El Gobierno volvió a negociar tras la T-4 hasta que en mayo ETA le dio un ultimátum político
24-06-07
VUELTA A LAS ARMAS / Las negociaciones
El Gobierno volvió a negociar tras la T-4 hasta que en mayo ETA le dio un ultimátum político
'Gara' confirma que el Ejecutivo hizo nuevas ofertas tras el atentado, pero la banda le exigió cambios legales para la autodeterminación vasca y navarra
MADRID.- El Gobierno retomó las negociaciones con ETA después del atentado de la T-4 de Barajas en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos. Las informaciones del diario Gara, que estos días detalla el desarrollo final del proceso de paz hasta su ruptura, confirman que el Ejecutivo trató de salvar las conversaciones, incluso ofreciendo un «cambio del esquema» negociador, ya que la banda terrorista trataba de mezclar la negociación política con la puramente militar.
(.../...)
La banda filtra ahora al diario radical el momento de la ruptura definitiva de la negociación. Gara describe cómo entre los días 14 y 21 de mayo pasado, se intercalaron reuniones de ambas mesas -una, PSE-Batasuna y la otra, Gobierno-ETA- en las que, bajo la mediación de observadores internacionales, la banda impuso un ultimátum puramente político para seguir adelante y a cambio desactivaría «la lucha armada» y desmantelaría sus «estructuras militares». Ante la negativa de los negociadores de Zapatero ETA rompió el proceso.
La banda explica que los negociadores del Gobierno se negaron a recoger el documento, pese a que reconocieron que ofrecía posibilidades reales de avanzar. En esos papeles se condensaba la propuesta final, el ultimátum político de ETA, desglosado en nueve puntos.
1) La banda exigía el mantenimiento de los acuerdos de julio de 2005 que llevaron al alto el fuego. 2) Se exigía, asimismo, la legalización de ASB (Abertzale Sozialisten Batasuna) antes de los comicios del 27-M. 3) Posteriormente, el Gobierno debía derogar la Ley de Partidos. 4) Los acuerdos que llevaron a la declaración de tregua y a la de Zapatero en el Congreso se debían plasmar en una mesa de partidos políticos vascos. 5) El acuerdo debería incluir: la unidad territorial de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra con un «único marco jurídico-político» y el «derecho a decidir de los ciudadanos vascos». 6) El Ejecutivo estaba obligado a «humanizar» el conflicto liberando a los presos enfermos, derogando lo que ETA denomina la «doctrina Parot» de cumplimiento íntegro de penas y reagrupando «a los presos políticos vascos en Euskal Herria». 7) Luego llegaría lo que llama la banda una «tercera fase», es decir, la discusión de los asuntos aparcados -exiliados, huidos, víctimas, desmilitarización, accidentes, comisión de verificación...- 8) Ambas partes se obligan a una «distensión bilateral»: El Gobierno reduciría la presencia policial, evitaría las detenciones además de garantizar la actividad política de la izquierda abertzale, y ETA promete un comunicado en el que renunciaría de manera expresa a la «respuesta armada» y al «abastecimiento de armas y explosivos». 9) Así, cumpliéndose estos puntos en la legislatura 2008-2012, ETA se comprometía a «desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares».
Gara también detalla el ofrecimiento del Gobierno para negociar las listas de ANV que puedan salvarse de la impugnación antes del 27-M y la negativa de ETA, pues sólo reconoce a ASB como su apuesta electoral y lo que tila de «una última pirueta» del Ejecutivo, garantizar la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones generales de 2008 y en las vascas de 2009.
'Suspensión' o no tras la T-4
Todo esto confirma las ofertas del Gobierno pese a haber anunciado la «suspensión» del proceso tras la T-4, como publicó este periódico. Tres meses después del doble asesinato en Barajas, un representante gubernamental trató de obtener garantías de que no habría nuevos atentados.
Pero si se confirma lo que sugiere Gara, el Ejecutivo llegó a ofrecer «modificar el esquema» de las dos mesas -una política y otra militar-, lo que resultaría de extraordinaria gravedad, pues la división de las mesas fue ideada para garantizar que los terroristas no iban a determinar la negociación política y preservaba que se cumpliría la frase de Zapatero: «primero la paz, luego la política».
Ya Gara relataba que ETA y el Ejecutivo trataron cuestiones políticas al asumir la posibilidad de retomar el proceso a partir del desacuerdo entre Batasuna, PSE y PNV de las conversaciones secretas de Loyola; el diario afirma que el Gobierno ofreció legalizar a la izquierda abertzale a cambio de «seguir sin atentados».
Pero ETA se negaba a emitir el comunicado que reclamaba el Gobierno, de modo que el enviado de Zapatero se comprometió a volver a abrir la negociación en los carriles político y militar si ASB acercaba sus estatutos a la Ley de Partidos y si ETA no atentaba. Pero la banda rehusó una vez más. Quería la garantía de que se iba a lograr un acuerdo político. El interlocutor del Gobierno le reprochó que se saltara su compromiso de no mezclar las dos mesas. a lo que la banda le recordó que siempre lo había hecho -«que la necesidad de ese consenso estaba definida con claridad» cuando se pactó el comunicado leído por el presidente en el Congreso-, y fue aquí cuando el enviado del Ejecutivo dijo que, aunque dentro de la Constitución, no había nada insalvable y que había posibilidad de «modificar el esquema».
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La banda filtra ahora al diario radical el momento de la ruptura definitiva de la negociación. Gara describe cómo entre los días 14 y 21 de mayo pasado, se intercalaron reuniones de ambas mesas -una, PSE-Batasuna y la otra, Gobierno-ETA- en las que, bajo la mediación de observadores internacionales, la banda impuso un ultimátum puramente político para seguir adelante y a cambio desactivaría «la lucha armada» y desmantelaría sus «estructuras militares». Ante la negativa de los negociadores de Zapatero ETA rompió el proceso.
La banda explica que los negociadores del Gobierno se negaron a recoger el documento, pese a que reconocieron que ofrecía posibilidades reales de avanzar. En esos papeles se condensaba la propuesta final, el ultimátum político de ETA, desglosado en nueve puntos.
1) La banda exigía el mantenimiento de los acuerdos de julio de 2005 que llevaron al alto el fuego. 2) Se exigía, asimismo, la legalización de ASB (Abertzale Sozialisten Batasuna) antes de los comicios del 27-M. 3) Posteriormente, el Gobierno debía derogar la Ley de Partidos. 4) Los acuerdos que llevaron a la declaración de tregua y a la de Zapatero en el Congreso se debían plasmar en una mesa de partidos políticos vascos. 5) El acuerdo debería incluir: la unidad territorial de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra con un «único marco jurídico-político» y el «derecho a decidir de los ciudadanos vascos». 6) El Ejecutivo estaba obligado a «humanizar» el conflicto liberando a los presos enfermos, derogando lo que ETA denomina la «doctrina Parot» de cumplimiento íntegro de penas y reagrupando «a los presos políticos vascos en Euskal Herria». 7) Luego llegaría lo que llama la banda una «tercera fase», es decir, la discusión de los asuntos aparcados -exiliados, huidos, víctimas, desmilitarización, accidentes, comisión de verificación...- 8) Ambas partes se obligan a una «distensión bilateral»: El Gobierno reduciría la presencia policial, evitaría las detenciones además de garantizar la actividad política de la izquierda abertzale, y ETA promete un comunicado en el que renunciaría de manera expresa a la «respuesta armada» y al «abastecimiento de armas y explosivos». 9) Así, cumpliéndose estos puntos en la legislatura 2008-2012, ETA se comprometía a «desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares».
Gara también detalla el ofrecimiento del Gobierno para negociar las listas de ANV que puedan salvarse de la impugnación antes del 27-M y la negativa de ETA, pues sólo reconoce a ASB como su apuesta electoral y lo que tila de «una última pirueta» del Ejecutivo, garantizar la presencia de la izquierda abertzale en las elecciones generales de 2008 y en las vascas de 2009.
'Suspensión' o no tras la T-4
Todo esto confirma las ofertas del Gobierno pese a haber anunciado la «suspensión» del proceso tras la T-4, como publicó este periódico. Tres meses después del doble asesinato en Barajas, un representante gubernamental trató de obtener garantías de que no habría nuevos atentados.
Pero si se confirma lo que sugiere Gara, el Ejecutivo llegó a ofrecer «modificar el esquema» de las dos mesas -una política y otra militar-, lo que resultaría de extraordinaria gravedad, pues la división de las mesas fue ideada para garantizar que los terroristas no iban a determinar la negociación política y preservaba que se cumpliría la frase de Zapatero: «primero la paz, luego la política».
Ya Gara relataba que ETA y el Ejecutivo trataron cuestiones políticas al asumir la posibilidad de retomar el proceso a partir del desacuerdo entre Batasuna, PSE y PNV de las conversaciones secretas de Loyola; el diario afirma que el Gobierno ofreció legalizar a la izquierda abertzale a cambio de «seguir sin atentados».
Pero ETA se negaba a emitir el comunicado que reclamaba el Gobierno, de modo que el enviado de Zapatero se comprometió a volver a abrir la negociación en los carriles político y militar si ASB acercaba sus estatutos a la Ley de Partidos y si ETA no atentaba. Pero la banda rehusó una vez más. Quería la garantía de que se iba a lograr un acuerdo político. El interlocutor del Gobierno le reprochó que se saltara su compromiso de no mezclar las dos mesas. a lo que la banda le recordó que siempre lo había hecho -«que la necesidad de ese consenso estaba definida con claridad» cuando se pactó el comunicado leído por el presidente en el Congreso-, y fue aquí cuando el enviado del Ejecutivo dijo que, aunque dentro de la Constitución, no había nada insalvable y que había posibilidad de «modificar el esquema».
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