POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, POR LA LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS
21-09-06
Editorial
POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, POR LA LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS
Editorial
POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, POR LA LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRATICAS
Somos conscientes de la enorme trascendencia política y penal de la información que hoy ponemos a disposición de la opinión pública. Los hechos que describimos tienen toda la apariencia de sendos delitos de falsedad en documento oficial y de ocultación de pruebas a la Justicia. Pero no somos nosotros quienes acusamos, sino los elocuentes documentos que, tan pronto como hemos lícitamente obtenido, trasladamos al conocimiento de los lectores.
Como en otras ocasiones de infausto recuerdo nuestra primera decisión ha sido entregarlos también a la Justicia. Anoche antes de que comenzaran a rodar nuestras rotativas quedaron depositados en el registro de entrada de la Audiencia Nacional a la atención del magistrado Juan del Olmo. Es cierto que nuestra opinión sobre su forma de instruir el sumario del 11-M ha sido y continúa siendo extremadamente crítica. Es cierto que llegó a imputar un delito de desobediencia a nuestro director por negarse a entregarle una documentación de la que luego dispusieron los demás medios sin que él los tratara por el mismo rasero. Es cierto que la reciente resolución auspiciada por los vocales del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, librándole de un expediente por falta muy grave, puede llevar a pensar que tal vez actúe condicionado. Sí, todo eso es cierto... pero él es el juez. Y el juez, cada juez, sometido a la revisión jurisdiccional de sus decisiones, encarna la Justicia. O sea el Estado de Derecho, o sea el sometimiento al principio de legalidad, o sea la tutela efectiva de los derechos constitucionales de todos los españoles. O sea todo aquello en lo que siempre hemos creído. Todo lo que constituye nuestro faro, nuestro afán y nuestra guía.
También apelamos, como hicimos en el pasado con muy frustrantes resultados, a la honorabilidad personal y política del presidente del Gobierno. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero nada ha sucedido que nos permita poner en cuestión ni la una ni la otra. Pero ante hechos de la gravedad de los que hoy describimos y probamos, mucho nos tememos que no va a tener más remedio que acreditar ambas, impulsando una investigación rotunda y transparente de lo ocurrido, poniéndose a la cabeza de la manifestación en la depuración de responsabilidades administrativas y políticas -perfectamente compatibles con lo que haga la Justicia- y ofreciendo cuanto antes a los españoles una explicación completa de estos y otros hechos análogos que hayan podido adulterar la investigación de la masacre del 11-M.
Tan grave es todo esto, tan trascendente es lo que está en juego, que por una vez EL MUNDO aplazará 24 horas el análisis editorial de estas revelaciones, dando así la oportunidad al Ministerio del Interior y al Gobierno en su conjunto de formular cuantas matizaciones, alegaciones o aclaraciones consideren pertinentes. Nuestros lectores pueden imaginar perfectamente lo que pensamos y lo que sentimos ante hechos como los hoy descritos, pero nos parece propio del juego limpio democrático antes de formular la acusación escuchar -si los hay- los argumentos de la defensa.
Ayer todos los demás grupos políticos de la cámara secundaron una inaudita moción contra el PP, erigiéndose en una especie de frente opositor de la oposición y comprometiéndose a no secundar ninguna de sus iniciativas parlamentarias en relación al 11-M. ¿Mantendrán esa misma posición después de leer nuestra información de hoy y cotejar la documentación que la acompaña? El cinismo político puede no tener límites y cualquiera sabe por dónde tratará de escabullirse cada uno. Pero quien mantenga esa cerrazón no podrá seguir alegando que lo hace en defensa de la independencia de la Justicia y de la legitimidad de las instituciones.
No hay mejor manera de hacer independientes a los jueces que proporcionarles los elementos necesarios para que cumplan con su deber. Esa es la obligación esencial de la Policía, pero la prensa libre también puede y debe contribuir a ello. Y no hay forma más eficaz de legitimar las instituciones que recurrir a ellas -es decir a los tres poderes del Estado- cuando surge una situación-límite del calibre de la que hoy describimos.
Esto no es una nueva entrega de esa serie sobre los agujeros negros del 11-M que tantos caminos ha abierto a la investigación de los hechos y al fundado cuestionamiento de la versión oficial, esto no es el descubrimiento de un supuesto informe más o menos genérico como aquel al que se refirió hace poco Díaz de Mera, esto no es ni siquiera una nueva revelación de aspectos sumariales tan trascendentes como la presencia en la casa de Morata de personas ajenas al comando islamista. No, esto es otra cosa y desde este mismo momento hasta quienes menos nos quieren o respetan ya lo saben.
Como en otras ocasiones de infausto recuerdo nuestra primera decisión ha sido entregarlos también a la Justicia. Anoche antes de que comenzaran a rodar nuestras rotativas quedaron depositados en el registro de entrada de la Audiencia Nacional a la atención del magistrado Juan del Olmo. Es cierto que nuestra opinión sobre su forma de instruir el sumario del 11-M ha sido y continúa siendo extremadamente crítica. Es cierto que llegó a imputar un delito de desobediencia a nuestro director por negarse a entregarle una documentación de la que luego dispusieron los demás medios sin que él los tratara por el mismo rasero. Es cierto que la reciente resolución auspiciada por los vocales del PSOE en el Consejo General del Poder Judicial, librándole de un expediente por falta muy grave, puede llevar a pensar que tal vez actúe condicionado. Sí, todo eso es cierto... pero él es el juez. Y el juez, cada juez, sometido a la revisión jurisdiccional de sus decisiones, encarna la Justicia. O sea el Estado de Derecho, o sea el sometimiento al principio de legalidad, o sea la tutela efectiva de los derechos constitucionales de todos los españoles. O sea todo aquello en lo que siempre hemos creído. Todo lo que constituye nuestro faro, nuestro afán y nuestra guía.
También apelamos, como hicimos en el pasado con muy frustrantes resultados, a la honorabilidad personal y política del presidente del Gobierno. En el caso de José Luis Rodríguez Zapatero nada ha sucedido que nos permita poner en cuestión ni la una ni la otra. Pero ante hechos de la gravedad de los que hoy describimos y probamos, mucho nos tememos que no va a tener más remedio que acreditar ambas, impulsando una investigación rotunda y transparente de lo ocurrido, poniéndose a la cabeza de la manifestación en la depuración de responsabilidades administrativas y políticas -perfectamente compatibles con lo que haga la Justicia- y ofreciendo cuanto antes a los españoles una explicación completa de estos y otros hechos análogos que hayan podido adulterar la investigación de la masacre del 11-M.
Tan grave es todo esto, tan trascendente es lo que está en juego, que por una vez EL MUNDO aplazará 24 horas el análisis editorial de estas revelaciones, dando así la oportunidad al Ministerio del Interior y al Gobierno en su conjunto de formular cuantas matizaciones, alegaciones o aclaraciones consideren pertinentes. Nuestros lectores pueden imaginar perfectamente lo que pensamos y lo que sentimos ante hechos como los hoy descritos, pero nos parece propio del juego limpio democrático antes de formular la acusación escuchar -si los hay- los argumentos de la defensa.
Ayer todos los demás grupos políticos de la cámara secundaron una inaudita moción contra el PP, erigiéndose en una especie de frente opositor de la oposición y comprometiéndose a no secundar ninguna de sus iniciativas parlamentarias en relación al 11-M. ¿Mantendrán esa misma posición después de leer nuestra información de hoy y cotejar la documentación que la acompaña? El cinismo político puede no tener límites y cualquiera sabe por dónde tratará de escabullirse cada uno. Pero quien mantenga esa cerrazón no podrá seguir alegando que lo hace en defensa de la independencia de la Justicia y de la legitimidad de las instituciones.
No hay mejor manera de hacer independientes a los jueces que proporcionarles los elementos necesarios para que cumplan con su deber. Esa es la obligación esencial de la Policía, pero la prensa libre también puede y debe contribuir a ello. Y no hay forma más eficaz de legitimar las instituciones que recurrir a ellas -es decir a los tres poderes del Estado- cuando surge una situación-límite del calibre de la que hoy describimos.
Esto no es una nueva entrega de esa serie sobre los agujeros negros del 11-M que tantos caminos ha abierto a la investigación de los hechos y al fundado cuestionamiento de la versión oficial, esto no es el descubrimiento de un supuesto informe más o menos genérico como aquel al que se refirió hace poco Díaz de Mera, esto no es ni siquiera una nueva revelación de aspectos sumariales tan trascendentes como la presencia en la casa de Morata de personas ajenas al comando islamista. No, esto es otra cosa y desde este mismo momento hasta quienes menos nos quieren o respetan ya lo saben.
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