Contra la paz sucia
4-06-06
CARTA DEL DIRECTOR
Contra la paz sucia
PEDRO J. RAMIREZ
CARTA DEL DIRECTOR
Contra la paz sucia
PEDRO J. RAMIREZ
Hace un año, con motivo del debate sobre el significado del concepto de nación, Zapatero dijo que «las palabras han de estar al servicio de la política y no la política al servicio de las palabras». Puro Lewis Carroll: mandar consiste en poder decidir los nombres de las cosas. Pero si muchos historiadores consideran ya que una de las claves de que Churchill liderara a los británicos hasta la victoria fue su capacidad de «poner el idioma en perfecto orden de combate», mucho me temo que cuando en el futuro se analicen los desastres que hoy se están engendrando habrá que referirse a la disposición de Zapatero a poner el idioma en caótico desorden de retirada.
(.../...)
Pasará en todo caso a las antologías de la deconstrucción del pensamiento lógico su explicación del jueves según la cual la reunión con Batasuna, descrita la antevíspera por Patxi López como «negociación incluyente destinada a ampliar el consenso político» y caracterizada por él mismo la víspera en la tribuna del Congreso como «diálogo político», no será tal, sino tan sólo un «encuentro en el que se les va a instar a que puedan tener un diálogo político».
Con este galimatías, aparentemente ingenuo y bobalicón, el presidente pretende hacernos ignorar que para Batasuna -y para el conjunto de la opinión pública- el medio va a ser, está siendo ya, el mensaje. Es decir, que para este grupo integrado en ETA lo esencial es que la reunión se celebre de modo formal y en flagrante contradicción tanto con la legalidad vigente como con los propios compromisos públicos del presidente. A partir de ahí igual les da que se destine a hablar de los problemas de la cría de la anchoa que de las perspectivas del Alavés, la Real y el Athletic para la próxima temporada, con tal de que no se olvide al Osasuna.
Es obvio que no va a ser bajo ese formato como se alcancen los acuerdos o tan siquiera se discutan los asuntos más serios. Entre otras cosas porque los socialistas vascos llevan tres años -tantos como ETA sin matar- dialogando, negociando y pactando políticamente de forma secreta con los líderes de Batasuna. ¿Y si el único objetivo real de esa cita es -como coloquialmente alega el propio presidente- «hacerse la foto», está justificada tanta zapatiesta, incluida la decisión de EL MUNDO de suspender su «apoyo tasado, provisional y vigilante» al plan de La Moncloa y la amenaza de Rajoy de retirar definitivamente el suyo, total por una foto?
Por supuesto que sí, en la medida en que esa foto implica la autodestrucción de la legalidad, el anhelado primer desbordamiento del marco jurídico vigente y, por lo tanto, el inicio de la cosecha de cuatro décadas de asesinatos y todo tipo de ignominias. La esencia de la democracia no es la cintura, sino la ley. El respeto a las formas jurídicas. El sometimiento a la voluntad del legislador y al imperio de los tribunales. Nos guste o no nos guste, nos favorezca o nos perjudique. Y el gobernante es quien más tiene que predicar con el ejemplo.
La vigencia de la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Supremo ilegalizando Batasuna por su carácter terrorista son referencias insoslayables. Si el poder ejecutivo se las salta a la torera estará socavando los propios cimientos del Estado democrático del que emana y al que en teoría sirve. No vale la excusa de que también el PP se reunió con HB durante la tregua anterior porque entonces la coalición abertzale era legal.
Tampoco el argumento de que quienes aceptábamos una reunión entre el Gobierno y ETA con la condición de que se limitara a tratar el fin de la violencia deberíamos plegarnos a que el PSE mantuviera su cita con Batasuna si el propósito es similar. La diferencia esencial estriba en el carácter del encuentro. Como siempre que se trata con el enemigo, los enviados del Gobierno verán a los etarras en el extranjero de la forma más discreta posible. No habrá fotógrafos o cámaras de televisión -como no los hubo en Argel o Suiza- cuyo testimonio menoscabe la dignidad del Estado.Si se consuma la reunión con Batasuna será, por el contrario, para dejar constancia de que, aun estando fuera de la ley, ha quedado elevada al rango de «interlocutor político».
Eso no son palabras, señor presidente. Eso son hechos que generarán -que han empezado a generar ya- consecuencias prácticas. La primera tiene que ver con el prestigio inducido que está adquiriendo Batasuna en el País Vasco. Sus líderes pueden jactarse sin recato de estar consiguiendo a la sombra de las pistolas lo que no logró el PNV por las buenas con el plan Ibarretxe: abrir un espacio alternativo al actual marco legal. Es verdad que aún no se ha entrado -al menos de manera pública y formal- en la discusión de los nuevos ingredientes, pero esta concesión estratégica del encuentro fuera de la ley implica la apertura de un camino, el de la llamada mesa de resolución, equivalente al que se vedó al lehendakari cuando no se admitió a trámite su proyecto de ruptura disfrazado de reforma estatutaria. Desde la perspectiva peneuvista sólo caben tres interpretaciones: o bien que hay que matar mucho para que te tomen en serio, o bien que ellos no son suficientemente de izquierdas para servir de vanguardia a ningún proceso rupturista o bien que su papel queda reservado para el momento en que al presidente le convenga hacer la goma con los proetarras al modo en que CiU le está ayudando a hacerlo ahora con Esquerra.
La segunda consecuencia tangible del blanqueo gubernamental de la ilegal Batasuna es la forma en que está siendo percibida y tratada por las demás instituciones. Especialmente por la Fiscalía y, a renglón seguido, por los tribunales. Es evidente que la iniciativa gubernamental, anunciada por Patxi López, sirve de estímulo a la condescendencia jurisdiccional y convierte incluso en coherente el falaz sofisma dictado por Conde-Pumpido a su subordinado Jesús Santos, según el cual lo que el juez percibía como presuntas amenazas terroristas no eran sino expresiones del compromiso con la búsqueda de la paz. Como si la experiencia, tantas veces reiterada, permitiera creer que cuando Otegi o Permach advierten que, si no se hace esto o lo otro, se producirá la interrupción o el fracaso del «proceso», estuvieran refiriéndose a que ETA y la llamada izquierda abertzale podrían enfadarse tanto como para terminar recurriendo a los métodos de resistencia pacífica preconizados por Gandhi.
Cuando el Ministerio Público debe llegar a extremos tan ignominiosos, más valdría que Zapatero tuviera el coraje y la franqueza necesarios para proponer abiertamente la derogación de la Ley de Partidos y ahorrarnos al menos la vergüenza de convivir con la flagrante prevaricación de altos funcionarios escudados en la obediencia debida. No lo digo a efectos dialécticos, sino prácticos. Esa norma sólo ha estado en vigor en los últimos cuatro años y, aunque su eficacia en la lucha antiterrorista ha quedado más que probada, es preferible renunciar a ella antes que mantenerla sobre el papel pero dejar de aplicarla de facto, como si se tratara del Pacto por las Libertades que Zapatero promovió y firmó con gran solemnidad cuando le convino para pasárselo por el forro de los mismísimos cuando le ha dejado de convenir.
De hecho yo no estoy en contra de que Zapatero haga concesiones a ETA-Batasuna. Él es quien legítimamente lleva el volante y a él le corresponde la decisión de apretar más o menos el acelerador.Estoy en contra de que lo haga fuera de la ley. El matiz no es trivial. Si el presidente anunciara un acercamiento de presos a cambio de nada, nos parecería un grave error pero EL MUNDO no suspendería por eso su respaldo al proceso negociador, pues estaríamos ante una opción lícita de política penitenciaria.Si el Partido Socialista de Navarra destapara sus intenciones de gobernar en coalición con los nacionalistas y relanzar el órgano de relación permanente con el País Vasco denunciaríamos su traición política, pero tampoco podríamos objetar nada esencial al juego de las mayorías democráticas.
El problema es que lo que se anuncia supone una burla explícita de la ley. Y eso no lo debemos pasar por alto -o decae la reunión o decae la ley o decae para siempre nuestro apoyo- porque se trata de un precedente del suficiente calibre como para que implique en sí mismo todo un discurso del método de la negociación. Si aceptamos que se pueda soslayar la legalidad mediante este atajo, no podremos objetar con coherencia frente a futuros deslizamientos de mayor envergadura que nos llevarán fuera del actual marco jurídico por la vía de los hechos consumados. Y quedaremos atrapados en el utilitarismo de ponderar cada paso exclusivamente en función de sus efectos inmediatos: si a cambio de una foto se consigue ahora que Batasuna diga que nunca más respaldará la violencia, por qué no acceder a tres o cuatro líneas algo ambiguas sobre el derecho de los vascos a decidir a cambio de que ETA diga que nunca más volverá a ejercerla
Sería dramático que uno de los pocos dirigentes socialistas que no protagonizó nunca un solo gesto de solidaridad o apoyo a los implicados en la guerra sucia -incluso cortó el grifo por el que Ferraz pagaba las desaforadas minutas de sus siniestros abogados- siguiera adelante en esta manera sucia de buscar la paz. Por supuesto que hay abismales diferencias morales y penales entre autorizar un encuentro político y autorizar secuestros y asesinatos, pero el aturdimiento de recurrir a procedimientos extraordinarios fuera de la ley en pos de obtener resultados rápidos y eficaces es en el fondo el mismo. Y la ambición, la soberbia política, de quien se ve ungido por el favor del pueblo y se siente sobrado de fuerza y talento para alcanzar las metas más insospechadas, también se parecen bastante a las de aquel otro César Visionario.
Igual de dura puede llegar a ser su caída. Si, según comentaba el otro día en la redacción uno de nuestros mejores analistas políticos, todo gobernante tiene «una especie de carné de conducir por puntos» del que se van desprendiendo los cupones a medida que pierde la credibilidad, hay que decir que esta semana el de Zapatero ha sufrido una buena poda. Cuando cualquiera de nuestros lectores puede comprobar los incumplimientos flagrantes de los compromisos públicos que adquirió en la entrevista que mantuvimos hace sólo mes y medio, es lógico que el estupor vaya cundiendo entre sus interlocutores y seamos muchos los que nos preguntemos cuál es el valor de la palabra de este hombre que ahora nos sale con que la literalidad de lo que se dice no tiene en realidad importancia.
Elevado al cubo ese es el caso de Rajoy, a quien probablemente Zapatero ya ha perdido para siempre como socio potencial en cualquier gran proyecto de Estado. Y no porque su natural sentido de la responsabilidad y la decencia no vayan a seguir empujándole a atender nuevos llamamientos en ese sentido, sino porque después de lo ocurrido esta semana la única manera de que propios y extraños no le tomen por tonto va a ser marcando una implacable distancia y no prestándose a nada que permita sugerir el más mínimo nivel de complicidad con quien tan arteramente ha abusado de su buena fe.
Es obvio que el Debate sobre el estado de la Nación habría transcurrido por otros derroteros si el anuncio de Patxi López se hubiera producido inmediatamente antes de que Rajoy tomara la palabra o al menos éste hubiera sabido que se iba a producir inmediatamente después. Como es absolutamente inverosímil que tanto el contenido como el momento de hacer pública esa iniciativa no estuvieran concertados entre Zapatero y el anodino líder de su sucursal vasca, no cabe sino concluir que el presidente buscó dejar en un embarazoso fuera de juego al líder de la oposición delante del abarrotado estadio. O al menos no le importó nada que eso sucediera. ¿De qué pasta está hecho quien no siente el menor escrúpulo al apuñalar así por la espalda a quien dice necesitar como aliado?
Como Zapatero no tiene un pelo de tonto, y además se está reproduciendo miméticamente la pauta de la evolución de la cuestión catalana, todo sugiere que en realidad el presidente pretendía desencadenar lo que está ocurriendo: que el PP le retirara su confianza. No sólo porque los cromosomas de su educado sectarismo se sienten mucho más bulliciosos en la confrontación que en la colaboración con la derecha, sino porque de esta manera gana margen de maniobra tanto ante Batasuna como ante el propio PNV. Basta que algo le parezca mal a un PP democráticamente aferrado a las normas que forman nuestro bloque de constitucionalidad, para que su ponente encuentre inmediatamente el cálido apego de los nacionalistas tanto radicales como moderados.
Por triste que sea tener que admitirlo, ése es el proyecto que va emergiendo entre la bruma: un pacto eterno entre la izquierda y los nacionalistas para dejar fuera del poder al centro derecha liberal a cambio de ir dinamitando paulatinamente el Estado que emergió del consenso del 78. Zapatero va a intentar que eso suceda de la forma más amortiguada y espaciada posible, mientras Esquerra Republicana y ETA-Batasuna tratarán, cada uno a su modo, de imprimir una velocidad mayor al proceso, dejando una vez más a CiU y PNV en el papel de árbitros a la hora de configurar las mayorías dentro de ese bloque desde el que media España pretende la exclusión, entre descalificaciones y denuestos, de la otra media.
Todo esto sería tan erróneo y detestable como legítimo, si al menos en el caso del País Vasco -ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional del Estatuto catalán- no fuera evidente que la quiebra de la moralidad que tanto angustia y ofende a personas como Rosa Díez o Maite Pagaza transcurre en paralelo a la quiebra de la legalidad. Es la suma de ambos vectores lo que nos arrastra hacia el abismo. ¿Qué margen queda ya para mi quimérica propuesta de interponer entre la «paz» y la «política» un amplio paréntesis destinado a la reconciliación, si ya ni tan siquiera están en habitaciones contiguas, tal y como me prometió Zapatero, sino que nos hemos asomado una mañana y nos las hemos encontrado yaciendo juntas?
Mientras nuestra Irene Villa acude por enésima vez a la única mesa que de verdad frecuenta -la de un quirófano sueco- se preparan ya las sillas de la negociación en la que se discutirá cuánto, cuándo y cómo se les pagará a quienes le amputaron las piernas, a cambio -eso sí- de que no vuelvan nunca más a hacerlo. España se divide, pues -no hay que darle ya más vueltas- entre aquéllos a quienes esto les parece bien y aquéllos a quienes nos parece mal.
Aunque sólo sea por contribuir a preservar el equilibrio emocional colectivo, en un momento en el que todos necesitamos ver las cosas con serenidad y sí, efectivamente, con «sosiego», yo voy a seguir aferrándome a la idea de que el presidente Zapatero se mueve por motivaciones nobles. Pero, como bien explica Gibbon, refiriéndose a las imprudentes decisiones con las que el declinante emperador Honorio trató en vano de cerrar el paso al rey godo Alarico, «la incapacidad de un gobierno débil y confundido puede adoptar con frecuencia la apariencia de un vínculo traidor con un enemigo público y producir las mismas consecuencias».
(.../...)
Pasará en todo caso a las antologías de la deconstrucción del pensamiento lógico su explicación del jueves según la cual la reunión con Batasuna, descrita la antevíspera por Patxi López como «negociación incluyente destinada a ampliar el consenso político» y caracterizada por él mismo la víspera en la tribuna del Congreso como «diálogo político», no será tal, sino tan sólo un «encuentro en el que se les va a instar a que puedan tener un diálogo político».
Con este galimatías, aparentemente ingenuo y bobalicón, el presidente pretende hacernos ignorar que para Batasuna -y para el conjunto de la opinión pública- el medio va a ser, está siendo ya, el mensaje. Es decir, que para este grupo integrado en ETA lo esencial es que la reunión se celebre de modo formal y en flagrante contradicción tanto con la legalidad vigente como con los propios compromisos públicos del presidente. A partir de ahí igual les da que se destine a hablar de los problemas de la cría de la anchoa que de las perspectivas del Alavés, la Real y el Athletic para la próxima temporada, con tal de que no se olvide al Osasuna.
Es obvio que no va a ser bajo ese formato como se alcancen los acuerdos o tan siquiera se discutan los asuntos más serios. Entre otras cosas porque los socialistas vascos llevan tres años -tantos como ETA sin matar- dialogando, negociando y pactando políticamente de forma secreta con los líderes de Batasuna. ¿Y si el único objetivo real de esa cita es -como coloquialmente alega el propio presidente- «hacerse la foto», está justificada tanta zapatiesta, incluida la decisión de EL MUNDO de suspender su «apoyo tasado, provisional y vigilante» al plan de La Moncloa y la amenaza de Rajoy de retirar definitivamente el suyo, total por una foto?
Por supuesto que sí, en la medida en que esa foto implica la autodestrucción de la legalidad, el anhelado primer desbordamiento del marco jurídico vigente y, por lo tanto, el inicio de la cosecha de cuatro décadas de asesinatos y todo tipo de ignominias. La esencia de la democracia no es la cintura, sino la ley. El respeto a las formas jurídicas. El sometimiento a la voluntad del legislador y al imperio de los tribunales. Nos guste o no nos guste, nos favorezca o nos perjudique. Y el gobernante es quien más tiene que predicar con el ejemplo.
La vigencia de la Ley de Partidos y la sentencia del Tribunal Supremo ilegalizando Batasuna por su carácter terrorista son referencias insoslayables. Si el poder ejecutivo se las salta a la torera estará socavando los propios cimientos del Estado democrático del que emana y al que en teoría sirve. No vale la excusa de que también el PP se reunió con HB durante la tregua anterior porque entonces la coalición abertzale era legal.
Tampoco el argumento de que quienes aceptábamos una reunión entre el Gobierno y ETA con la condición de que se limitara a tratar el fin de la violencia deberíamos plegarnos a que el PSE mantuviera su cita con Batasuna si el propósito es similar. La diferencia esencial estriba en el carácter del encuentro. Como siempre que se trata con el enemigo, los enviados del Gobierno verán a los etarras en el extranjero de la forma más discreta posible. No habrá fotógrafos o cámaras de televisión -como no los hubo en Argel o Suiza- cuyo testimonio menoscabe la dignidad del Estado.Si se consuma la reunión con Batasuna será, por el contrario, para dejar constancia de que, aun estando fuera de la ley, ha quedado elevada al rango de «interlocutor político».
Eso no son palabras, señor presidente. Eso son hechos que generarán -que han empezado a generar ya- consecuencias prácticas. La primera tiene que ver con el prestigio inducido que está adquiriendo Batasuna en el País Vasco. Sus líderes pueden jactarse sin recato de estar consiguiendo a la sombra de las pistolas lo que no logró el PNV por las buenas con el plan Ibarretxe: abrir un espacio alternativo al actual marco legal. Es verdad que aún no se ha entrado -al menos de manera pública y formal- en la discusión de los nuevos ingredientes, pero esta concesión estratégica del encuentro fuera de la ley implica la apertura de un camino, el de la llamada mesa de resolución, equivalente al que se vedó al lehendakari cuando no se admitió a trámite su proyecto de ruptura disfrazado de reforma estatutaria. Desde la perspectiva peneuvista sólo caben tres interpretaciones: o bien que hay que matar mucho para que te tomen en serio, o bien que ellos no son suficientemente de izquierdas para servir de vanguardia a ningún proceso rupturista o bien que su papel queda reservado para el momento en que al presidente le convenga hacer la goma con los proetarras al modo en que CiU le está ayudando a hacerlo ahora con Esquerra.
La segunda consecuencia tangible del blanqueo gubernamental de la ilegal Batasuna es la forma en que está siendo percibida y tratada por las demás instituciones. Especialmente por la Fiscalía y, a renglón seguido, por los tribunales. Es evidente que la iniciativa gubernamental, anunciada por Patxi López, sirve de estímulo a la condescendencia jurisdiccional y convierte incluso en coherente el falaz sofisma dictado por Conde-Pumpido a su subordinado Jesús Santos, según el cual lo que el juez percibía como presuntas amenazas terroristas no eran sino expresiones del compromiso con la búsqueda de la paz. Como si la experiencia, tantas veces reiterada, permitiera creer que cuando Otegi o Permach advierten que, si no se hace esto o lo otro, se producirá la interrupción o el fracaso del «proceso», estuvieran refiriéndose a que ETA y la llamada izquierda abertzale podrían enfadarse tanto como para terminar recurriendo a los métodos de resistencia pacífica preconizados por Gandhi.
Cuando el Ministerio Público debe llegar a extremos tan ignominiosos, más valdría que Zapatero tuviera el coraje y la franqueza necesarios para proponer abiertamente la derogación de la Ley de Partidos y ahorrarnos al menos la vergüenza de convivir con la flagrante prevaricación de altos funcionarios escudados en la obediencia debida. No lo digo a efectos dialécticos, sino prácticos. Esa norma sólo ha estado en vigor en los últimos cuatro años y, aunque su eficacia en la lucha antiterrorista ha quedado más que probada, es preferible renunciar a ella antes que mantenerla sobre el papel pero dejar de aplicarla de facto, como si se tratara del Pacto por las Libertades que Zapatero promovió y firmó con gran solemnidad cuando le convino para pasárselo por el forro de los mismísimos cuando le ha dejado de convenir.
De hecho yo no estoy en contra de que Zapatero haga concesiones a ETA-Batasuna. Él es quien legítimamente lleva el volante y a él le corresponde la decisión de apretar más o menos el acelerador.Estoy en contra de que lo haga fuera de la ley. El matiz no es trivial. Si el presidente anunciara un acercamiento de presos a cambio de nada, nos parecería un grave error pero EL MUNDO no suspendería por eso su respaldo al proceso negociador, pues estaríamos ante una opción lícita de política penitenciaria.Si el Partido Socialista de Navarra destapara sus intenciones de gobernar en coalición con los nacionalistas y relanzar el órgano de relación permanente con el País Vasco denunciaríamos su traición política, pero tampoco podríamos objetar nada esencial al juego de las mayorías democráticas.
El problema es que lo que se anuncia supone una burla explícita de la ley. Y eso no lo debemos pasar por alto -o decae la reunión o decae la ley o decae para siempre nuestro apoyo- porque se trata de un precedente del suficiente calibre como para que implique en sí mismo todo un discurso del método de la negociación. Si aceptamos que se pueda soslayar la legalidad mediante este atajo, no podremos objetar con coherencia frente a futuros deslizamientos de mayor envergadura que nos llevarán fuera del actual marco jurídico por la vía de los hechos consumados. Y quedaremos atrapados en el utilitarismo de ponderar cada paso exclusivamente en función de sus efectos inmediatos: si a cambio de una foto se consigue ahora que Batasuna diga que nunca más respaldará la violencia, por qué no acceder a tres o cuatro líneas algo ambiguas sobre el derecho de los vascos a decidir a cambio de que ETA diga que nunca más volverá a ejercerla
Sería dramático que uno de los pocos dirigentes socialistas que no protagonizó nunca un solo gesto de solidaridad o apoyo a los implicados en la guerra sucia -incluso cortó el grifo por el que Ferraz pagaba las desaforadas minutas de sus siniestros abogados- siguiera adelante en esta manera sucia de buscar la paz. Por supuesto que hay abismales diferencias morales y penales entre autorizar un encuentro político y autorizar secuestros y asesinatos, pero el aturdimiento de recurrir a procedimientos extraordinarios fuera de la ley en pos de obtener resultados rápidos y eficaces es en el fondo el mismo. Y la ambición, la soberbia política, de quien se ve ungido por el favor del pueblo y se siente sobrado de fuerza y talento para alcanzar las metas más insospechadas, también se parecen bastante a las de aquel otro César Visionario.
Igual de dura puede llegar a ser su caída. Si, según comentaba el otro día en la redacción uno de nuestros mejores analistas políticos, todo gobernante tiene «una especie de carné de conducir por puntos» del que se van desprendiendo los cupones a medida que pierde la credibilidad, hay que decir que esta semana el de Zapatero ha sufrido una buena poda. Cuando cualquiera de nuestros lectores puede comprobar los incumplimientos flagrantes de los compromisos públicos que adquirió en la entrevista que mantuvimos hace sólo mes y medio, es lógico que el estupor vaya cundiendo entre sus interlocutores y seamos muchos los que nos preguntemos cuál es el valor de la palabra de este hombre que ahora nos sale con que la literalidad de lo que se dice no tiene en realidad importancia.
Elevado al cubo ese es el caso de Rajoy, a quien probablemente Zapatero ya ha perdido para siempre como socio potencial en cualquier gran proyecto de Estado. Y no porque su natural sentido de la responsabilidad y la decencia no vayan a seguir empujándole a atender nuevos llamamientos en ese sentido, sino porque después de lo ocurrido esta semana la única manera de que propios y extraños no le tomen por tonto va a ser marcando una implacable distancia y no prestándose a nada que permita sugerir el más mínimo nivel de complicidad con quien tan arteramente ha abusado de su buena fe.
Es obvio que el Debate sobre el estado de la Nación habría transcurrido por otros derroteros si el anuncio de Patxi López se hubiera producido inmediatamente antes de que Rajoy tomara la palabra o al menos éste hubiera sabido que se iba a producir inmediatamente después. Como es absolutamente inverosímil que tanto el contenido como el momento de hacer pública esa iniciativa no estuvieran concertados entre Zapatero y el anodino líder de su sucursal vasca, no cabe sino concluir que el presidente buscó dejar en un embarazoso fuera de juego al líder de la oposición delante del abarrotado estadio. O al menos no le importó nada que eso sucediera. ¿De qué pasta está hecho quien no siente el menor escrúpulo al apuñalar así por la espalda a quien dice necesitar como aliado?
Como Zapatero no tiene un pelo de tonto, y además se está reproduciendo miméticamente la pauta de la evolución de la cuestión catalana, todo sugiere que en realidad el presidente pretendía desencadenar lo que está ocurriendo: que el PP le retirara su confianza. No sólo porque los cromosomas de su educado sectarismo se sienten mucho más bulliciosos en la confrontación que en la colaboración con la derecha, sino porque de esta manera gana margen de maniobra tanto ante Batasuna como ante el propio PNV. Basta que algo le parezca mal a un PP democráticamente aferrado a las normas que forman nuestro bloque de constitucionalidad, para que su ponente encuentre inmediatamente el cálido apego de los nacionalistas tanto radicales como moderados.
Por triste que sea tener que admitirlo, ése es el proyecto que va emergiendo entre la bruma: un pacto eterno entre la izquierda y los nacionalistas para dejar fuera del poder al centro derecha liberal a cambio de ir dinamitando paulatinamente el Estado que emergió del consenso del 78. Zapatero va a intentar que eso suceda de la forma más amortiguada y espaciada posible, mientras Esquerra Republicana y ETA-Batasuna tratarán, cada uno a su modo, de imprimir una velocidad mayor al proceso, dejando una vez más a CiU y PNV en el papel de árbitros a la hora de configurar las mayorías dentro de ese bloque desde el que media España pretende la exclusión, entre descalificaciones y denuestos, de la otra media.
Todo esto sería tan erróneo y detestable como legítimo, si al menos en el caso del País Vasco -ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional del Estatuto catalán- no fuera evidente que la quiebra de la moralidad que tanto angustia y ofende a personas como Rosa Díez o Maite Pagaza transcurre en paralelo a la quiebra de la legalidad. Es la suma de ambos vectores lo que nos arrastra hacia el abismo. ¿Qué margen queda ya para mi quimérica propuesta de interponer entre la «paz» y la «política» un amplio paréntesis destinado a la reconciliación, si ya ni tan siquiera están en habitaciones contiguas, tal y como me prometió Zapatero, sino que nos hemos asomado una mañana y nos las hemos encontrado yaciendo juntas?
Mientras nuestra Irene Villa acude por enésima vez a la única mesa que de verdad frecuenta -la de un quirófano sueco- se preparan ya las sillas de la negociación en la que se discutirá cuánto, cuándo y cómo se les pagará a quienes le amputaron las piernas, a cambio -eso sí- de que no vuelvan nunca más a hacerlo. España se divide, pues -no hay que darle ya más vueltas- entre aquéllos a quienes esto les parece bien y aquéllos a quienes nos parece mal.
Aunque sólo sea por contribuir a preservar el equilibrio emocional colectivo, en un momento en el que todos necesitamos ver las cosas con serenidad y sí, efectivamente, con «sosiego», yo voy a seguir aferrándome a la idea de que el presidente Zapatero se mueve por motivaciones nobles. Pero, como bien explica Gibbon, refiriéndose a las imprudentes decisiones con las que el declinante emperador Honorio trató en vano de cerrar el paso al rey godo Alarico, «la incapacidad de un gobierno débil y confundido puede adoptar con frecuencia la apariencia de un vínculo traidor con un enemigo público y producir las mismas consecuencias».
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