La Audiencia vapulea a Garzón por su «incomprensible» actuación contra los peritos
10-01-07
La Audiencia vapulea a Garzón por su «incomprensible» actuación contra los peritos
Exonera definitivamente a los policías cuyo informe fue manipulado por vincular ETA y 11-M
MARIA PERAL
La Audiencia vapulea a Garzón por su «incomprensible» actuación contra los peritos
Exonera definitivamente a los policías cuyo informe fue manipulado por vincular ETA y 11-M
MARIA PERAL
MADRID.- La Audiencia de Madrid ha ratificado la decisión de la juez Gemma Gallego de levantar la imputación que pesaba sobre los peritos de la Policía Científica Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique, acusados por el juez Garzón de un delito de falsedad documental por imprimir una copia del informe ETA/11-M. La Sala destaca la incompetencia de Garzón y califica su actuación de «incomprensible».
El juez Garzón basó la imputación de los peritos en que imprimieron el pasado julio una copia de su informe de marzo de 2005 en el que se sugería la «posibilidad» de una relación entre ETA y los atentados del 11-M. Los policías no alteraron en nada el documento, sino que se limitaron a entregar una copia del mismo a sus superiores a la vista de que su dictamen original había desaparecido.
(.../...)
Escribano, López y Manrique fueron los encargados de analizar la sustancia hallada en la vivienda de un procesado por el 11-M (Hassan Haski), que resultó ser 1,3 kilos de ácido bórico. En relación con hechos terroristas, esa misma sustancia sólo había sido encontrada en un piso de ETA y en la casa de un radical antisistema acusado de volar cajeros automáticos, precedentes que los peritos consignaron como Observaciones del informe.
Antes de su remisión al juez Del Olmo, instructor del 11-M, los superiores de Escribano alteraron el informe inicial para suprimir la referencia a ETA.
Sin embargo, Garzón exculpó a los responsables de la manipulación del informe y declaró imputados a Escribano y sus dos compañeros.
La imputación de los peritos fue anulada por la magistrada Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, tras hacerse cargo del proceso sobre la falsificación del denominado informe ETA/11-M. Pero su decisión fue recurrida ante la Audiencia de Madrid por la Abogacía del Estado y la asociación de abogados Adade, personada en las diligencias.
La Audiencia ha rechazado ambos recursos, lo que supone el primer varapalo a la actuación que está teniendo en este asunto la defensa de la Administración, cuya impugnación «carece de fundamento», afirman los magistrados de la Sección Tercera.
La resolución de la Audiencia es especialmente crítica con la actuación de Garzón y especialmente favorable a los peritos, respecto a los que se precisa que su exoneración reviste la trascendencia de sobreseimiento libre (por inexistencia de delito) y no meramente provisional (supuesto en el que la causa podría ser reabierta).
En cambio, para la Audiencia resulta «llamativo» que se solicite la anulación de las declaraciones que los peritos prestaron ante la juez Gallego en calidad de testigos, «siendo así que el auto de 29 de septiembre de 2006 [en el que Garzón les declaró imputados] estaría dictado por quien carecía de competencia objetiva» para investigar este asunto. Los magistrados recuerdan, a este respecto, las decisiones de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional en las que reiteró que los juzgados centrales no eran competentes.
La Audiencia indica que, «con abstracción de su falta de competencia», lo decidido por Garzón no podía condicionar la actuación de la juez Gallego, sobre todo cuando no existe entre ellos una relación jerárquica.
Además, para la Sala resulta «incomprensible» que Garzón acordara diligencias como la realización de numerosos informes periciales sobre la virtualidad del ácido bórico como componente explosivo, cuando esto no lo afirmaban los peritos en el informe alterado por sus jefes.
La Audiencia, que destaca que la resolución de Garzón «dedica su mayor extensión no a explicar las razones para no ampliar la imputación contra Haski y sí a valorar como plenamente correcta la actuación de los responsables de la Comisaría General de Policía Científica», afirma que «está acreditado» que en los hechos mencionados en las Observaciones se encontró ácido bórico, «y en ningún pasaje de las mismas se afirma que el ácido bórico sirva, se utilice o intervenga de algún modo en la fabricación de explosivos».
«La posibilidad, que no otra cosa se señala en las Observaciones, de vinculación o identidad de los autores de los diversos hechos en los que se intervino ácido bórico, podrá calificarse de elucubración, de falta de rigor, de no ajustarse a las exigencias técnicas de un peritaje, de incumplir los estándares de calidad exigidos. Pero ello no permite afirmar que se faltó a la verdad en la narración de los hechos ni por lo que se refiere al dictamen como documento ni como posible prueba pericial que no llegó a emitirse formalmente», concluye.
El juez Garzón basó la imputación de los peritos en que imprimieron el pasado julio una copia de su informe de marzo de 2005 en el que se sugería la «posibilidad» de una relación entre ETA y los atentados del 11-M. Los policías no alteraron en nada el documento, sino que se limitaron a entregar una copia del mismo a sus superiores a la vista de que su dictamen original había desaparecido.
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Escribano, López y Manrique fueron los encargados de analizar la sustancia hallada en la vivienda de un procesado por el 11-M (Hassan Haski), que resultó ser 1,3 kilos de ácido bórico. En relación con hechos terroristas, esa misma sustancia sólo había sido encontrada en un piso de ETA y en la casa de un radical antisistema acusado de volar cajeros automáticos, precedentes que los peritos consignaron como Observaciones del informe.
Antes de su remisión al juez Del Olmo, instructor del 11-M, los superiores de Escribano alteraron el informe inicial para suprimir la referencia a ETA.
Sin embargo, Garzón exculpó a los responsables de la manipulación del informe y declaró imputados a Escribano y sus dos compañeros.
La imputación de los peritos fue anulada por la magistrada Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, tras hacerse cargo del proceso sobre la falsificación del denominado informe ETA/11-M. Pero su decisión fue recurrida ante la Audiencia de Madrid por la Abogacía del Estado y la asociación de abogados Adade, personada en las diligencias.
La Audiencia ha rechazado ambos recursos, lo que supone el primer varapalo a la actuación que está teniendo en este asunto la defensa de la Administración, cuya impugnación «carece de fundamento», afirman los magistrados de la Sección Tercera.
La resolución de la Audiencia es especialmente crítica con la actuación de Garzón y especialmente favorable a los peritos, respecto a los que se precisa que su exoneración reviste la trascendencia de sobreseimiento libre (por inexistencia de delito) y no meramente provisional (supuesto en el que la causa podría ser reabierta).
En cambio, para la Audiencia resulta «llamativo» que se solicite la anulación de las declaraciones que los peritos prestaron ante la juez Gallego en calidad de testigos, «siendo así que el auto de 29 de septiembre de 2006 [en el que Garzón les declaró imputados] estaría dictado por quien carecía de competencia objetiva» para investigar este asunto. Los magistrados recuerdan, a este respecto, las decisiones de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional en las que reiteró que los juzgados centrales no eran competentes.
La Audiencia indica que, «con abstracción de su falta de competencia», lo decidido por Garzón no podía condicionar la actuación de la juez Gallego, sobre todo cuando no existe entre ellos una relación jerárquica.
Además, para la Sala resulta «incomprensible» que Garzón acordara diligencias como la realización de numerosos informes periciales sobre la virtualidad del ácido bórico como componente explosivo, cuando esto no lo afirmaban los peritos en el informe alterado por sus jefes.
La Audiencia, que destaca que la resolución de Garzón «dedica su mayor extensión no a explicar las razones para no ampliar la imputación contra Haski y sí a valorar como plenamente correcta la actuación de los responsables de la Comisaría General de Policía Científica», afirma que «está acreditado» que en los hechos mencionados en las Observaciones se encontró ácido bórico, «y en ningún pasaje de las mismas se afirma que el ácido bórico sirva, se utilice o intervenga de algún modo en la fabricación de explosivos».
«La posibilidad, que no otra cosa se señala en las Observaciones, de vinculación o identidad de los autores de los diversos hechos en los que se intervino ácido bórico, podrá calificarse de elucubración, de falta de rigor, de no ajustarse a las exigencias técnicas de un peritaje, de incumplir los estándares de calidad exigidos. Pero ello no permite afirmar que se faltó a la verdad en la narración de los hechos ni por lo que se refiere al dictamen como documento ni como posible prueba pericial que no llegó a emitirse formalmente», concluye.
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