Trashorras dice que denunció a policías de Oviedo que 'El Chino' quería dinamita
01-03-07
Juicio del 11-M / Día 8
Trashorras dice que denunció a policías de Oviedo que 'El Chino' quería dinamita
MANUEL MARRACO
Juicio del 11-M / Día 8
Trashorras dice que denunció a policías de Oviedo que 'El Chino' quería dinamita
MANUEL MARRACO
MADRID.- Emilio Suárez Trashorras se sumó ayer a la lista abierta por su predecesor en el banquillo, Rafá Zouhier, de confidentes de las Fuerzas de Seguridad que avisaron sobre los explosivos.
El ex minero asturiano aseguró que a finales de 2003 mantuvo un encuentro, en Oviedo, con agentes de la Policía para tratar, exclusivamente, del tráfico de explosivos. Según la versión ofrecida ayer en el juicio, les comunicó que Jamal Ahmidan, El Chino, y el confidente Rafá Zouhier le habían pedido explosivos. El ex minero acudió a la mencionada reunión acompañando al entonces jefe de Estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, Manolón, de quien era confidente.
(.../...)
Con las declaraciones de Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro y su hermana Carmen, el tribunal entró de lleno ayer a analizar la implicación de la trama asturiana en la masacre. Está previsto que hoy concluyan las declaraciones de todos los procesados y que el lunes comience el turno de los testigos
Pero no sólo le informó a él. «Entre los últimos días de octubre y primeros de noviembre de 2003, aparte de con Manuel hubo una reunión con los agentes de la Brigada de Oviedo que estaban investigando el tema exclusivo de tráfico de explosivos», dijo Trashorras. «Me vinieron a preguntar exclusivamente de explosivos, no se habló nada de droga en aquella reunión. Estaba el inspector Manuel García Rodríguez y el inspector de Oviedo. Se habló de explosivos nada más y se transmitió la información que había sobre Jamal Ahmidan y Rafá Zouhier», añadió.
«Todo lo relacionado con Jamal», insistió Trashorras, lo puso en conocimiento de la Policía, en concreto de Manolón. «¿Antes y después?», le preguntaron. «Antes, durante y después», respondió.
A petición de su abogado, Gerardo Turiel, Trashorras amplió detalles de su actividad como confidente, que arrancó en 2001, con la operación Pípol. El primer acuerdo consistió en informar sobre Nayo -detenido en aquella operación- a cambio de que Manolón intercediese para sacar de prisión a Antonio Toro.
Su abogado sacó a relucir una llamada entre el inspector y el procesado desde Canarias, donde Trashorras pasaba la luna de miel. Faltaba menos de un mes para el 11-M. «Primero me llamó él para pedirme un teléfono, y le dije que estaba en la agenda. Luego le llamé yo para decirle que había quedado con el moro para saber donde vivía. Manolón me dijo que vale, que me informara y que fuera hasta allí». El moro era El Chino y el lugar, la casa de Morata de Tajuña donde supuestamente se montaron las mochilas bomba. Trashorras insistió en que, como se puede comprobar en los informes policiales, la llamada a Manolón se produjo «al minuto siguiente» de hablar con El Chino.
El ex minero añadió que llegó a entregar a la Policía una agenda en la que constaban, entre otros, los teléfonos del suicida y de Zouhier.
Cuando su letrado quiso precisar si informaba «de todo» a Manolón, Trashorras puso un ejemplo para demostrar que así era: que inmediatamente después de recibir la primera llamada de Jamal, llamó al inspector.
A continuación, su abogado resumió en la siguiente pregunta el mensaje que quería enviar al tribunal: «¿O sea, que seguía las órdenes de la Policía de pe a pa?».
Al igual que sucedió en el interrogatorio del fiscal, Trashorras insistió en que nunca tuvo razones para tomar por islamista a El Chino. «Llevaba una forma de vida occidental. Jamás lo vi rezar ni me habló de mezquitas», dijo. Tampoco tuvo nunca una pista del destino que el suicida quería dar a la dinamita.
Las negociaciones con las Fuerzas de Seguridad prosiguieron tras los atentados. El asturiano dijo ayer que se sentía traicionado tanto por Manolón como por el juez Juan del Olmo, que, según su versión, le hizo creer que sería testigo protegido.
A preguntas del abogado de Jamal Zougam, Trashorras concretó lo que le pedían. «¿Es cierto, como dijo en EL MUNDO, que le propusieron inculpar a Zougam a cambio de dinero o de nombrarle testigo protegido?», preguntó José Luis Abascal. «Sí». «¿Quién se lo propuso?». «El CNI y el comisario que estaba en Avilés».
Minutos antes, a preguntas del letrado de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, José María de Pablo, explicó que la Policía le había pedido que ofreciera datos falsos al juez. «Me dijeron el tipo de declaración que tenía que hacer para involucrar a los moros, y que mi mujer y yo saldríamos como testigos protegidos, que entonces no habría ningún problema y que no entraría en la cárcel», expuso.
Siguiendo la jerarquía establecida por la fiscal Olga Sánchez en su escrito de acusación, el siguiente miembro de la trama asturiana en declarar fue Antonio Toro. El Ministerio Público no le atribuye la autoría de los atentados, como a Trashorras, pero sí colaborar con la célula, traficar con explosivos y dirigir una asociación ilegal. En total, 23 años de cárcel que no bastaron para sacar al hermético Toro de su tono tranquilo.
En su declaración, el asturiano marcó distancias tanto con la dinamita como con su ex cuñado, con el que mantiene una pésima relación desde que se enteró de dos cosas: que era confidente -«ni he colaborado, ni colaboro, ni colaboraré», dijo ayer Toro- y que le faltaba al respeto a su hermana. «Cuando me enteré de que se iban a casar, dejé de hablar con él».
Pese a las diferencias personales, sí coincidió en parte con Trashorras al señalar quién andaba interesado en la dinamita. No habló de El Chino Ahmidan, pero sí de Zouhier. Según su relato, cuando volvieron a verse tras coincidir en prisión, el marroquí se mostró interesado en adquirir explosivos.
Toro se limitó a darle el nombre de su cuñado. «Zouhier me preguntó a finales de verano de 2003. Yo le dije: 'No sé nada de eso, pero en el caso de que alguien te pueda ayudar con ese tema, tienes que llamar a Emilio'». «¿Por qué a Emilio?», preguntó la fiscal. «Por pura deducción: explosivos-minero; minero-explosivos. Nunca dije que Emilio podría obtenerlos fácilmente».
De explosivos no sabía más, insistió. Ni siquiera había estado en una mina. En un arranque de humor -aunque el tono siguió serio-, Toro acabó respondiendo a la enésima pregunta sobre la dinamita: «Lo único que sé que puede encontrar en abundancia en Asturias es sidra. De lo demás no sé».
Al igual que había hecho minutos antes su ex cuñado, Toro alegó que todas las negociaciones con El Chino trataban de hachís. Nunca oyó hablar de explosivos. «Yo sólo me dedico a la compraventa de hachís».
Toro se declaró inocente hasta de lo que ya es culpable: de tráfico de exlosivos, según la sentencia -eso sí, recurrida- de la operación Pípol. Mantuvo que sigue sin tener ni idea de dónde salieron los cartuchos de dinamita por los que está en prisión.
También negó haber preguntado en 2001 al colaborador policial Francisco Javier Lavandera si conocía a alguien que supiera montar «bombas con móviles», como comunicó el propio Lavandera a la Guardia Civil asturiana. A diferencia de Trashorras, Toro negó que la Policía le hubiera dado intrucciones sobre lo que debía declarar ante el juez.
Carmen Toro siguió a su hermano ante el micrófono. Sólo respondió a su defensa y a la de Antonio. Comenzó declarándose inocente y «confundida» por su detención y la de su ya ex marido. «Y, actualmente, ¿qué siente?», preguntó su abogada. «Estoy confundida, la verdad, sigo pensando que... no sé, me queda esa pequeña fe de que él no ha hecho nada nunca». Esa esperanza no le impidió mostrarse enfadada por lo que ha ido sabiendo de su marido. «Que disfrutaba con otras mujeres... pues que vengan ellas aquí», dijo.
La única mujer
Carmen es la única mujer procesada. La Fiscalía pide para ella la condena más baja: cuatro años por tráfico de explosivos. A diferencia de otros miembros de la trama asturiana, la fiscal no considera que formara parte de la organización ilícita en la que se encuadra a su ex marido y a su hermano.
Carmen Toro negó tener conocimiento del presunto tráfico de explosivos. A su marido sólo le conocía trapicheos de hachís, dijo. Aun así, su declaración no favoreció a Trashorras, puesto que dejó abierta la posibilidad de que traficase con explosivos a sus espaldas. «No sé lo que hacía mi marido mientras yo trabajaba».
Además, aseguró que nunca llamó por teléfono a otros procesados, lo que automáticamente atribuye a Trashorras todas las comunicaciones detectadas a la pareja. Tampoco habló nunca, según su versión, con el policía Manolón.
Respecto a la reunión en un McDonald's en la que se encontraron Trashorras y El Chino, dijo que ella se sentó aparte. «Nó escuché nada», aseguró.
El último en comparecer en la octava jornada de juicio fue Raúl González Peláez, El Rulo, que se negó a responder a las acusaciones. La jornada de hoy se reanudará con las respuestas a su propio abogado. La Fiscalía pide para el ex trabajador de Mina Conchita ocho años de prisión por tráfico de explosivos y asociación ilícita. Según el escrito de acusación, fue quien facilitó a Trashorras la dinamita que acabó en manos de los terroristas.
La intención del tribunal es concluir hoy con las declaraciones de los procesados. Además, está citado el primero de los más de 600 testigos que pasarán por la Casa de Campo. Se trata del comisario jefe que ha actuado como instructor principal de las investigaciones del 11-M, por lo que se prevé que su declaración sea muy extensa. El inspector pertenece a la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), especializada en terrorismo islamista.
ORDEN EN LA SALA
ZOUHIER, REINCIDENTE
El presidente del tribunal que juzga el 11-M, Javier Gómez Bermúdez, expulsó ayer por segunda vez del habitáculo blindado al acusado Rafá Zouhier.
El juez adoptó esta decisión cuando el abogado de Rachid Aglif, Andreas Chalaris, interrogaba al ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras.
El pasado 21 de febrero, Gómez Bermúdez ya expulsó a Zouhier, porque dijo estar «harto de sus gestos», cuando su abogado, Antonio Alberca, interrogaba al propio Aglif, informa Efe.
Unos días antes de expulsarle por primera vez, el presidente ya había tenido que ordenar a Zouhier, para quien la fiscal pide 20 años de cárcel, que se sentara en el primer banco de la sala blindada y que se situaran diversos agentes de Policía entre el público para evitar que se produjeran tensiones entre los acusados y las víctimas.
EL PRIMER TESTIGO, DE ESPALDAS
Los cuatro primeros testigos que comparecerán ante el tribunal que juzga los atentados del 11-M son cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según el guión presentado por la Fiscalía. El primero será el instructor jefe de las diligencias policiales del atentado. Según la evolución del juicio, podría empezar a declarar en la tarde de hoy, una vez que hayan concluido todos los procesados.
Por motivos de seguridad, no se revelará el nombre y sólo se dará a conocer el número de agente, la categoría y el Cuerpo al que pertenece. Los testigos serán enfocados de espaldas por la cámara para preservar su identidad, informa Servimedia.
Aún falta que el tribunal decida si los procesados estarán en la sala en el momento en que declaren los testigos.
El ex minero asturiano aseguró que a finales de 2003 mantuvo un encuentro, en Oviedo, con agentes de la Policía para tratar, exclusivamente, del tráfico de explosivos. Según la versión ofrecida ayer en el juicio, les comunicó que Jamal Ahmidan, El Chino, y el confidente Rafá Zouhier le habían pedido explosivos. El ex minero acudió a la mencionada reunión acompañando al entonces jefe de Estupefacientes de la comisaría de Avilés, Manuel García Rodríguez, Manolón, de quien era confidente.
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Con las declaraciones de Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro y su hermana Carmen, el tribunal entró de lleno ayer a analizar la implicación de la trama asturiana en la masacre. Está previsto que hoy concluyan las declaraciones de todos los procesados y que el lunes comience el turno de los testigos
Pero no sólo le informó a él. «Entre los últimos días de octubre y primeros de noviembre de 2003, aparte de con Manuel hubo una reunión con los agentes de la Brigada de Oviedo que estaban investigando el tema exclusivo de tráfico de explosivos», dijo Trashorras. «Me vinieron a preguntar exclusivamente de explosivos, no se habló nada de droga en aquella reunión. Estaba el inspector Manuel García Rodríguez y el inspector de Oviedo. Se habló de explosivos nada más y se transmitió la información que había sobre Jamal Ahmidan y Rafá Zouhier», añadió.
«Todo lo relacionado con Jamal», insistió Trashorras, lo puso en conocimiento de la Policía, en concreto de Manolón. «¿Antes y después?», le preguntaron. «Antes, durante y después», respondió.
A petición de su abogado, Gerardo Turiel, Trashorras amplió detalles de su actividad como confidente, que arrancó en 2001, con la operación Pípol. El primer acuerdo consistió en informar sobre Nayo -detenido en aquella operación- a cambio de que Manolón intercediese para sacar de prisión a Antonio Toro.
Su abogado sacó a relucir una llamada entre el inspector y el procesado desde Canarias, donde Trashorras pasaba la luna de miel. Faltaba menos de un mes para el 11-M. «Primero me llamó él para pedirme un teléfono, y le dije que estaba en la agenda. Luego le llamé yo para decirle que había quedado con el moro para saber donde vivía. Manolón me dijo que vale, que me informara y que fuera hasta allí». El moro era El Chino y el lugar, la casa de Morata de Tajuña donde supuestamente se montaron las mochilas bomba. Trashorras insistió en que, como se puede comprobar en los informes policiales, la llamada a Manolón se produjo «al minuto siguiente» de hablar con El Chino.
El ex minero añadió que llegó a entregar a la Policía una agenda en la que constaban, entre otros, los teléfonos del suicida y de Zouhier.
Cuando su letrado quiso precisar si informaba «de todo» a Manolón, Trashorras puso un ejemplo para demostrar que así era: que inmediatamente después de recibir la primera llamada de Jamal, llamó al inspector.
A continuación, su abogado resumió en la siguiente pregunta el mensaje que quería enviar al tribunal: «¿O sea, que seguía las órdenes de la Policía de pe a pa?».
Al igual que sucedió en el interrogatorio del fiscal, Trashorras insistió en que nunca tuvo razones para tomar por islamista a El Chino. «Llevaba una forma de vida occidental. Jamás lo vi rezar ni me habló de mezquitas», dijo. Tampoco tuvo nunca una pista del destino que el suicida quería dar a la dinamita.
Las negociaciones con las Fuerzas de Seguridad prosiguieron tras los atentados. El asturiano dijo ayer que se sentía traicionado tanto por Manolón como por el juez Juan del Olmo, que, según su versión, le hizo creer que sería testigo protegido.
A preguntas del abogado de Jamal Zougam, Trashorras concretó lo que le pedían. «¿Es cierto, como dijo en EL MUNDO, que le propusieron inculpar a Zougam a cambio de dinero o de nombrarle testigo protegido?», preguntó José Luis Abascal. «Sí». «¿Quién se lo propuso?». «El CNI y el comisario que estaba en Avilés».
Minutos antes, a preguntas del letrado de la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M, José María de Pablo, explicó que la Policía le había pedido que ofreciera datos falsos al juez. «Me dijeron el tipo de declaración que tenía que hacer para involucrar a los moros, y que mi mujer y yo saldríamos como testigos protegidos, que entonces no habría ningún problema y que no entraría en la cárcel», expuso.
Siguiendo la jerarquía establecida por la fiscal Olga Sánchez en su escrito de acusación, el siguiente miembro de la trama asturiana en declarar fue Antonio Toro. El Ministerio Público no le atribuye la autoría de los atentados, como a Trashorras, pero sí colaborar con la célula, traficar con explosivos y dirigir una asociación ilegal. En total, 23 años de cárcel que no bastaron para sacar al hermético Toro de su tono tranquilo.
En su declaración, el asturiano marcó distancias tanto con la dinamita como con su ex cuñado, con el que mantiene una pésima relación desde que se enteró de dos cosas: que era confidente -«ni he colaborado, ni colaboro, ni colaboraré», dijo ayer Toro- y que le faltaba al respeto a su hermana. «Cuando me enteré de que se iban a casar, dejé de hablar con él».
Pese a las diferencias personales, sí coincidió en parte con Trashorras al señalar quién andaba interesado en la dinamita. No habló de El Chino Ahmidan, pero sí de Zouhier. Según su relato, cuando volvieron a verse tras coincidir en prisión, el marroquí se mostró interesado en adquirir explosivos.
Toro se limitó a darle el nombre de su cuñado. «Zouhier me preguntó a finales de verano de 2003. Yo le dije: 'No sé nada de eso, pero en el caso de que alguien te pueda ayudar con ese tema, tienes que llamar a Emilio'». «¿Por qué a Emilio?», preguntó la fiscal. «Por pura deducción: explosivos-minero; minero-explosivos. Nunca dije que Emilio podría obtenerlos fácilmente».
De explosivos no sabía más, insistió. Ni siquiera había estado en una mina. En un arranque de humor -aunque el tono siguió serio-, Toro acabó respondiendo a la enésima pregunta sobre la dinamita: «Lo único que sé que puede encontrar en abundancia en Asturias es sidra. De lo demás no sé».
Al igual que había hecho minutos antes su ex cuñado, Toro alegó que todas las negociaciones con El Chino trataban de hachís. Nunca oyó hablar de explosivos. «Yo sólo me dedico a la compraventa de hachís».
Toro se declaró inocente hasta de lo que ya es culpable: de tráfico de exlosivos, según la sentencia -eso sí, recurrida- de la operación Pípol. Mantuvo que sigue sin tener ni idea de dónde salieron los cartuchos de dinamita por los que está en prisión.
También negó haber preguntado en 2001 al colaborador policial Francisco Javier Lavandera si conocía a alguien que supiera montar «bombas con móviles», como comunicó el propio Lavandera a la Guardia Civil asturiana. A diferencia de Trashorras, Toro negó que la Policía le hubiera dado intrucciones sobre lo que debía declarar ante el juez.
Carmen Toro siguió a su hermano ante el micrófono. Sólo respondió a su defensa y a la de Antonio. Comenzó declarándose inocente y «confundida» por su detención y la de su ya ex marido. «Y, actualmente, ¿qué siente?», preguntó su abogada. «Estoy confundida, la verdad, sigo pensando que... no sé, me queda esa pequeña fe de que él no ha hecho nada nunca». Esa esperanza no le impidió mostrarse enfadada por lo que ha ido sabiendo de su marido. «Que disfrutaba con otras mujeres... pues que vengan ellas aquí», dijo.
La única mujer
Carmen es la única mujer procesada. La Fiscalía pide para ella la condena más baja: cuatro años por tráfico de explosivos. A diferencia de otros miembros de la trama asturiana, la fiscal no considera que formara parte de la organización ilícita en la que se encuadra a su ex marido y a su hermano.
Carmen Toro negó tener conocimiento del presunto tráfico de explosivos. A su marido sólo le conocía trapicheos de hachís, dijo. Aun así, su declaración no favoreció a Trashorras, puesto que dejó abierta la posibilidad de que traficase con explosivos a sus espaldas. «No sé lo que hacía mi marido mientras yo trabajaba».
Además, aseguró que nunca llamó por teléfono a otros procesados, lo que automáticamente atribuye a Trashorras todas las comunicaciones detectadas a la pareja. Tampoco habló nunca, según su versión, con el policía Manolón.
Respecto a la reunión en un McDonald's en la que se encontraron Trashorras y El Chino, dijo que ella se sentó aparte. «Nó escuché nada», aseguró.
El último en comparecer en la octava jornada de juicio fue Raúl González Peláez, El Rulo, que se negó a responder a las acusaciones. La jornada de hoy se reanudará con las respuestas a su propio abogado. La Fiscalía pide para el ex trabajador de Mina Conchita ocho años de prisión por tráfico de explosivos y asociación ilícita. Según el escrito de acusación, fue quien facilitó a Trashorras la dinamita que acabó en manos de los terroristas.
La intención del tribunal es concluir hoy con las declaraciones de los procesados. Además, está citado el primero de los más de 600 testigos que pasarán por la Casa de Campo. Se trata del comisario jefe que ha actuado como instructor principal de las investigaciones del 11-M, por lo que se prevé que su declaración sea muy extensa. El inspector pertenece a la Unidad Central de Información Exterior (UCIE), especializada en terrorismo islamista.
ORDEN EN LA SALA
ZOUHIER, REINCIDENTE
El presidente del tribunal que juzga el 11-M, Javier Gómez Bermúdez, expulsó ayer por segunda vez del habitáculo blindado al acusado Rafá Zouhier.
El juez adoptó esta decisión cuando el abogado de Rachid Aglif, Andreas Chalaris, interrogaba al ex minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras.
El pasado 21 de febrero, Gómez Bermúdez ya expulsó a Zouhier, porque dijo estar «harto de sus gestos», cuando su abogado, Antonio Alberca, interrogaba al propio Aglif, informa Efe.
Unos días antes de expulsarle por primera vez, el presidente ya había tenido que ordenar a Zouhier, para quien la fiscal pide 20 años de cárcel, que se sentara en el primer banco de la sala blindada y que se situaran diversos agentes de Policía entre el público para evitar que se produjeran tensiones entre los acusados y las víctimas.
EL PRIMER TESTIGO, DE ESPALDAS
Los cuatro primeros testigos que comparecerán ante el tribunal que juzga los atentados del 11-M son cuatro miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según el guión presentado por la Fiscalía. El primero será el instructor jefe de las diligencias policiales del atentado. Según la evolución del juicio, podría empezar a declarar en la tarde de hoy, una vez que hayan concluido todos los procesados.
Por motivos de seguridad, no se revelará el nombre y sólo se dará a conocer el número de agente, la categoría y el Cuerpo al que pertenece. Los testigos serán enfocados de espaldas por la cámara para preservar su identidad, informa Servimedia.
Aún falta que el tribunal decida si los procesados estarán en la sala en el momento en que declaren los testigos.
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