LA UCIE TENIA LA MISMA CONSIGNA QUE LA POLICIA CIENTIFICA
4-12-06
Editorial
LA UCIE TENIA LA MISMA CONSIGNA QUE LA POLICIA CIENTIFICA
Editorial
LA UCIE TENIA LA MISMA CONSIGNA QUE LA POLICIA CIENTIFICA
El escrito presentado el pasado viernes ante las dos salas de la Audiencia Nacional que deberán juzgar el 11-M y la llamada operación Nova por el confidente Abdelkader El Farssaoui, apodado por la Policía como Cartagena, es de una gravedad extrema y debería tener consecuencias tanto judiciales como políticas.
De acuerdo con la Policía española, Cartagena logró la confianza tanto de El Tunecino como de Achraf, cabecilla de la presunta trama para volar la Audiencia, y facilitó valiosísimas informaciones sobre sus actividades. Mientras en el caso del 11-M sus muy detalladas advertencias cayeron en saco roto, en el de la operación Nova sirvieron para detener a los miembros de la red islamista.
(.../...)
Pues bien, en ambos trabajos como infiltrado, Cartagena se encontró con un inaudito obstáculo que impidió que el Estado pudiera sacar todo el fruto de su arriesgada labor: la Policía y, más concretamente la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) le «prohibió» que contara a la Justicia los datos que había obtenido sobre posibles relaciones entre esos islamistas y ETA. Ésa fue la expresa consigna que recibió la víspera de comparecer ante el juez Garzón por parte de sus controladores policiales. Los mismos que poco después le dieron instrucciones precisas para que se negara a declarar ante el juez Del Olmo, cuando éste le citó en el sumario del 11-M.
Por mucho que les pese a los diarios gubernamentales empeñados en echar tierra sobre este asunto, la manipulación policial ha sido la pauta de la instrucción sumarial de todo lo relacionado con los islamistas tras el 11-M. En concreto la obsesión por hurtar a la Justicia cualquier pista que les relacionara con ETA ha quedado ya reiteradamente acreditada. Es obvio que en la UCIE regía la misma consigna que en la Policía Científica: lo de ETA no podía figurar ni en el informe de los peritos ni en el relato de Cartagena.
En su escrito de denuncia, el confidente incluye al menos tres episodios que deberían haber sido exhaustivamente investigados por la Policía bajo control judicial. El primero es una conversación en la que participa nada menos que Said Berraj, huido clave de la trama del 11-M a quien se atribuye haber participado en la planificación del atentado y en la que se argumenta a favor de la colaboración con ETA para cometer «actos terroristas en lugares públicos» y se alega que la banda vasca podría obtener el doble beneficio de actuar a través de otros y venderles los explosivos. ¿Ocurrió eso en el 11-M?
Tampoco es baladí el hecho de que El Tunecino tuviera alquilado un piso en Bilbao y la UCIE le negara a Cartagena el permiso para aceptar compartirlo «con otros hermanos». Se trata de un nuevo lazo de los principales «suicidas de Leganés» con el País Vasco. Recuérdese que allí es donde El Chino traficaba con drogas, participaba en tiroteos y obtenía -según otro confidente, Zouhier- armas y detonadores. Tampoco conviene olvidar que Trashorras declaró a EL MUNDO que El Chino le había dicho que conocía a los etarras de Cañaveras y que así lo hizo constar durante su interrogatorio.
Y, por último, también es muy significativo que Achraf se jactara ante Cartagena de su relación con Rego Vidal -el jefe del comando que trató de matar al Rey en Mallorca- y que le mostrara los números de teléfono de una serie de etarras. Es inevitable relacionar estos datos con el hecho de que a Benesmail -el lugarteniente de Lamari cuya celda se registró en el contexto de la operación Nova- se le encontraran, además de la fórmula de la cloratita, los nombres y direcciones de tres sanguinarios etarras.
Todo este entramado de elocuentes coincidencias ha sido minimizado por la Policía y hurtado, en la mayoría de los casos, a la acción de la Justicia. Es obvio que ha existido y existe una consigna política para mantener a ETA al margen de las investigaciones, bien por temor a que aparezca algo que pueda enturbiar la interpretación del triunfo electoral del PSOE, bien para proteger el proceso de paz de esas sombras tremendas. Esto es gravísimo y la opinión pública tiene derecho a saberlo y a actuar en consecuencia.
De acuerdo con la Policía española, Cartagena logró la confianza tanto de El Tunecino como de Achraf, cabecilla de la presunta trama para volar la Audiencia, y facilitó valiosísimas informaciones sobre sus actividades. Mientras en el caso del 11-M sus muy detalladas advertencias cayeron en saco roto, en el de la operación Nova sirvieron para detener a los miembros de la red islamista.
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Pues bien, en ambos trabajos como infiltrado, Cartagena se encontró con un inaudito obstáculo que impidió que el Estado pudiera sacar todo el fruto de su arriesgada labor: la Policía y, más concretamente la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) le «prohibió» que contara a la Justicia los datos que había obtenido sobre posibles relaciones entre esos islamistas y ETA. Ésa fue la expresa consigna que recibió la víspera de comparecer ante el juez Garzón por parte de sus controladores policiales. Los mismos que poco después le dieron instrucciones precisas para que se negara a declarar ante el juez Del Olmo, cuando éste le citó en el sumario del 11-M.
Por mucho que les pese a los diarios gubernamentales empeñados en echar tierra sobre este asunto, la manipulación policial ha sido la pauta de la instrucción sumarial de todo lo relacionado con los islamistas tras el 11-M. En concreto la obsesión por hurtar a la Justicia cualquier pista que les relacionara con ETA ha quedado ya reiteradamente acreditada. Es obvio que en la UCIE regía la misma consigna que en la Policía Científica: lo de ETA no podía figurar ni en el informe de los peritos ni en el relato de Cartagena.
En su escrito de denuncia, el confidente incluye al menos tres episodios que deberían haber sido exhaustivamente investigados por la Policía bajo control judicial. El primero es una conversación en la que participa nada menos que Said Berraj, huido clave de la trama del 11-M a quien se atribuye haber participado en la planificación del atentado y en la que se argumenta a favor de la colaboración con ETA para cometer «actos terroristas en lugares públicos» y se alega que la banda vasca podría obtener el doble beneficio de actuar a través de otros y venderles los explosivos. ¿Ocurrió eso en el 11-M?
Tampoco es baladí el hecho de que El Tunecino tuviera alquilado un piso en Bilbao y la UCIE le negara a Cartagena el permiso para aceptar compartirlo «con otros hermanos». Se trata de un nuevo lazo de los principales «suicidas de Leganés» con el País Vasco. Recuérdese que allí es donde El Chino traficaba con drogas, participaba en tiroteos y obtenía -según otro confidente, Zouhier- armas y detonadores. Tampoco conviene olvidar que Trashorras declaró a EL MUNDO que El Chino le había dicho que conocía a los etarras de Cañaveras y que así lo hizo constar durante su interrogatorio.
Y, por último, también es muy significativo que Achraf se jactara ante Cartagena de su relación con Rego Vidal -el jefe del comando que trató de matar al Rey en Mallorca- y que le mostrara los números de teléfono de una serie de etarras. Es inevitable relacionar estos datos con el hecho de que a Benesmail -el lugarteniente de Lamari cuya celda se registró en el contexto de la operación Nova- se le encontraran, además de la fórmula de la cloratita, los nombres y direcciones de tres sanguinarios etarras.
Todo este entramado de elocuentes coincidencias ha sido minimizado por la Policía y hurtado, en la mayoría de los casos, a la acción de la Justicia. Es obvio que ha existido y existe una consigna política para mantener a ETA al margen de las investigaciones, bien por temor a que aparezca algo que pueda enturbiar la interpretación del triunfo electoral del PSOE, bien para proteger el proceso de paz de esas sombras tremendas. Esto es gravísimo y la opinión pública tiene derecho a saberlo y a actuar en consecuencia.
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