La juez que investiga el asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez ve delito en el diputado Puig
25-05-06
La juez que investiga el asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez ve delito en el diputado Puig
Eleva al Supremo una exposición razonada en la que atribuye al parlamentario de ERC coacciones, por irrumpir «con violencia física» en el domicilio del director de EL MUNDO
MARIA PERAL
La juez que investiga el asalto a la piscina de Pedro J. Ramírez ve delito en el diputado Puig
Eleva al Supremo una exposición razonada en la que atribuye al parlamentario de ERC coacciones, por irrumpir «con violencia física» en el domicilio del director de EL MUNDO
MARIA PERAL
MADRID.- La juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manacor, Elena Lillo, ha elevado a la Sala Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que afirma que «existen indicios de criminalidad» contra el diputado de ERC Joan Puig Cordón, al que atribuye un presunto delito de coacciones por participar el 13 de agosto de 2005 en el asalto violento a la piscina de la vivienda que tiene en Mallorca el director de EL MUNDO.
(.../...)
La magistrada recuerda la condición de aforado que actualmente ostenta Joan Puig como miembro del Congreso. Esta circunstancia impide a la juez de Manacor citarle a declarar como imputado, por lo que considera que corresponde al Alto Tribunal incoar una causa especial contra el diputado para que responda de unas presuntas coacciones que, a su juicio, Puig pudo cometer en su modalidad agravada, por afectar al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de Pedro J. Ramírez.
Visto bueno del fiscal
La exposición razonada se ha elevado al Supremo con el informe favorable del Ministerio Fiscal y tras 10 meses de investigación.
La juez relata que el 13 de agosto de 2005 se llevó a cabo en Son Servera una «concentración de protesta» por la ocupación privada de la zona de dominio público de la costa organizada por el denominado Lobby per la Independencia y los partidos ERC, Partido Socialista de Mallorca (PSM) e Izquierda Unida-Los Verdes.
Tras dar una rueda de prensa, varias personas -entre las que se encontraban José Martí Sastre; Juan Lladó, presidente de ERC en Baleares; Pere Daniel Pol, concejal de los Independientes de Benisalem; Jaume Sastre, dirigente del Lobby, y la concejal de IU Concepción Peña, además del diputado Puig- «trataron de acceder a la piscina» situada en la residencia del director de EL MUNDO, «utilizando para ello dos accesos en los que se encontraba situado personal de seguridad privada contratado por el propietario de la vivienda, el cual advirtió de la imposibilidad de acceso a dicha zona».
Se inició entonces un «forcejeo» a consecuencia del cual resultaron lesionados cuatro de los asaltantes y dos guardas jurados.
Según la magistrada, concurren todos los elementos que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apreciar el delito de coacciones. «Tanto los imputados en la presente causa [la que ha tramitado el Juzgado de Manacor] como Puig Cordón trataron de acceder a la zona en la que se encontraba la piscina llegando a conseguirlo efectivamente, utilizando para ello violencia física que se materializó en el forcejeo producido con los miembros del personal de seguridad privada».
El «empleo de medios violentos» se desprende, añade la instructora, de las propias declaraciones de los asaltantes. El concejal Pol admitió ante la juez que «se puso con sus compañeros intentando pasar y ejerció fuerza para que no les tiraran y mantener la posición», añadiendo que «el guarda de seguridad, al ver que no podía con las cuatro personas, cedió». El republicano Lladó dijo que, en un momento dado, «tiró y se metió en la piscina».La parlamentaria autonómica del PSM María Antonia Vadell, al ser preguntada si alguna de las personas que intentaban pasar al recinto ejerció algún tipo de fuerza, respondió: «Sólo para subir».
Por su parte, los guardas jurados describieron los insultos y agresiones que recibieron tras ver venir a un grupo de personas que «se acercaron de forma tumultuaria e intimidante, profiriendo amenazas». Aunque la resolución no lo menciona, el director de EL MUNDO y su familia se encontraban en ese momento en la residencia.
La juez afirma que los hechos tuvieron «la intensidad suficiente para integrar el tipo penal» de coacciones «dado el número de personas que trataron de acceder a dicha zona, entre las que se encontraban los imputados y Puig Cordón, así como la cantidad y entidad de las lesiones que presentan los intervinientes en los hechos».
Añade que los asaltantes querían impedir al propietario de la vivienda el uso exclusivo de la piscina «restringiendo de este modo la libertad de Pedro J. Ramírez de hacer uso de la citada instalación». Impedimento que la juez considera «ilícito desde la perspectiva de la normal convivencia» ya que los asaltantes optaron por utilizar una vía violenta en vez de acudir a las impugnaciones correspondientes si discrepaban de las resoluciones administrativas que legitimaron el uso exclusivo de la piscina.
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La magistrada recuerda la condición de aforado que actualmente ostenta Joan Puig como miembro del Congreso. Esta circunstancia impide a la juez de Manacor citarle a declarar como imputado, por lo que considera que corresponde al Alto Tribunal incoar una causa especial contra el diputado para que responda de unas presuntas coacciones que, a su juicio, Puig pudo cometer en su modalidad agravada, por afectar al ejercicio del derecho fundamental a la libertad de Pedro J. Ramírez.
Visto bueno del fiscal
La exposición razonada se ha elevado al Supremo con el informe favorable del Ministerio Fiscal y tras 10 meses de investigación.
La juez relata que el 13 de agosto de 2005 se llevó a cabo en Son Servera una «concentración de protesta» por la ocupación privada de la zona de dominio público de la costa organizada por el denominado Lobby per la Independencia y los partidos ERC, Partido Socialista de Mallorca (PSM) e Izquierda Unida-Los Verdes.
Tras dar una rueda de prensa, varias personas -entre las que se encontraban José Martí Sastre; Juan Lladó, presidente de ERC en Baleares; Pere Daniel Pol, concejal de los Independientes de Benisalem; Jaume Sastre, dirigente del Lobby, y la concejal de IU Concepción Peña, además del diputado Puig- «trataron de acceder a la piscina» situada en la residencia del director de EL MUNDO, «utilizando para ello dos accesos en los que se encontraba situado personal de seguridad privada contratado por el propietario de la vivienda, el cual advirtió de la imposibilidad de acceso a dicha zona».
Se inició entonces un «forcejeo» a consecuencia del cual resultaron lesionados cuatro de los asaltantes y dos guardas jurados.
Según la magistrada, concurren todos los elementos que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo para apreciar el delito de coacciones. «Tanto los imputados en la presente causa [la que ha tramitado el Juzgado de Manacor] como Puig Cordón trataron de acceder a la zona en la que se encontraba la piscina llegando a conseguirlo efectivamente, utilizando para ello violencia física que se materializó en el forcejeo producido con los miembros del personal de seguridad privada».
El «empleo de medios violentos» se desprende, añade la instructora, de las propias declaraciones de los asaltantes. El concejal Pol admitió ante la juez que «se puso con sus compañeros intentando pasar y ejerció fuerza para que no les tiraran y mantener la posición», añadiendo que «el guarda de seguridad, al ver que no podía con las cuatro personas, cedió». El republicano Lladó dijo que, en un momento dado, «tiró y se metió en la piscina».La parlamentaria autonómica del PSM María Antonia Vadell, al ser preguntada si alguna de las personas que intentaban pasar al recinto ejerció algún tipo de fuerza, respondió: «Sólo para subir».
Por su parte, los guardas jurados describieron los insultos y agresiones que recibieron tras ver venir a un grupo de personas que «se acercaron de forma tumultuaria e intimidante, profiriendo amenazas». Aunque la resolución no lo menciona, el director de EL MUNDO y su familia se encontraban en ese momento en la residencia.
La juez afirma que los hechos tuvieron «la intensidad suficiente para integrar el tipo penal» de coacciones «dado el número de personas que trataron de acceder a dicha zona, entre las que se encontraban los imputados y Puig Cordón, así como la cantidad y entidad de las lesiones que presentan los intervinientes en los hechos».
Añade que los asaltantes querían impedir al propietario de la vivienda el uso exclusivo de la piscina «restringiendo de este modo la libertad de Pedro J. Ramírez de hacer uso de la citada instalación». Impedimento que la juez considera «ilícito desde la perspectiva de la normal convivencia» ya que los asaltantes optaron por utilizar una vía violenta en vez de acudir a las impugnaciones correspondientes si discrepaban de las resoluciones administrativas que legitimaron el uso exclusivo de la piscina.
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