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22.6.07

 

El Gobierno admite que pactó con ETA la fórmula 'derecho a decidir de los vascos'

 

22-06-07



El Gobierno admite que pactó con ETA la fórmula 'derecho a decidir de los vascos'


Fuentes del Ejecutivo confirman que, para que la banda declarase un «alto el fuego permanente», se acordó esa expresión, que Zapatero utilizó en el Congreso en junio de 2006 Según la información filtrada a 'Gara', el Gobierno también aceptó rebajar la presión policial y permitir actuar a Batasuna

FERNANDO GAREA

MADRID.- Oficial y públicamente el Gobierno no reacciona a las informaciones publicadas por Gara sobre sus conversaciones con ETA. Considera que el entorno de la banda quiere romper como sea cualquier acuerdo entre el Gobierno y el PP y, además, empieza a buscar culpas y justificar la vuelta a la violencia que parece inminente.


(.../...)

El capítulo publicado ayer por ese diario hace referencia a las conversaciones previas a la declaración del alto el fuego del 22 de marzo de 2006. El Gobierno no lo comenta, pero fuentes oficiosas admiten desde entonces que esa declaración vino precedida de un pacto previo en el que se acordaron la metodología y los términos que debía utilizar ETA en su comunicado y también algunas de las frases que debía incluir Zapatero en la declaración en la que abriría el diálogo. No obstante, esas fuentes aseguran que ETA consideró luego que las expresiones utilizadas por el presidente no se ajustaban a lo pactado.

La declaración del presidente incluía condiciones y matices a ese derecho a decidir, como el consenso o la adaptación a la legalidad constitucional, entre otras, que no suponían aceptar la autodeterminación. ETA entendió que se incumplía el acuerdo previo, por lo que se produjeron tensiones. La tesis del Gobierno es que no hubo cesión ni compromisos políticos y, por eso, ETA ha roto el alto el fuego.

La organización terrorista debería utilizar la expresión «alto el fuego permanente» en lugar de tregua y el presidente del Gobierno una frase que permitiera entenderse como reconocimiento del derecho de los vascos a decidir su futuro. El acuerdo, según publicó ayer Gara y admiten fuentes oficiosas del Gobierno, incluía un periodo que podría ser de seis meses entre la declaración de alto el fuego y la comparecencia del presidente, para que se comprobara la veracidad del cese de actividades.

Esas conversaciones se produjeron en Oslo (Noruega) con presencia de Jesús Eguiguren y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, entre otros, y con participación del Centro de Diálogo Henri Dunant. Las reuniones formaron parte de una larga fase en la que se pactó la metodología del proceso de paz, incluyendo la futura creación de la mesa de partidos, al margen de las conversaciones con ETA, centradas sólo en los presos y las armas.

El Gobierno siempre ha sostenido que este proceso, a diferencia de los anteriores, partía de un trabajo previo que evitara, por ejemplo, una confluencia entre nacionalistas y ETA, como ocurrió en 1998 con José María Aznar.

El Ejecutivo explicó en 2006 que la expresión «alto el fuego permanente» que usó ETA en su comunicado iba más allá de la declaración de tregua de 1999 y, sobre todo, era casi idéntica a la utilizada en 1994 por el IRA en lo que supuso la apertura del proceso de paz en aquel país. En concreto, un informe reservado de la lucha antiterrorista elaborado el 25 de marzo, dos días después del comunicado de ETA, para el presidente del Gobierno, mostraba que había frases textuales copiadas de la declaración del IRA. El plazo de seis meses pactado quedó luego en sólo tres, porque el presidente compareció ante los periodistas en los pasillos del Congreso el 29 de junio y se inició en ese momento la verificación del alto el fuego. No lo hizo en el Hemiciclo como estaba previsto y utilizó la mediación del portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ante Mariano Rajoy para que éste no exigiera su comparecencia en el Pleno. Duran desvela en un libro que acaba de publicar -Entre una España y la otra- cómo intervino en junio de 2006 para evitar que Zapatero pidiera la autorización para negociar con ETA en un Pleno que incluyera un duro enfrentamiento con el líder de la oposición. Rajoy aceptó no hacer causa del incumplimiento del presidente.

«Había mantenido meses antes más de una conversación tendente a conciliar posiciones cuando el Gobierno se proponía acudir a la Cámara a debatir el inicio de lo que se llamó la verificación del proceso. En aquella ocasión se pudo evitar la comparecencia en Pleno del presidente del Gobierno. Rajoy estuvo de acuerdo en que así fuera y en no hacer del incumplimiento de la palabra dada por Zapatero (éste se había comprometido sin que nadie se lo solicitara a mantener un debate parlamentario previo) una cuestión de confrontación política», relata el portavoz de CiU en el Congreso.

La comparecencia de Zapatero ante los periodistas incluía una frase clave: «El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente».

Esa expresión incluía condicionantes como que el diálogo político era entre representantes de partidos legales o que debía ajustarse a la Constitución y la legalidad. Por eso, según las fuentes consultadas, ETA le hizo llegar al Gobierno días después que la declaración de Zapatero no se ajustaba totalmente a lo pactado, por las condiciones y porque no incluía referencias a Navarra.

De hecho, la posición oficial del Gobierno es que nunca ha aceptado el derecho de autodeterminación y que todo embarrancó porque ETA se empeñó en hablar de política. Esa tesis fue la que mantuvo el propio Zapatero en Cuatro hace dos semanas.

A partir del verano de 2006, el Gobierno detectó que la organización terrorista cambiaba el ritmo de la metodología acordada, retrasando la constitución de la mesa de partidos e insistiendo ETA en discutir cuestiones políticas fuera del otro foro.

La idea del presidente, expuesta entonces por el Ejecutivo, era que la capacidad de decisión de los vascos no suponía reconocimiento del derecho de autodeterminación, sino la canalización del acuerdo de los partidos vascos para elaborar un nuevo Estatuto. Era una especie de traducción del compromiso de respetar lo que decidan los partidos catalanes en su Estatuto, que casi dos años antes había formulado.

Su idea era que la necesidad de un pacto en el Parlamento vasco que incluyera al menos a un partido nacional, en este caso el PSE, garantizaba la constitucionalidad y que la mesa de partidos podía terminar siendo una ponencia que elaborara un nuevo Estatuto vasco. Por eso incluía la exigencia de que «los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible». Obviamente, Batasuna y ETA no aceptaron ni la vía, ni el método de las dos mesas, ni el fondo.

En esas conversaciones políticas paralelas, el PNV formuló sin éxito algunas propuestas como que cualquier derecho de autodeterminación se supeditara siempre a la aceptación por parte del Estado.

El Gobierno no tiene intención de facilitar detalles de sus contactos con ETA y Batasuna, entre otras cosas, porque sostiene que ni González ni Aznar lo hicieron nunca y, además, porque puede afectar a la seguridad de quienes participaron en las mismas. El Ejecutivo nunca ha aceptado que pactara que no hubiera detenciones o que se paralizaran los procesos judiciales.

LAS FRASES DE LA POLÉMICA

«ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente a partir de las 0.00 horas del 24 de marzo de 2006».

«La decisión que los ciudadanos y ciudadanas vascos adoptemos sobre nuestro futuro deberá ser respetada». (Comunicado de ETA del 22 de marzo de 2006).

«El Gobierno respetará las decisiones de los ciudadanos vascos que adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia y de coacción».

«El Gobierno entiende que los acuerdos entre las distintas formaciones políticas de Euskadi han de alcanzarse con el máximo consenso posible, respetando la pluralidad política de Euskadi y en igualdad de oportunidades para todas las formaciones». (Declaración de Zapatero del 19 de junio de 2006).

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