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22.6.07

 

Necesitaron siete reuniones para acordar el texto del presidente

 

22-06-07



Necesitaron siete reuniones para acordar el texto del presidente


El Gobierno habría incluido Navarra en la negociación -«con una mesa o dos»-, el concepto de Euskal Herria y la promesa de no detener

ANGELES ESCRIVA

MADRID.- Los representantes del Ejecutivo en las negociaciones con ETA estaban absolutamente convencidos de que, esta vez, la banda terrorista no filtraría el contenido de las reuniones como ocurriera tras la tregua de 1998. Sobre todo porque las actas estaban custodiadas por los miembros de la Henri Dunant, la fundación para el diálogo que habían elegido como intermediaria.

(.../...)

Sin embargo, ETA lo ha vuelto a hacer y ha escogido de nuevo a su medio de comunicación afín. El relato de hechos ofrecido por el diario radical Gara no sólo incluye las distintas versiones sobre los textos pactados entre ambas partes, sino que señala exactamente qué puntos suscitaron discusiones más o menos intensas y hace públicas, de manera textual, algunas de las expresiones pronunciadas por los interlocutores. Es el caso del momento en el que uno de ellos asegura que, si se sigue el esquema presentado por la banda, «la AVT y el PP van a entrar a saco».

Respecto al fondo de la cuestión, lo que ETA revela es que el contenido del comunicado en el que anunció el alto el fuego y el de la declaración realizada por el presidente el 29 de junio del año pasado en una sala del Congreso de los Diputados fueron consensuados previamente. Se pactaron también las llamadas «garantías» y las condiciones para las siguientes fases.

Lo primero se sabía. Se sabía que fruto del consenso entre ambas partes, la banda no había incluido los términos autodeterminación y territorialidad en su primer comunicado. Del mismo modo que se supo que se habían asumido ciertas «garantías», según las cuales el Gobierno se comprometió a que hubiera una «disminución palpable de la presencia policial» y a garantizar «de facto la participación política de la izquierda abertzale», a cambio de que ETA renunciase a «realizar acciones contra personas (incluidas cartas) y bienes de propiedad pública o privada» y a «no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos».

La banda sostiene además que el Ejecutivo admitió no llevar a cabo detenciones, tampoco en Francia, y que ella siempre dejó claro que la kale borroka no era su responsabilidad.

Pero lo segundo no se sabía. Todavía no había trascendido el hecho de que la declaración del presidente del Gobierno anunciando que iba a comenzar el diálogo con la banda era el resultado de las conversaciones con los terroristas. El texto pactado sufrió variaciones importantes en su versión final, pero incluyó la frase en la que anunciaba que «respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente» que tanta alarma causó en su día por su referencia implícita al derecho de autodeterminación exigido por la banda.

Según el diario radical, para llegar al denominado «punto cero» -como se denominó al momento en el que se acordó la declaración de Rodríguez Zapatero- ambas partes mantuvieron en el mes de julio de 2005 más de una decena de reuniones consecutivas de entre dos y tres horas de duración cuyos resultados fueron ratificados en el mes de noviembre. En total, a lo largo de ese año, el Gobierno y la banda mantuvieron 20 encuentros.

Gara publica la propuesta inicial del Gobierno sobre la declaración de cuatro párrafos que haría el presidente casi un año después, y las propuestas intermedias sugeridas para los párrafos tres y cuatro. Recoge asimismo la contrapropuesta realizada por la banda y denuncia que la declaración final del 29 de junio no se ajustó al texto finalmente pactado.

Una de las frases añadidas fue la que sostenía que «el Gobierno va a mantener la vigencia de la Ley de partidos» y aquella en la que Zapatero afirmó: «Quiero expresar el compromiso absoluto del Gobierno y el mío personal con los valores, principios y reglas de la Constitución de 1978, que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia».

Gara explica que fueron las 25 reuniones entre Batasuna y el PSOE habidas antes del alto el fuego durante años, y la llegada de Zapatero a La Moncloa, lo que impulsó el acuerdo de julio. Asegura que ETA fijó su interés en definir la disposición del Gobierno a asumir la decisión de la ciudadanía vasca y a concretar su definición a través de la mesa de partidos, mientras el Ejecutivo se centraba en lograr que el alto el fuego tuviera un carácter «permanente» -para que, en expresión de un interlocutor, esta tregua no fuese «más de lo mismo»- y apuntara al final del terrorismo. ETA aclaró que la tregua no era otra cosa que una aportación «a la apertura de un proceso democrático en Euskal Herria».

Los puntos irresolubles fueron sacados del acuerdo e incluidos en «anexos» ocultos destinados a clarificar algunos conceptos expresados en los comunicados de ETA y del Gobierno. Tras una discusión, se acordó llamarlos «aclaraciones».

En ellos se debatió con la banda qué debería discutirse en la mesa política: «Los acuerdos concernientes al futuro de los ciudadanos de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». En este punto la banda asegura que el Ejecutivo no cuestionó que Navarra formara parte del proceso «sea con una mesa única o con dos».

También se habló de lo que significaba la alusión a las «normas y procedimientos legales»: «los vigentes en cada momento, pudiendo ser modificados en el futuro para que no sean una limitación a la voluntad del pueblo vasco sino garantías de su ejercicio».

Hubo también un preámbulo en el que se hizo referencia a Euskal Herria: «Aun con diferentes consideraciones ideológicas y aun cuando no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo en que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales e históricos llamada Euskal Herria».

El Ejecutivo no aceptó que se hablara de «conflicto» vasco; se comprometió a buscar un pacto de Estado para que sus decisiones fueran ratificadas por un futuro Gobierno del PP, aunque aclaró que iba a haber «grandes dificultades» para conseguirlo; a pesar de ni siquiera haberlo intentado, el presidente se precipitó y agotó sólo tres de los seis meses que se le habían dado como plazo para realizar su declaración. Y se habló de los famosos «accidentes» -palabra escandalosamente empleada después por el presidente para referirse a los atentados- y a su gestión.

Se convino que serían considerados «accidentes» los «incumplimientos puntuales de las garantías pactadas» y se estableció que serían resueltos en la mesa de negociación «con la voluntad de seguir avanzando».

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