El 'blanqueo' de Batasuna
5-06-06
CRONICA DE LA SEMANA
El 'blanqueo' de Batasuna
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
CRONICA DE LA SEMANA
El 'blanqueo' de Batasuna
CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
Lo ocurrido durante la última semana demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno con tal de que el bautizado como proceso de paz concluya con éxito. La guinda la puso ayer Zapatero en un mitin en Lleida, en el que ensalzó a los miembros del PSE por «ser valientes en favor de la paz». El presidente parece haber sufrido un repentino ataque de amnesia. En el País Vasco no ha habido ninguna guerra. Los responsables de los asesinatos han sido los terroristas. Y los valientes no son los que se sientan a hablar con Batasuna, sino los que han resistido los ataques de ETA por defender la democracia.
(.../...)
¿Qué está sucediendo? Todo empezó el jueves 25 de mayo, cuando el portavoz de Batasuna, Joseba Permach, amenazó con la «paralización del proceso» si los dirigentes de su organización ingresaban en prisión tras su comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado día 31.
Las palabras de Permach no eran más que la última expresión de un problema que se venía detectando ya y que consiste en la posibilidad real de que ETA retorne a la violencia si el Gobierno no cumple las promesas que le ha hecho.
La primera evidencia de ese riesgo se constató en la entrevista a dos dirigentes de ETA en Gara (14 de mayo), en la que los terroristas exigían a Zapatero «pasos concretos» y le recordaban que la tregua «no es irreversible».
Días después (22 de mayo), Angeles Escrivá informaba en este periódico de las presiones del aparato militar al aparato político de ETA demandando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.
Por tanto, lo que ha sucedido hay que enmarcarlo en ese contexto: el denominado sector duro, encabezado por 'Txeroki' en ETA y por Rufi Etxebarría en Batasuna, está exigiendo concreciones inmediatas por parte del Ejecutivo que justifiquen el alto el fuego.
Zapatero, erigido en gran capitán de la nave negociadora, se mueve ahora entre dos aguas turbulentas. Por un lado, el PP, que condiciona su respaldo al diálogo con ETA a que no haya cesiones políticas. Por otro, ETA-Batasuna, que, lejos de aceptar su derrota, pretende arrogarse la consecución de las prebendas arrancadas al Estado español como fruto de sus 40 años de lucha.
Jesús Eguiguren, el hombre que hace de puente con Batasuna y que ha mantenido contactos secretos con sus líderes desde hace años, transmitió al Gobierno que ETA hablaba en serio. Es decir, que si no se producían movimientos sustanciales, la tregua corría serio peligro de romperse.
Por eso, contra pronóstico y sin comunicación previa al líder de la oposición, Zapatero anunció en Baracaldo el día 21 que iba a pedir antes del día 15 de junio autorización al Congreso para comenzar la negociación con ETA.
El disgusto de Rajoy, ante la falta de tacto del presidente, fue un riesgo calculado por Zapatero. La prueba de fuego de las tragaderas del PP se produciría en el Debate sobre el estado de la Nación.
El líder de la oposición optó por pasar de puntillas sobre la negociación con ETA, lo que valoró «muy positivamente» el Gobierno.
En la noche del día 30, con el debate aún caliente, Patxi López daba un salto cualitativo en la rehabilitación política de Batasuna, al declarar en Radio Euskadi: «Es necesario pasar de los contactos que actualmente existen a una fase de negociaciones incluyentes que nos encaminen a construir un proceso de diálogo multipartito en Euskadi... Reconocemos que la izquierda abertzale es un interlocutor necesario».
El secretario general del PSE anunciaba de esa forma que su partido se reuniría con Batasuna tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso (que, probablemente, se producirá mañana).
López, naturalmente, consultó con el presidente el mensaje y la forma en la que debía producirse. El objetivo del mismo no era sacar de quicio al PP, sino, lo que es mucho más grave, situar al juez Grande-Marlaska ante una tesitura angustiosa. Es decir, hacer responsable al juez de las consecuencias que tuviera su decisión de encarcelar a Otegi y otros siete dirigentes de Batasuna.
La cosa es bastante simple. ¿Cómo puede un juez encarcelar a un grupo de personas por pertenecer a una organización ilegal si el partido del Gobierno está dispuesto a sentarse con ellos abierta y públicamente y a reconocerles como «interlocutores necesarios» en un «proceso de paz»?
El mismísimo Baltasar Garzón, que regresa el próximo 1 de julio al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que ocupa de forma provisional Grande Marlaska, dijo el pasado día 29 que el poder judicial debe «tener en cuenta la coyuntura actual tras el alto el fuego de ETA».
Por no hablar de la presión de los medios afines al Gobierno.
En fin, el cerco al juez quedaba férreamente sellado por la Fiscalía, opuesta a cualquier tipo de medida cautelar contra Batasuna.
Jesús Santos, teniente fiscal de la Audiencia, había comentado a alguno de sus amigos, días antes de la comparecencia de Otegi, que lo lógico sería pedir su prisión, dada la reiteración delictiva que se produce en su caso. Sin embargo, la postura de Conde-Pumpido en este asunto es tan clara como contundente. En su opinión, el Ministerio Público debe hacer todo lo que esté en su mano para no «frustrar el proceso». Y de ahí su inconcebible postura, al sostener que lo único que pretendían los líderes de Batasuna era que ETA mantuviera el alto el fuego.
A Grande-Marlaska no se le puede pedir que se convierta en un héroe. Pero las presiones a las que se ha visto sometido (reconocidas incluso por alguien tan poco sospechoso como Arzalluz) superan los límites de lo razonable.
El Estado de Derecho ha sido sometido por el Gobierno a un retorcimiento injustificable e ilegítimo. Si el Ejecutivo quiere legalizar a Batasuna, que derogue la Ley de Partidos. Lo que es políticamente inaceptable es la vulneración de la Ley bajo la excusa de que el fin que se persigue está por encima de todo.
No hubo que esperar mucho para saber cómo interpretó Batasuna la decisión de Grande-Marlaska. Karmelo Landa dijo a las pocas horas de haber prestado declaración que la ilegalización estaba ya «superada». El sábado, Otegi se felicitó en Durango porque las cosas van ahora por el «buen camino».
En la estrategia de riesgos calculados que aplica Zapatero en la reinserción de ETA-Batasuna a la legalidad, el peligro está en la posición del PP.
Aunque tanto el presidente como María Teresa Fernández de la Vega se esfuerzan por distinguir a Rajoy de «otros líderes del PP», para que el jefe de la oposición mantenga su apoyo al Gobierno en este delicado trance, las trampas, las «tomaduras de pelo» (Rosa Díez dixit), los desaires que se han producido en las últimas semanas hacen que esa protección hacia la figura del líder del PP carezca de efectividad.
Rajoy está obligado a romper con el Gobierno si el PSE se reúne con Batasuna antes de que dicha organización sea legal. Entre otras cosas, porque, si no lo hace, lo que estará en riesgo será su liderazgo.
Con su atropellado proceder, Zapatero no sólo ha dejado herida de muerte la credibilidad de la Justicia, sino la posibilidad de que la disolución de ETA se convierta en el triunfo de todos los demócratas.
Pero ¿es sólo una torpeza de Zapatero, o bien una política calculada que consiste en orillar al PP hasta convertirlo en un partido al margen del sistema?
casimiro.g.abadillo@el-mundo.es
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¿Qué está sucediendo? Todo empezó el jueves 25 de mayo, cuando el portavoz de Batasuna, Joseba Permach, amenazó con la «paralización del proceso» si los dirigentes de su organización ingresaban en prisión tras su comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado día 31.
Las palabras de Permach no eran más que la última expresión de un problema que se venía detectando ya y que consiste en la posibilidad real de que ETA retorne a la violencia si el Gobierno no cumple las promesas que le ha hecho.
La primera evidencia de ese riesgo se constató en la entrevista a dos dirigentes de ETA en Gara (14 de mayo), en la que los terroristas exigían a Zapatero «pasos concretos» y le recordaban que la tregua «no es irreversible».
Días después (22 de mayo), Angeles Escrivá informaba en este periódico de las presiones del aparato militar al aparato político de ETA demandando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.
Por tanto, lo que ha sucedido hay que enmarcarlo en ese contexto: el denominado sector duro, encabezado por 'Txeroki' en ETA y por Rufi Etxebarría en Batasuna, está exigiendo concreciones inmediatas por parte del Ejecutivo que justifiquen el alto el fuego.
Zapatero, erigido en gran capitán de la nave negociadora, se mueve ahora entre dos aguas turbulentas. Por un lado, el PP, que condiciona su respaldo al diálogo con ETA a que no haya cesiones políticas. Por otro, ETA-Batasuna, que, lejos de aceptar su derrota, pretende arrogarse la consecución de las prebendas arrancadas al Estado español como fruto de sus 40 años de lucha.
Jesús Eguiguren, el hombre que hace de puente con Batasuna y que ha mantenido contactos secretos con sus líderes desde hace años, transmitió al Gobierno que ETA hablaba en serio. Es decir, que si no se producían movimientos sustanciales, la tregua corría serio peligro de romperse.
Por eso, contra pronóstico y sin comunicación previa al líder de la oposición, Zapatero anunció en Baracaldo el día 21 que iba a pedir antes del día 15 de junio autorización al Congreso para comenzar la negociación con ETA.
El disgusto de Rajoy, ante la falta de tacto del presidente, fue un riesgo calculado por Zapatero. La prueba de fuego de las tragaderas del PP se produciría en el Debate sobre el estado de la Nación.
El líder de la oposición optó por pasar de puntillas sobre la negociación con ETA, lo que valoró «muy positivamente» el Gobierno.
En la noche del día 30, con el debate aún caliente, Patxi López daba un salto cualitativo en la rehabilitación política de Batasuna, al declarar en Radio Euskadi: «Es necesario pasar de los contactos que actualmente existen a una fase de negociaciones incluyentes que nos encaminen a construir un proceso de diálogo multipartito en Euskadi... Reconocemos que la izquierda abertzale es un interlocutor necesario».
El secretario general del PSE anunciaba de esa forma que su partido se reuniría con Batasuna tras la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso (que, probablemente, se producirá mañana).
López, naturalmente, consultó con el presidente el mensaje y la forma en la que debía producirse. El objetivo del mismo no era sacar de quicio al PP, sino, lo que es mucho más grave, situar al juez Grande-Marlaska ante una tesitura angustiosa. Es decir, hacer responsable al juez de las consecuencias que tuviera su decisión de encarcelar a Otegi y otros siete dirigentes de Batasuna.
La cosa es bastante simple. ¿Cómo puede un juez encarcelar a un grupo de personas por pertenecer a una organización ilegal si el partido del Gobierno está dispuesto a sentarse con ellos abierta y públicamente y a reconocerles como «interlocutores necesarios» en un «proceso de paz»?
El mismísimo Baltasar Garzón, que regresa el próximo 1 de julio al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, que ocupa de forma provisional Grande Marlaska, dijo el pasado día 29 que el poder judicial debe «tener en cuenta la coyuntura actual tras el alto el fuego de ETA».
Por no hablar de la presión de los medios afines al Gobierno.
En fin, el cerco al juez quedaba férreamente sellado por la Fiscalía, opuesta a cualquier tipo de medida cautelar contra Batasuna.
Jesús Santos, teniente fiscal de la Audiencia, había comentado a alguno de sus amigos, días antes de la comparecencia de Otegi, que lo lógico sería pedir su prisión, dada la reiteración delictiva que se produce en su caso. Sin embargo, la postura de Conde-Pumpido en este asunto es tan clara como contundente. En su opinión, el Ministerio Público debe hacer todo lo que esté en su mano para no «frustrar el proceso». Y de ahí su inconcebible postura, al sostener que lo único que pretendían los líderes de Batasuna era que ETA mantuviera el alto el fuego.
A Grande-Marlaska no se le puede pedir que se convierta en un héroe. Pero las presiones a las que se ha visto sometido (reconocidas incluso por alguien tan poco sospechoso como Arzalluz) superan los límites de lo razonable.
El Estado de Derecho ha sido sometido por el Gobierno a un retorcimiento injustificable e ilegítimo. Si el Ejecutivo quiere legalizar a Batasuna, que derogue la Ley de Partidos. Lo que es políticamente inaceptable es la vulneración de la Ley bajo la excusa de que el fin que se persigue está por encima de todo.
No hubo que esperar mucho para saber cómo interpretó Batasuna la decisión de Grande-Marlaska. Karmelo Landa dijo a las pocas horas de haber prestado declaración que la ilegalización estaba ya «superada». El sábado, Otegi se felicitó en Durango porque las cosas van ahora por el «buen camino».
En la estrategia de riesgos calculados que aplica Zapatero en la reinserción de ETA-Batasuna a la legalidad, el peligro está en la posición del PP.
Aunque tanto el presidente como María Teresa Fernández de la Vega se esfuerzan por distinguir a Rajoy de «otros líderes del PP», para que el jefe de la oposición mantenga su apoyo al Gobierno en este delicado trance, las trampas, las «tomaduras de pelo» (Rosa Díez dixit), los desaires que se han producido en las últimas semanas hacen que esa protección hacia la figura del líder del PP carezca de efectividad.
Rajoy está obligado a romper con el Gobierno si el PSE se reúne con Batasuna antes de que dicha organización sea legal. Entre otras cosas, porque, si no lo hace, lo que estará en riesgo será su liderazgo.
Con su atropellado proceder, Zapatero no sólo ha dejado herida de muerte la credibilidad de la Justicia, sino la posibilidad de que la disolución de ETA se convierta en el triunfo de todos los demócratas.
Pero ¿es sólo una torpeza de Zapatero, o bien una política calculada que consiste en orillar al PP hasta convertirlo en un partido al margen del sistema?
casimiro.g.abadillo@el-mundo.es
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