Las 'cosas claras' empiezan a no cuadrar


22-06-07



JUICIO POR UNA MASACRE / El análisis / PREGUERIAS

Las 'cosas claras' empiezan a no cuadrar


VICTORIA PREGO

Ayer lo volvimos a escuchar y todo indica que éste va a ser el lamento unánime de aquí a que el juicio termine. En realidad, mucho más que el lamento, se trata de la más grave denuncia que se ha escuchado en esta sala: la de que el modo en que se instruyó el sumario ha supuesto una vulneración del derecho de defensa. Ya son ocho los defensores que han intervenido y, uno tras otro, están sosteniendo que, por culpa de la prolongación del secreto del sumario, se ha producido la indefensión de los acusados.

(.../...)

Ayer lo repitió el abogado Gerardo Turiel, encargado de defender al asturiano Suárez Trashorras, para quien se pide la friolera de 40.000 años de cárcel. Pero es que lo que dijo Turiel en estrados tiene una derivada de la misma o mayor trascendencia para el interés general. Después de haber explicado que intentó no menos de 10 veces que se le admitieran otros tantos recursos para intervenir en el proceso, dijo lo siguiente: «Si a mí se me hubiera dejado, yo habría podido intervenir en que supiéramos antes, ¡y no hace 20 días!, qué era lo que estaba pasando con el análisis de la dinamita. [Y esto] a mi cliente le afectó extraordinariamente, señoría, él es el más perjudicado en este asunto».

No sólo a su cliente le afecta. Esto afecta a todos los ciudadanos porque afecta a la causa, sin duda afectará a la sentencia y, por supuesto, afecta al juicio que formule la ciudadanía, que no en vano este proceso se está retransmitiendo en directo por televisión y está siendo analizado con lupa por los periodistas desde todas las posiciones.

Lamentablemente, ese afán de mantener a los abogados al margen de la instrucción, esa decisión de que nadie salvo la Fiscalía supiera por dónde estaba discurriendo la investigación judicial, es la causa directísima de que, tres años después de los atentados, ya sea demasiado tarde para que se pueda aportar para su análisis ningún vestigio que cuente con las garantías exigibles de que no ha sido manipulado.

Tiene razón Turiel, como la tuvieron el martes otros letrados: si hubieran podido intervenir a tiempo quizá habrían podido evitar que se desguazaran todos los trenes tan rápidamente. O quizá habrían demandado de inmediato los resultados auténticos y detallados de los primeros análisis realizados en el laboratorio de los Tedax. O quizá no habríamos escuchado en voz alta en la sala la pregunta que nos hemos hecho los periodistas muchas veces desde aquel día en que los peritos en explosivos únicamente se pusieron de acuerdo en que, con los datos disponibles, no podían decir qué era lo que había estallado en los trenes: «Y ahora, ¿cómo va a ser posible condenar a los asturianos por 192 asesinatos?».

Y, efectivamente, ayer llegó Turiel y la hizo, pero no en forma de pregunta sino de contundente afirmación. A los poquísimos minutos de empezar su intervención puso sobre la mesa lo que él considera que es la conclusión inevitable de tamaña incógnita, a saber: que a su defendido se le puede acusar de algunas cosas, pero en modo alguno se le puede responsabilizar de la muerte de 192 personas ni de los daños causados a casi 2.000, sencillamente porque nadie ha dicho que lo que el asturiano pudo facilitar a los islamistas fuera lo que hizo saltar por los aires los vagones en las estaciones del corredor del Henares y en Atocha.

Lo dijo así, con absoluta claridad, mientras señalaba con el dedo a un Suárez Trashorras acicalado y por primera vez fuera de la jaula de cristal, y cuya defensa acometió con brío, convicción y gran solvencia jurídica durante cuatro largas horas en las que apenas bebió un par de sorbos de agua: «A nosotros sí que no nos da igual [cuál sea la dinamita]. ¡Y mientras no se diga cuál es, no se puede acusar a este señor nada menos que de 192 asesinatos!».

Lo que sostenía era tan sencillo de entender como decisivo para la causa: que los nombres y apellidos de esa dinamita son clave para calificar el delito que hayan podido cometer los acusados. «Al no dejarme intervenir se ha vulnerado nada menos que la posibilidad de que Trashorras pudiera probar en el juicio qué dinamita era y qué relación tenia él [con esa dinamita]. La indefensión absoluta», concluyó.

¿Qué opinarán finalmente sus señorías? No sabemos hasta qué punto, cuando tengan que establecer la culpabilidad de los procesados, el tribunal va a valorar la existencia de esta formidable incógnita, la de cuál fue realmente el explosivo, o los explosivos, que rompieron tantas vidas. Lo que sí suponemos es que, tanto esa cuestión como la otra planteada por los defensores, la de la vulneración del derecho de defensa, va a complicarles la vida a la hora de redactar su sentencia. Sencillamente porque hay que contar con que, diga ésta lo que diga, va a ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Y porque no sería la primera vez que una mala instrucción acaba cargándose un caso bien juzgado. A menos que el tribunal sea capaz de hacer todo un encaje de bolillos, algo que será de admirar cuando se haga público.

Visto desde fuera, está comprobado, además, que quienes reprochan al juez Del Olmo su manera de proceder y denuncian haber sufrido graves limitaciones en su tarea de defensa tienen mucho interés en explicar con todo detalle de qué están hablando cuando exponen la vulneración de un derecho fundamental. No hacen valoraciones globales. Al contrario, son minuciosos en el relato de los efectos padecidos. Quieren que no se dude de que ésa ha sido su realidad.

Eso no ha sucedido, sin embargo, en el caso opuesto. El encendido elogio de algunas acusaciones a la labor de la Fiscalía y del juez instructor ha sido sólo eso, elogio, profesión de confianza y apoyo inquebrantable. Pero ninguno ha desmenuzado el porqué de su afirmación, la razón por la que ese trabajo previo que permaneció dos años bajo el manto del secreto ha resultado ser tan soberbio como alguno ha dicho. Esa diferencia esencial es la que otorga mucha mayor verosimilitud y fuerza a la crítica que a la alabanza. Ya veremos lo que sucede en el futuro, pero está más que claro que esta causa cojea, y mucho, del pie de la instrucción.

Todo lo que Turiel detalló ayer, Endika Zulueta lo había ya ilustrado ampliamente el miércoles en una intervención eficacísima. Zulueta demostró ser un abogado valiente y libre, no adscrito a ninguna de las corrientes que se han enfrentado en este juicio, un hombre que se atuvo estrictamente a la causa, pero que repartió estopa como un molinete y, entre otras cosas, destrozó la tesis que sostiene que el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención del atentado fue impecable.

Vitriólico, con un lenguaje rigurosamente asequible, consiguió además que hasta el más lego comprendiera que la historia vivida en los dos últimos años por uno de sus defendidos, Raúl González, era la repetición milimétrica de la padecida por un tal Joseph K. cuya alucinante y trágica aventura ya fue contada en 1915 por un gran escritor a quien el relato de Zulueta rindió ayer un involuntario y estremecedor homenaje. «¿Le importa a alguien eso?», se preguntó amargamente el abogado. Al tribunal, creo.

victoria.prego@el-mundo.es

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