Conclusión de la Fiscalía: la Guardia Civil nunca les dijo que Trashorras podía estar vendiendo dinamita

27-07-04

11-M LA INVESTIGACION / LA ACTUACION JUDICIAL

Conclusión de la Fiscalía: la Guardia Civil nunca les dijo que Trashorras podía estar vendiendo dinamita

La Fiscalía General del Estado desmiente el informe enviado por el Gobierno al juez y a la Comisión del 11-M: «La información era genérica, sin concretar ni hechos ni personas»

MARIA PERAL

MADRID.- Un fiscal de Avilés recibió en febrero de 2003 un «comentario verbal» de un oficial de la Guardia Civil respecto a la posible venta ilegal de explosivos sobrantes en las explotaciones mineras, una información «de carácter genérico» en la que el agente «no concretó hechos ni personas».
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Esto fue, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado, todo lo que el Ministerio Público supo antes del 11-M sobre la que luego resultó ser la trama de los explosivos utilizados en los atentados islamistas, trama de la que el confidente Rafá Zouhier previno a sus contactos en la Guardia Civil.

El comunicado añade otro dato relevante: «La autoridad policial no solicitó ninguna actuación» de la Fiscalía para proseguir la investigación con más medios.

Datos todos ellos que son producto de la reunión que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, celebró ayer durante una hora y media con el fiscal jefe de Oviedo, Gerardo Herrero; con el responsable del destacamento de Avilés, Jesús Villanueva, y con uno de los fiscales de esa sede. Y datos que no coinciden con la versión que el director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, en el informe que remitió a sus superiores el pasado mayo para explicar «las circunstancias de la colaboración» de Zouhier con agentes de ese Cuerpo.

El Gobierno envió el informe de Gómez Arruche al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo y a la Comisión parlamentaria del 11-M.Según el director general de la Guardia Civil, después de recibir las confidencias de Zouhier «sobre un individuo de Avilés [Emilio Suárez Trashorras] que buscaba compradores para explosivos y que decía que había sustraído cierta cantidad de algún depósito de explosivos», el Instituto Armado desplegó un «vasto y extenso operativo» (sic) que, sin embargo, no dio frutos, aunque sí «se identificaron los supuestos vendedores».

«Visto el escaso resultado obtenido con todos los medios legalmente disponibles», añadía Gómez Arruche, «y a fin de poder avanzar en las investigaciones, éstas fueron puestas, verbalmente y en detalle, a la Fiscalía de Avilés, quien, ante la evidente ausencia de indicios distintos del testimonio de Zouhier y pese a la aparente gravedad de los hechos que le eran referidos, se pronunció negativamente sobre la viabilidad del inicio de un eventual procedimiento penal, descartándolo, procedimiento en el que, bajo el control judicial, hubiera sido factible el empleo de medidas restrictivas de derechos fundamentales, tales como la intervención de teléfonos o la entrada y registro en los domicilios de las personas investigadas».

Versión desmentida

El comunicado de la Fiscalía General desmiente al responsable de la Guardia Civil, negando que se informase al fiscal de Avilés «en detalle» y rechazando que se propusiese la apertura de un procedimiento penal.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio Público, «uno de los fiscales de la plantilla de Avilés ha detallado que, en torno a febrero de 2003, recibió un comentario verbal por parte de un oficial de la Guardia Civil respecto de la existencia de alguna persona que, al parecer, vendía de forma ilegal material explosivo sobrante de las explotaciones mineras».

«La información facilitada», añade el comunicado de la Fiscalía General, «era de carácter genérico, sin concretar hechos ni personas, y ante el deficiente nivel indiciario presentado, no se acordó ninguna actuación por parte del Ministerio Público, que tampoco fue solicitada por la autoridad policial».

Durante la reunión de ayer, los fiscales asturianos explicaron a Conde-Pumpido su actuación en este caso y analizaron los problemas que se plantean en el Principado respecto al uso fraudulento de dinamita detraída al menudeo de las explotaciones mineras.

El fiscal general solicitó «una mayor implicación» de la Fiscalía asturiana respecto al «control exhaustivo» de materiales explosivos.

También ha dado a sus subordinados «indicaciones precisas» para que «intensifiquen las comunicaciones» con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, encargadas de garantizar el uso adecuado de dichas sustancias.

Con esa mayor coordinación, la Fiscalía General pretende erradicar el uso irregular de material altamente peligroso, al amparo del nuevo marco legal aprobado recientemente, lo que permitirá un mayor aseguramiento del destino final de las sustancias explosivas.

La Fiscalía de Oviedo remitirá periódicamente informes a la Fiscalía General «para detallar los avances que se produzcan en esta materia, tan sensible para la seguridad ciudadana», concluye la nota.

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