Las líneas rojas que nunca debieron ser traspasadas
28-02-07
TRIBUNA LIBRE
Las líneas rojas que nunca debieron ser traspasadas
ROSA DIEZ
TRIBUNA LIBRE
Las líneas rojas que nunca debieron ser traspasadas
ROSA DIEZ
Hace mucho tiempo que empezamos a hablar de dónde debiéramos situar las líneas rojas; esas líneas que bajo ningún concepto ni apelando a ningún objetivo pueden ser traspasadas en democracia. Esas líneas que marcan la diferencia entre el honor, el deber y el cálculo, la política y la demoscopia, el uso del poder o el ejercicio de la responsabilidad.
La primera vez que leí una entrevista del secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, en Gara, en la que no descartaba una alianza poselectoral con Batasuna -o su nueva marca-, escribí un artículo titulado Lo más sagrado. Era noviembre de 2005; muchos dirigentes del PSOE afearon mi denuncia; nadie se ocupó de estudiar los hechos denunciados: el inicio de una deriva de los dirigentes del partido que les ha llevado, indefectiblemente, a identificar, pública e institucionalmente, el sufrimiento de las víctimas con el de sus verdugos.
(.../...)
Decía López en aquella entrevista que «si todos los vascos nos ponemos de acuerdo, no habrá muros de contención insalvables», haciendo suyo el lenguaje acuñado por los nacionalistas, así como su filosofía. Como si la democracia no fuera una suerte de reglas, de «muros», establecidos precisamente para poner coto a las reivindicaciones ilegítimas de individuos o de colectivos. El típico «qué hay de malo en ello», tantas veces reiterado por el lehendakari Ibarretxe para defender su plan exclusivista, había sido incorporado al lenguaje socialista.
En esa entrevista, López fue preguntado sobre futuros acuerdos de Gobierno, incluso con Batasuna. Su respuesta fue: «Democracia es, entre otras cosas, libertad de pactos. Que cada cual lo interprete como quiera...». Nadie desde la dirección del PSOE desautorizó formalmente sus palabras. Yo pensé entonces -y lo denuncié- que estábamos traspasando una de las líneas rojas.
Tres meses después, en febrero de 2006, José Antonio Pastor, portavoz de los socialistas en el Parlamento Vasco, concedió una entrevista al mismo diario proetarra. Siguiendo la senda de su jefe, avanzó algunas posiciones -me parecieron tan graves algunas de sus aseveraciones, que me vi obligada a escribir una Carta abierta al presidente del Gobierno-.
En aquella entrevista, Pastor respondía a una pregunta sobre las posibles medidas de flexibilización en la situación de los presos de esta manera: «La situación política vasca tiene dos momentos importantes: uno, el momento en el que se puede iniciar el proceso de paz, pero, evidentemente, hay un día después. Y ese día después, ese proceso de reconciliación, no va a ser fácil, necesita del concurso de las más de 1.000 víctimas del terrorismo y necesita también de ejercicios de generosidad y de flexibilidad por parte de todos. Hay que atender el criterio de las víctimas, que básicamente piden que se les reconozca el daño causado y se les pida perdón; pero, por otra parte, también hay que pedirles una cierta dosis de generosidad a ambos sectores que, si se quiere, los personalizaremos en las víctimas y en los presos de la banda terrorista ETA, que, de una forma u otra, en función de las circunstancias de cada uno y a lo largo del tiempo, deberán de ir reintegrándose con cierta normalidad a la vida política. Claro que es muy difícil conjugar dos mundos que han estado tan apartados y en el que unos han sido víctimas y otros básicamente verdugos, y eso va a exigir muchas dosis de diplomacia, generosidad, mano izquierda y sentido común. Es cierto que a las víctimas hay que escucharlas y tenerlas en cuenta a la hora de aplicar estas políticas, pero no pueden convertirse en un agente político activo en un proceso de paz; no lo han sido en ningún proceso del mundo».
Era la primera vez, que yo recuerde, que un dirigente del Partido Socialista equiparaba públicamente a las víctimas con los verdugos; la primera vez en que se pedía «generosidad» a las víctimas, como si ellas tuvieran parte de la responsabilidad de ser lo que son: víctimas del terror; era la primera vez que un dirigente socialista se atrevía a decir que «en esos dos mundos que han estado tan apartados» -como si la culpa de estar apartados los terroristas y sus víctimas fuera achacable por igual a unos y a otras-, unos «han sido víctimas y otros básicamente verdugos».
Pensé entonces que estábamos traspasando una de las líneas rojas. La única respuesta de la dirección del PSOE a mi denuncia fue mi destitución fulminante de la Comisión de Libertades. Nadie vio nada democráticamente anómalo en los hechos denunciados.
Después vendría un documento del Comité Nacional del PSE en el que se denomina a los asesinos como «aquéllos que la Justicia determinó que eran los asesinos», mientras que las víctimas pasan a ser «quienes tienen la consideración de víctimas». También eso nos hizo pensar que habíamos traspasado las líneas rojas de la decencia y de la dignidad. Pero nadie hizo nada; y el proceso de degeneración democrática siguió su curso.
Y como era de esperar en este ambiente de relativismo absoluto, de oscuridad y de confusión, en el que el enemigo de los socialistas parece ser el Partido Popular y el adversario es Batasuna, se ha culminado el despropósito, proclamando en el Parlamento Vasco el derecho de los presos terroristas a recibir ayudas públicas. «Nos parece un derecho que se mantengan y se hagan cumplir esas ayudas», dijo el portavoz del PSE, modificando la posición histórica del partido que siempre había sostenido -la última vez, en diciembre de 2007, cuando apoyó los presupuestos de Ibarretxe pero se «opuso» a esa partida-: que las ayudas a terroristas no eran un derecho, sino «una opción política».
Para arreglarlo, solicitó ayudas también para «los amenazados que necesiten un respiro en otra comunidad autónoma e, incluso, a quienes han resultado damnificados por ETA y viven ahora en otros lugares de España». Obsérvese el lenguaje: «quienes tienen la consideración de víctimas», según el documento del Comité Nacional, son ya damnificados. «Hemos reconocido que sufren los familiares de las víctimas del terrorismo y que sufren los asesinos y las madres...», siguió diciendo el portavoz. Y matizó después, para terminar de arreglarlo: «aunque no es lo mismo la cárcel que el cementerio...».
Esa actitud de equidistancia, ese posibilismo, esa equiparación entre víctimas y verdugos que empezó a vislumbrarse cuando López no descartó tajantemente la posibilidad de gobernar con nuestros asesinos, está llevando al Partido Socialista a situarse al otro lado de la raya. Esa raya que separa a los demócratas de los totalitarios; esa raya que niega cualquier causa que justifique el terror; esa raya que proclama que la inocencia de las víctimas es intocable; esa raya que establece la diferencia insalvable y radical entre víctimas y verdugos: las primeras todas inocentes, los segundos, todos culpables.
Hemos traspasado la raya roja. Y me pregunto, con todo dolor y llena de incertidumbre, si quienes hasta ahora nos hemos limitado a denunciarlo -algunos, pocos, en público; muchos, en privado- no podemos hacer algo más que lo que hacemos para evitar esta degeneración, esta regresión moral y ética que se está produciendo. Me pregunto si no ha llegado ya la hora de que demos un paso adelante.
Rosa Díez es diputada socialista en el Parlamento Europeo.
La primera vez que leí una entrevista del secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, en Gara, en la que no descartaba una alianza poselectoral con Batasuna -o su nueva marca-, escribí un artículo titulado Lo más sagrado. Era noviembre de 2005; muchos dirigentes del PSOE afearon mi denuncia; nadie se ocupó de estudiar los hechos denunciados: el inicio de una deriva de los dirigentes del partido que les ha llevado, indefectiblemente, a identificar, pública e institucionalmente, el sufrimiento de las víctimas con el de sus verdugos.
(.../...)
Decía López en aquella entrevista que «si todos los vascos nos ponemos de acuerdo, no habrá muros de contención insalvables», haciendo suyo el lenguaje acuñado por los nacionalistas, así como su filosofía. Como si la democracia no fuera una suerte de reglas, de «muros», establecidos precisamente para poner coto a las reivindicaciones ilegítimas de individuos o de colectivos. El típico «qué hay de malo en ello», tantas veces reiterado por el lehendakari Ibarretxe para defender su plan exclusivista, había sido incorporado al lenguaje socialista.
En esa entrevista, López fue preguntado sobre futuros acuerdos de Gobierno, incluso con Batasuna. Su respuesta fue: «Democracia es, entre otras cosas, libertad de pactos. Que cada cual lo interprete como quiera...». Nadie desde la dirección del PSOE desautorizó formalmente sus palabras. Yo pensé entonces -y lo denuncié- que estábamos traspasando una de las líneas rojas.
Tres meses después, en febrero de 2006, José Antonio Pastor, portavoz de los socialistas en el Parlamento Vasco, concedió una entrevista al mismo diario proetarra. Siguiendo la senda de su jefe, avanzó algunas posiciones -me parecieron tan graves algunas de sus aseveraciones, que me vi obligada a escribir una Carta abierta al presidente del Gobierno-.
En aquella entrevista, Pastor respondía a una pregunta sobre las posibles medidas de flexibilización en la situación de los presos de esta manera: «La situación política vasca tiene dos momentos importantes: uno, el momento en el que se puede iniciar el proceso de paz, pero, evidentemente, hay un día después. Y ese día después, ese proceso de reconciliación, no va a ser fácil, necesita del concurso de las más de 1.000 víctimas del terrorismo y necesita también de ejercicios de generosidad y de flexibilidad por parte de todos. Hay que atender el criterio de las víctimas, que básicamente piden que se les reconozca el daño causado y se les pida perdón; pero, por otra parte, también hay que pedirles una cierta dosis de generosidad a ambos sectores que, si se quiere, los personalizaremos en las víctimas y en los presos de la banda terrorista ETA, que, de una forma u otra, en función de las circunstancias de cada uno y a lo largo del tiempo, deberán de ir reintegrándose con cierta normalidad a la vida política. Claro que es muy difícil conjugar dos mundos que han estado tan apartados y en el que unos han sido víctimas y otros básicamente verdugos, y eso va a exigir muchas dosis de diplomacia, generosidad, mano izquierda y sentido común. Es cierto que a las víctimas hay que escucharlas y tenerlas en cuenta a la hora de aplicar estas políticas, pero no pueden convertirse en un agente político activo en un proceso de paz; no lo han sido en ningún proceso del mundo».
Era la primera vez, que yo recuerde, que un dirigente del Partido Socialista equiparaba públicamente a las víctimas con los verdugos; la primera vez en que se pedía «generosidad» a las víctimas, como si ellas tuvieran parte de la responsabilidad de ser lo que son: víctimas del terror; era la primera vez que un dirigente socialista se atrevía a decir que «en esos dos mundos que han estado tan apartados» -como si la culpa de estar apartados los terroristas y sus víctimas fuera achacable por igual a unos y a otras-, unos «han sido víctimas y otros básicamente verdugos».
Pensé entonces que estábamos traspasando una de las líneas rojas. La única respuesta de la dirección del PSOE a mi denuncia fue mi destitución fulminante de la Comisión de Libertades. Nadie vio nada democráticamente anómalo en los hechos denunciados.
Después vendría un documento del Comité Nacional del PSE en el que se denomina a los asesinos como «aquéllos que la Justicia determinó que eran los asesinos», mientras que las víctimas pasan a ser «quienes tienen la consideración de víctimas». También eso nos hizo pensar que habíamos traspasado las líneas rojas de la decencia y de la dignidad. Pero nadie hizo nada; y el proceso de degeneración democrática siguió su curso.
Y como era de esperar en este ambiente de relativismo absoluto, de oscuridad y de confusión, en el que el enemigo de los socialistas parece ser el Partido Popular y el adversario es Batasuna, se ha culminado el despropósito, proclamando en el Parlamento Vasco el derecho de los presos terroristas a recibir ayudas públicas. «Nos parece un derecho que se mantengan y se hagan cumplir esas ayudas», dijo el portavoz del PSE, modificando la posición histórica del partido que siempre había sostenido -la última vez, en diciembre de 2007, cuando apoyó los presupuestos de Ibarretxe pero se «opuso» a esa partida-: que las ayudas a terroristas no eran un derecho, sino «una opción política».
Para arreglarlo, solicitó ayudas también para «los amenazados que necesiten un respiro en otra comunidad autónoma e, incluso, a quienes han resultado damnificados por ETA y viven ahora en otros lugares de España». Obsérvese el lenguaje: «quienes tienen la consideración de víctimas», según el documento del Comité Nacional, son ya damnificados. «Hemos reconocido que sufren los familiares de las víctimas del terrorismo y que sufren los asesinos y las madres...», siguió diciendo el portavoz. Y matizó después, para terminar de arreglarlo: «aunque no es lo mismo la cárcel que el cementerio...».
Esa actitud de equidistancia, ese posibilismo, esa equiparación entre víctimas y verdugos que empezó a vislumbrarse cuando López no descartó tajantemente la posibilidad de gobernar con nuestros asesinos, está llevando al Partido Socialista a situarse al otro lado de la raya. Esa raya que separa a los demócratas de los totalitarios; esa raya que niega cualquier causa que justifique el terror; esa raya que proclama que la inocencia de las víctimas es intocable; esa raya que establece la diferencia insalvable y radical entre víctimas y verdugos: las primeras todas inocentes, los segundos, todos culpables.
Hemos traspasado la raya roja. Y me pregunto, con todo dolor y llena de incertidumbre, si quienes hasta ahora nos hemos limitado a denunciarlo -algunos, pocos, en público; muchos, en privado- no podemos hacer algo más que lo que hacemos para evitar esta degeneración, esta regresión moral y ética que se está produciendo. Me pregunto si no ha llegado ya la hora de que demos un paso adelante.
Rosa Díez es diputada socialista en el Parlamento Europeo.
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