«Detrás del 11-M hay una confluencia de grupos terroristas», según la AVT
19-06-07
JUICIO POR UNA MASACRE / Las conclusiones de las acusaciones particulares / Día 49
«Detrás del 11-M hay una confluencia de grupos terroristas», según la AVT
JUICIO POR UNA MASACRE / Las conclusiones de las acusaciones particulares / Día 49
«Detrás del 11-M hay una confluencia de grupos terroristas», según la AVT
El letrado Rodríguez Segura afirma que el explosivo utilizado pudo ser Titadyn y sugiere que hubo un «intento deliberado de ocultar las pruebas que apuntaban a ETA»
MANUEL MARRACO
MADRID.- El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Juan Carlos Rodríguez Segura mantuvo ayer ante el tribunal que para que se produjera la masacre del 11-M tuvo que darse «una confluencia de organizaciones terroristas».
Se trata de la tercera ocasión en la que la Sala escucha a las acusaciones afirmar que las deficiencias en la investigación han acabado con un banquillo en el que faltan piezas clave. Las palabras del letrado de la AVT -que en este juicio actúa también como acusación particular de 15 víctimas- se suman a las expuestas la semana pasada por la propia AVT y por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M.
(.../...)
Las acusaciones particulares siguen exponiendo sus conclusiones. La representada por uno de los letrados de la AVT quiere que se investigue qué hay por encima de los «delincuentes comunes» que se sientan en el banquillo. Otras siguen a pies juntillas la versión oficial; recurriendo, si es preciso, al 'Asturias, patria querida'.
El letrado presentó una versión endurecida del escrito defendido la semana pasada en nombre de la AVT. «No indultemos a la serpiente hasta que no estemos seguros», indicó Rodríguez Segura en referencia a la posible participación de ETA en la masacre. Según explicó, no ha sido posible determinarlo «porque no se ha investigado». Los que sí ha quedado claro a su juicio es que quienes se sientan en el banquillo -«un grupo de traficantes, confidentes y delincuentes comunes»- no tenían capacidad para montar un atentado de la envergadura del 11-M.
«Sostenemos que detrás de estos atentados ha existido una confluencia de organizaciones terroristas que debe ser investigada, puesto que en el presente proceso no se ha realizado dicha investigación, centrándose únicamente en los procesados y con un mínimo de investigación para negar cualquier otra línea posible», dijo. «En este sentido», añadió, «nos encontramos con que, más que investigar las intervención de concretas organizaciones terroristas, lo que se ha pretendido ha sido analizar todos y cada uno de los datos existentes por separado, no en su conjunto, para de esta manera desvirtuar una investigación concreta».
Rodríguez Segura y su compañera Manuela Rubio han ejercido la acusación más alejada de la versión mantenida por la Fiscalía. Las discrepancias con el Ministerio Público aparecen ya en el mismo marco de Al Qaeda, en el que la fiscal encuadró el 11-M como respuesta a la intervención de España en la Guerra de Irak. «Para nosotros, el 11-M sólo tuvo un fin, un fin espurio: acabar con el legítimo Gobierno de España como firme baluarte de la lucha antiterrorista», consideró.
En su intervención, el letrado puso en duda alguna de las piezas clave que sirvieron para iniciar la investigación. Como ejemplo, indicó que la única hipótesis lógica respecto a la mochila de Vallecas es que «fue colocada con posterioridad a las explosiones, de tal manera que sembraba una dirección de investigación distinta a la mantenida hasta ahora».
Entre las víctimas representadas por este letrado se encuentra Gabriel Moris, que perdió a su hijo en los atentados y que ha sido uno de los ocho expertos de la pericial sobre los explosivos. Del resultado de esta prueba, explicó, se extrae «la posibilidad» de que lo que estalló en los trenes «fuera Titadyn con cordón detonante».
Después de celebrado el juicio, dice en su escrito dirigido al tribunal, no hay «nada sobre los artefactos de los trenes: ni el tipo de explosivo, ni el tipo de detonador, ni el tipo de iniciador. Si a todos esos datos les sumamos el hecho de la destrucción de los trenes, no cabe sustraerse a la sensación de que desde el principio se produjo un posible intento deliberado de ocultar por todos los medios cómo estaban hechas las bombas de los trenes, por si la sombra de la serpiente se revelaba más positiva».
Rodríguez Segura fue la primera de las seis acusaciones que intervinieron ayer. La siguiente en hacerlo, en representación de Isabel Pinto Libramiento, también fue muy crítica con la Fiscalía en el apartado de los explosivos. «La deficiente investigación impide concluir qué estalló, pero es imposible mantener que sólo estalló Goma 2 ECO», mantuvo el abogado Francisco Javier Rodríguez Fernández.
Igualmente, dijo que ha quedado «sin respuesta objetiva» por qué se guardaron tan pocos restos de los trenes, por qué los vagones se destruyeron, por qué las muestras no fueron a la Policía Científica o por qué han aparecido elementos propios del Titadyn.
En su intervención, como ya había hecho Rodríguez Segura, criticó el trato del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, hacia algunas víctimas, e indicó que la «esquizofrenia procesal» de la que habló hubiera podido desaparecer si la Fiscalía no se hubiera empeñado en mantener el secreto de sumario.
Esta acusación, como las que le siguieron, puso un celo especial en resaltar la participación en los hechos de Antonio y Carmen Toro: «Los hermanos Toro saben más de los que aparentan y dicen».
También el letrado que intervino a continuación, en representación de Mario Pelicari Giraldini, hizo un exhaustivo repaso de los indicios que pesan sobre los dos miembros de la trama asturiana. En el apartado de los explosivos, el abogado José Antonio Sanz Grasa no puso objeciones a las tesis de la Fiscalía.
En la sesión de la tarde, la abogada María Teresa López Pariente volvió a criticar al fiscal Zaragoza. En cuanto a la autoría de la masacre -tras citar a los Reyes Magos y pasar por la relación Oriente-Occidente-, dijo que sólo se había podido «intuir» el papel de Al Qaeda. «Lo que sí ha quedado claro», añadió, «es la falta de profesionalidad, de diligencia, e incluso la ineptitud, de las Fuerzas de Seguridad a la hora de emplear las informaciones de las que disponían para evitar que sucediera lo que sucedió», dijo.
En esta misma línea, el letrado José Enrique Verdugo -que a su vez se remontó 17 siglos, «a don Rodrigo y la traición de don Julián»- dedicó una parte relevante de su intervención a criticar al Ministerio del Interior por el «descontrol» de explosivos que había en Asturias antes de los atentados.
La exposición del abogado, que representa a Laura Isabel Cuesta Muñoz, se alineó con el Ministerio Fiscal en cuanto a los explosivos. Dio por buena la teoría de la contaminación y mantuvo que, aunque por sí solos los análisis no lo hayan probado, una multitud de indicios permiten afirmar que estalló Goma 2 ECO.
MANUEL MARRACO
MADRID.- El abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Juan Carlos Rodríguez Segura mantuvo ayer ante el tribunal que para que se produjera la masacre del 11-M tuvo que darse «una confluencia de organizaciones terroristas».
Se trata de la tercera ocasión en la que la Sala escucha a las acusaciones afirmar que las deficiencias en la investigación han acabado con un banquillo en el que faltan piezas clave. Las palabras del letrado de la AVT -que en este juicio actúa también como acusación particular de 15 víctimas- se suman a las expuestas la semana pasada por la propia AVT y por la Asociación de Ayuda a Víctimas del 11-M.
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Las acusaciones particulares siguen exponiendo sus conclusiones. La representada por uno de los letrados de la AVT quiere que se investigue qué hay por encima de los «delincuentes comunes» que se sientan en el banquillo. Otras siguen a pies juntillas la versión oficial; recurriendo, si es preciso, al 'Asturias, patria querida'.
El letrado presentó una versión endurecida del escrito defendido la semana pasada en nombre de la AVT. «No indultemos a la serpiente hasta que no estemos seguros», indicó Rodríguez Segura en referencia a la posible participación de ETA en la masacre. Según explicó, no ha sido posible determinarlo «porque no se ha investigado». Los que sí ha quedado claro a su juicio es que quienes se sientan en el banquillo -«un grupo de traficantes, confidentes y delincuentes comunes»- no tenían capacidad para montar un atentado de la envergadura del 11-M.
«Sostenemos que detrás de estos atentados ha existido una confluencia de organizaciones terroristas que debe ser investigada, puesto que en el presente proceso no se ha realizado dicha investigación, centrándose únicamente en los procesados y con un mínimo de investigación para negar cualquier otra línea posible», dijo. «En este sentido», añadió, «nos encontramos con que, más que investigar las intervención de concretas organizaciones terroristas, lo que se ha pretendido ha sido analizar todos y cada uno de los datos existentes por separado, no en su conjunto, para de esta manera desvirtuar una investigación concreta».
Rodríguez Segura y su compañera Manuela Rubio han ejercido la acusación más alejada de la versión mantenida por la Fiscalía. Las discrepancias con el Ministerio Público aparecen ya en el mismo marco de Al Qaeda, en el que la fiscal encuadró el 11-M como respuesta a la intervención de España en la Guerra de Irak. «Para nosotros, el 11-M sólo tuvo un fin, un fin espurio: acabar con el legítimo Gobierno de España como firme baluarte de la lucha antiterrorista», consideró.
En su intervención, el letrado puso en duda alguna de las piezas clave que sirvieron para iniciar la investigación. Como ejemplo, indicó que la única hipótesis lógica respecto a la mochila de Vallecas es que «fue colocada con posterioridad a las explosiones, de tal manera que sembraba una dirección de investigación distinta a la mantenida hasta ahora».
Entre las víctimas representadas por este letrado se encuentra Gabriel Moris, que perdió a su hijo en los atentados y que ha sido uno de los ocho expertos de la pericial sobre los explosivos. Del resultado de esta prueba, explicó, se extrae «la posibilidad» de que lo que estalló en los trenes «fuera Titadyn con cordón detonante».
Después de celebrado el juicio, dice en su escrito dirigido al tribunal, no hay «nada sobre los artefactos de los trenes: ni el tipo de explosivo, ni el tipo de detonador, ni el tipo de iniciador. Si a todos esos datos les sumamos el hecho de la destrucción de los trenes, no cabe sustraerse a la sensación de que desde el principio se produjo un posible intento deliberado de ocultar por todos los medios cómo estaban hechas las bombas de los trenes, por si la sombra de la serpiente se revelaba más positiva».
Rodríguez Segura fue la primera de las seis acusaciones que intervinieron ayer. La siguiente en hacerlo, en representación de Isabel Pinto Libramiento, también fue muy crítica con la Fiscalía en el apartado de los explosivos. «La deficiente investigación impide concluir qué estalló, pero es imposible mantener que sólo estalló Goma 2 ECO», mantuvo el abogado Francisco Javier Rodríguez Fernández.
Igualmente, dijo que ha quedado «sin respuesta objetiva» por qué se guardaron tan pocos restos de los trenes, por qué los vagones se destruyeron, por qué las muestras no fueron a la Policía Científica o por qué han aparecido elementos propios del Titadyn.
En su intervención, como ya había hecho Rodríguez Segura, criticó el trato del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, hacia algunas víctimas, e indicó que la «esquizofrenia procesal» de la que habló hubiera podido desaparecer si la Fiscalía no se hubiera empeñado en mantener el secreto de sumario.
Esta acusación, como las que le siguieron, puso un celo especial en resaltar la participación en los hechos de Antonio y Carmen Toro: «Los hermanos Toro saben más de los que aparentan y dicen».
También el letrado que intervino a continuación, en representación de Mario Pelicari Giraldini, hizo un exhaustivo repaso de los indicios que pesan sobre los dos miembros de la trama asturiana. En el apartado de los explosivos, el abogado José Antonio Sanz Grasa no puso objeciones a las tesis de la Fiscalía.
En la sesión de la tarde, la abogada María Teresa López Pariente volvió a criticar al fiscal Zaragoza. En cuanto a la autoría de la masacre -tras citar a los Reyes Magos y pasar por la relación Oriente-Occidente-, dijo que sólo se había podido «intuir» el papel de Al Qaeda. «Lo que sí ha quedado claro», añadió, «es la falta de profesionalidad, de diligencia, e incluso la ineptitud, de las Fuerzas de Seguridad a la hora de emplear las informaciones de las que disponían para evitar que sucediera lo que sucedió», dijo.
En esta misma línea, el letrado José Enrique Verdugo -que a su vez se remontó 17 siglos, «a don Rodrigo y la traición de don Julián»- dedicó una parte relevante de su intervención a criticar al Ministerio del Interior por el «descontrol» de explosivos que había en Asturias antes de los atentados.
La exposición del abogado, que representa a Laura Isabel Cuesta Muñoz, se alineó con el Ministerio Fiscal en cuanto a los explosivos. Dio por buena la teoría de la contaminación y mantuvo que, aunque por sí solos los análisis no lo hayan probado, una multitud de indicios permiten afirmar que estalló Goma 2 ECO.
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