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9.5.07

 

El cabo que inspeccionaba Mina Conchita asegura que en 2003 y 2004 allí sólo había Goma 2 ECO

 


09-05-07





JUICIO POR UNA MASACRE / La declaración de la cúpula de la Guardia Civil asturiana /
Día 33

El cabo que inspeccionaba Mina Conchita asegura que en 2003 y 2004 allí sólo había Goma 2 ECO

MANUEL MARRACO

La cúpula de la Guardia Civil asturiana, a la que la UCO de Félix Hernando cargó con la responsabilidad de no haber investigado el tráfico de explosivos, pasó de puntillas por estos hechos. La noticia la dio un cabo, encargado de inspeccionar la mina, que reveló que en 2003 y 2004 allí sólo había Goma 2 ECO.


MADRID.- El cabo de la Guardia Civil encargado de las inspecciones de Mina Conchita aseguró ayer que en 2003 y 2004 sólo llegó a la explotación dinamita Goma 2 ECO. En ningún caso explosivo del tipo EC, que había dejado de fabricarse años antes. La diferencia entre ambos es que el nuevo explosivo, el que sí llegaba a la mina en la fecha en la que supuestamente fue robado, no contenía DNT (dinitrotolueno), una sustancia detectada en los focos de la masacre.

Una de las posibilidades que se ha barajado para explicar ese hallazgo es que la trama asturiana también hubiera suministrado a los islamistas alguna cantidad del tipo EC. (.../...)

El cabo interventor de Armas de la Guardia Civil de la localidad de Salas hizo esta declaración tras explicar que, en una inspección de junio de 2004, en la que fue de acompañante, otros agentes encontraron cartuchos abandonados tanto de ECO como de EC. Sin embargo, en la «exhaustiva» revisión que él mismo había efectuado dos semanas después de la masacre, sólo había encontrado «un detonador medio quemado».

El guardia civil también confirmó la validez de la hipótesis que planteó en un informe de 2004: que el robo se hubiera producido «de una sisa», y no se hubiera sustraído una cantidad elevada al mismo tiempo. También afirmó que no es posible vigilar con detalle el consumo de explosivos en una mina. «El consumo real en una mina es imposible de controlar antes, ahora y después», dijo.

A preguntas de la abogada defensora de Emilio Llano, Pilar Gómez, el testigo también declaró que en el año anterior al supuesto robo no se detectaron anomalías en la mina ni «errores de ningún tipo» en los libros en los que se anotaba el consumo.

A su declaración siguió la de buena parte de la cúpula de la Guardia Civil de Asturias cuando se produjeron los atentados. En general, y a diferencia de lo que en algún caso ha quedado reflejado en el sumario, no mostraron especial voluntad de arremeter unos contra otros. Una excepción fue José Antonio Rodríguez Bolinaga, el que peor parado salió del terremoto que el robo de explosivos produjo en el Instituto Armado del Principado. El entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón, destituido por ocultar la cinta en la que ya en 2001 se advertía de la venta de explosivos, acusó a la Comandancia de Oviedo de no suministrarles los datos que originaron las sucesivas confidencias de Lavandera, Nayo y Zouhier que antes había confirmado al tribunal el jefe de la Policía Judicial de esa comandancia, Pedro Amable Marful.

En la jornada de ayer hubo varias ausencias. Algunas personales, como la del coronel Luis Antonio Búrdalo -la parte que lo propuso renunció a su declaración- y otras documentales. Entre éstas, la del informe en el que el entonces responsable de la Comandancia de Oviedo, Fernando Aldea, arremetía contra la Unidad Central Operativa (UCO) por quitarse de encima la responsabilidad de la investigación sobre los explosivos.

Nadie le preguntó por el contenido de un informe -él lo llamó borrador- en el que arremete contra las declaraciones en la Comisión de Félix Hernando y señala a la UCO como la unidad que, por competencia, debía haber seguido un asunto que afectaba a varias provincias, a una banda organizada y al tráfico de explosivos, armas y drogas.

Su entonces superior, el ya general Pedro Laguna, compareció a continuación para sacudirse de encima la responsabilidad sobre la complicada trama de confidencias, investigaciones y cruce -o ausencia- de datos entre las dos comandancias que dirigía, la de Oviedo y la de Asturias. Insistió en que su papel era casi burocrático, y que apenas intervenía cuando le pedían ayuda.

Cuando el abogado Endika Zulueta le preguntó si la UCO dejó en sus manos la investigación con la nota que les remitió en febrero de 2003, la respuesta fue: «Yo sólo sé los datos que me transmiten». Eso sí, minutos después dio a entender que la unidad de Félix Hernando seguía en la investigación cuando dijo que, en torno a junio o julio de ese año, le dijeron que no habían llegado a nada y que estaban a la espera de que la UCO les aportara «nuevos datos».

También compareció el teniente Montero, jefe de la Policía Judicial de la Comandancia de Gijón. En la misma linea de Bolinaga, acusó a la Comandancia de Oviedo de no transmitirles datos sobre la investigación. Por ejemplo, de la nota de marzo de 2003 en la que la UCO ya hablaba de 150 kilos de explosivos.

También dijo que las confidencias de Lavandera se hicieron dentro de la operación Pípol, que dirigió la Policía, por lo que ellos no pudieron sacar nada más de esa información.


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