Bono asegura que la cúpula militar eligió el Yak-42 para ahorrar 6.000 euros

22-10-06



POLEMICA EN EL CONGRESO / El ministro abre la vía a más cambios en la cúpula militar, aunque no inminentes / Zaplana replica que también apoyó el avión el ahora director de la Guardia Civil ascendido por el PSOE

Bono asegura que la cúpula militar eligió el Yak-42 para ahorrar 6.000 euros


CARLOS SEGOVIA

MADRID.- Los familiares de las víctimas no daban crédito desde sus asientos para visitantes en el Hemiciclo. Los políticos se jaleaban e insultaban como si fuera un debate parlamentario habitual, aunque se pronunciaron constantemente en cinco impresionantes horas términos como «sangre», «muertos», «viudas» o «ataúdes».Ayer fue el primer debate en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la muerte de 62 militares españoles en el Yakovlev-42 estrellado en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
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Bono compareció para relatar lo que sabe del accidente y sostuvo que el drama se podría haber evitado si, como estaba previsto, el avión escogido hubiera sido un Tupolev 154, pero éste se cambió a última hora por ahorrar 6.000 euros. «Las consecuencias no son despreciables, con el Tupolev [que alcanza 6.600 kilómetros con el triple de carga que el Yak] hubiesen podido volar desde Manás [el aeropuerto del que procedía el avión siniestrado antes de llegar a Trebisonda] hasta España sin escalas». Según Bono «el Estado Mayor de la Defensa asegura que se cambió para ahorrar dinero ya que el contingente cabía en el avión más pequeño».Y dijo que la diferencia en el precio de uno u otro era «despreciable», de 6.000 euros (un millón de las antiguas pesetas).

Agregó que en la contratación del Yak hubo hasta cinco intermediarios -de algunos de los cuales se desconoce la comisión que se quedaron- y que en esa cadena se perdió el seguro previsto de 75.000 dólares por pasajero. Diputados del PP increparon a Bono por utilizar, en su opinión, la tragedia en interés partidista y éste llegó a decir:

Bono: «Es elocuente la falta de respeto de algunos señores diputados, pero ni Franco me calló ni me van a callar ustedes (...) algunos no quieren oír que por ganar un millón de pesetas cerraron los ojos a perder 700 millones [la cantidad perdida del seguro que ha tenido que aportar el Estado español a las víctimas]».

En otro momento del debate, el que fuera ministro de Defensa cuando ocurrió el accidente, Federico Trillo-Figueroa, ironizó con que el militar que no quiso el Tupolev ha sido precisamente ascendido por Bono como nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Trillo-Figueroa: «¿Sabe quién recomendó que no se contratara el Tupolev? Pues el entonces segundo jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general José Antonio García González, que es un magnífico militar al que ustedes han nombrado jefe del Ejército de Tierra».

El ex ministro de Defensa también subrayó que otro militar promovido por Bono, el actual secretario general de Política de Defensa, el almirante Francisco Torrente, aseguró que no había quejas sobre el Yak-42. Bono exculpó a este último, pero citó entre las medidas a tomar, la posibilidad de continuar depurando responsabilidades en la cúpula militar. «Las jefaturas del Estado Mayor Conjunto y de la División de Operaciones no hicieron adecuadamente el trabajo de programación, coordinación y seguimiento del contrato y de los vuelos que transportaban a soldados españoles y, por ello, mañana [por hoy] solicitaré autorización al Consejo de Ministros para adoptar las medidas que procedan en el ámbito de mi competencia».

El jefe del Estado Mayor Conjunto en la época era el actual segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el teniente general (ascendido a ese puesto en enero de este año) Juan Luis Ibarreta.El jefe de la división de Operaciones era el actual mando del cuartel de alta disponibilidad naval español de la OTAN, el vicealmirante José Antonio Martínez Saínz-Rozas.

Pese a que ambos fueron apuntados claramente por Bono, fuentes próximas al ministro aseguraron anoche a este diario que no serán relevados de momento. El goteo de ceses, todos militares hasta ahora, está provocando malestar en el Ejército.

Las nuevas destituciones se unirían a las ya tomadas antes del verano contra los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, responsables de los errores en las identificaciones de los cadáveres de las víctimas, y, sobre todo, de la cúpula militar. En sus réplicas a Bono, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, lamentó la arbitrariedad en las destituciones y subrayó que también apoyó el avión el entonces jefe del Mando Aéreo de Levante y director ahora de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche.

Desde ERC, PNV, IU-ICV y Grupo Mixto se exigieron responsabilidades políticas a Federico Trillo-Figueroa y, fuera del hemiciclo, el presidente de la Asociación mayoritaria de familiares, Carlos Ripollés, insistió en que están estudiando llevarle al Tribunal Supremo. La portavoz del PSOE, Carmen Sánchez, señaló que corresponde al PP depurar esta responsabilidad. Bono afirmó que su conclusión es que «no hubo mala fe» pero apuntó a posible «lucro injusto» de alguien y «falta de diligencia».

«Necesitábamos más tiempo»

En cuanto al error en 30 identificaciones de los cadáveres, Bono aseguró que uno de los médicos que intervinieron, el comandante Ramírez, le dijo en su despacho que habían recibido órdenes de apresurarse para llegar al funeral del 28 de mayo de 2003. «Hubiésemos necesitado más tiempo», Y acusó a Trillo-Figueroa de forzar la colosal equivocación.

Bono: «¿Estamos de acuerdo señor Trillo en que dio una orden de repatriación urgente de los cadáveres?», le espetó en el hemiciclo.

Trillo (negó con el brazo en el escaño)

Bono: «No está de acuerdo. Esto es lo que dijo el entonces señor ministro el 4 de junio de 2003 y está en el diario de sesiones: 'En el tanatorio de Trebisonda di las instrucciones necesarias a la delegación médica y al general Beltrán para que ultimasen el proceso de identificación de los restos y tramitasen con urgencia el regreso a España de todos ellos'».

El ministro de Defensa dijo que los responsables no cotejaron ni los anillos que llevaban los muertos. Descalificó a Beltrán por su «desvergonzada» identificación de los cadáveres y subrayó que fue enviado en 2003 a Ginebra con un sueldo de 23.000 euros al mes.

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