Zouhier, aunque éste ya lo era de otra unidad de la Guardia Civil. Del vistazo al monte donde se escondían los explosivos no salió nada, pero sí otro recluta para la Guardia Civil. El Nayo, a pesar de su propensión a contar «cuentos chinos», se convirtió en confidente de la Guardia Civil. Y en febrero de 2003 volvió a la carga: denunció a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras por estar en posesión de 100 kilos de dinamita para vender. Una cantidad nada despreciable.
Casi al mismo tiempo que el Nayo, Rafá Zouhier proporcionaba una información parecida a otro cuerpo de elite de la Guardia Civil: la UCO. Toro y Suárez Trashorras tenían dinamita para vender. Se le da crédito y por eso se monta -eso dicen los informes oficiales- «un vasto y extenso operativo policial». El 27 de febrero de 2003, la UCO informa a la Comandancia de Asturias del resultado de sus pesquisas: Toro vende dinamita (150 kilos), se ha detectado su presencia en Madrid, donde intentaba colocarla al precio de un millón de pesetas o un kilo de cocaína por cada dos kilos y medio de explosivos.
Poco después, la UCO conseguiría, a través de Zouhier, una muestra de la dinamita de Toro. Pero no sirvió de nada porque, como estaba en mal estado, la destruyeron. No recriminaron a Zouhier por haberles metido una filfa. Al contrario, cuando éste preguntaba por el final de la historia, recibía siempre una respuesta tranquilizadora: «Todo está controlado».
Como en abril de 2002, «el vasto y extenso operativo policial» fracasa. De la dinamita, ni rastro. Según la versión oficial, un experimentado capitán del Instituto Armado acudió entonces a los fiscales de Avilés para pedir un «consejo» de novato: qué hacer para lograr del juez autorización para intervenir los teléfonos y registrar las propiedades de Antonio Toro y de Emilio Suárez Trashorras. Estamos ya en el verano de 2003. Los fiscales no dan importancia a una «conversación de café». A juicio del general Laguna, por aquel entonces coronel jefe de la zona de Asturias, no podían ofrecer al juez nada sustancioso. «Sólo teníamos el testimonio de dos confidentes -con Lavandero eran ya tres- que se negaban a firmar la declaración» [sic]. ¿Desde cuándo se exige una declaración firmada por los confidentes para iniciar una intervención judicial? La excusa dada por los responsables policiales es increíble. Para entonces, los asturianos se exhiben por Avilés con los «moritos» de Lavapiés a todas horas.
Sin embargo, la Fiscalía de Asturias desmiente al general Laguna.«Si hubiéramos conocido un informe como el de la UCO», dijo el fiscal Herrero», se habrían abierto diligencias». Y añadió: «Nosotros abrimos diligencias de investigación diariamente por simples denuncias de particulares sin constatar en ese momento; porque si la denuncia pone en conocimiento del fiscal hechos que pueden revestir carácter de delito, esa diligencia se abre sin más».
De todo lo anterior se desprende la existencia de responsabilidades en la UCO, en la comandancia asturiana de la Guardia Civil y en la Jefatura Superior de Policía de Asturias. «No se iba a registrar todo el monte »; «la dinamita no servía, estaba caducada »; «se inspeccionaron las minas, pero no se apreció ninguna irregularidad »; «todo era un cuento chino »; «cuando se produjeron las primeras denuncias, ni Toro ni Suárez Trashorras tenían dinamita para vender »; «nos engañaron...». Así de simple, así de trágico.
Hace algún tiempo expresé en estas mismas páginas mi confianza en la actuación judicial como «último baluarte de la verdad».Hoy tengo dudas sobre la solidez del último reducto. El secreto de sumario, impunemente vulnerado por el Gobierno o utilizado como pretexto para negar a la Comisión del 11-M documentos esenciales para la investigación, es en estos momentos un obstáculo para el conocimiento de la verdad. Tenemos derecho a saber si la investigación judicial va más allá de la determinación de la conducta delictiva de quienes fueron autores materiales o colaboradores directos de los atentados. Debemos saber cuanto antes si la Justicia -ya conocemos la negativa del Ministerio del Interior- se ocupa de desentrañar los numerosos agujeros negros de la investigación.Es decir, si investiga las actuaciones presuntamente negligentes de ciertos mandos policiales y de la Guardia Civil y si persigue el descubrimiento de los autores intelectuales de la masacre.
Hoy sabemos que el 11-M fue ejecutado por el grupo de Los Mártires de Marruecos, viejos conocidos del juez Garzón. Resulta inaudito, por este motivo, que el titular del Juzgado número 5 asegure categóricamente la inexistencia de conexión entre etarras e islamistas.Tenemos motivos para dudar de su imparcialidad, pues la realidad y EL MUNDO han desmentido ya su célebre frase: «Etarras e islamistas son como el agua y el aceite, nunca se mezclan».
Pero como ha ocurrido con el descubrimiento de Lavandero, tarde o temprano las mentiras proclamadas, las contradicciones habidas, las conexiones negadas, las negligencias detectadas, y aun las conspiraciones de cualquier signo, saldrán a la luz. Alguien no quiso registrar un monte en busca del zulo de los dinamiteros asturianos. Si él y algunos otros más hubieran hecho su labor con diligencia, 192 ciudadanos estarían hoy con vida y más de 1.500 personas no padecerían las secuelas de la masacre. Por eso, aunque no lo quieran, registraremos el monte en busca de la verdad. Y, a buen seguro, acabaremos por encontrarla.
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