Tras dos años de negociación ETA exigió lo de siempre: autodeterminación y Navarra
25-06-07
VUELTA A LAS ARMAS / Presentó un escrito al Gobierno en el que modificaba los términos acordados en 2005 y aplazaba la posibilidad de «desactivar la lucha armada» hasta «la consecución definitiva de los acuerdos políticos»
Tras dos años de negociación ETA exigió lo de siempre: autodeterminación y Navarra
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- Después de dos años de reuniones entre el Gobierno y ETA y de cinco años de negociaciones entre el PSE y Batasuna, la banda terrorista volvió a los dos únicos puntos -el derecho de autodeterminación y la incoporación de Navarra al País Vasco- que siempre había incluido en sus exigencias, aunque disfrazase sus requerimientos en épocas de crisis para poder recuperar su capacidad operativa, como así parece haber hecho.
Eso es lo que se desprende de la documentación hecha pública por el diario radical Gara, en la que reproduce e interpreta el contenido de los encuentros entre el Gobierno y ETA. El rotativo realiza un esfuerzo evidente por responsabilizar al PSOE y al Ejecutivo de la ruptura de la tregua al asegurar que ETA se ofreció, en varias reuniones mantenidas en mayo, a «desmantelar sus estructuras militares» y a «desactivar la lucha armada» a cambio de un acuerdo político perfectamente asumible. Pero no fue así.
(.../...)
La literalidad de los documentos publicados indica que, sólo si se llegaba al objetivo político perseguido por la banda, ésta habría desactivado sus estructuras y habría dejado de matar, y demuestra que a lo único que estaba dispuesta era a reiniciar la negociación como si la T-4 jamás hubiese ocurrido. Se comprometió a no abastecerse de explosivos y a no atentar mientras durasen las negociaciones, pero no renunció a seguir entrenando a sus comandos, ni a la kale borroka, ni a la extorsión empresarial. Al fin y al cabo, era un sistema que durante todo el año pasado le fue aceptado y le fue bien.
Además, en su nueva propuesta ETA concretó el objetivo de su ultimátum al exigir, para empezar a hablar, la unidad territorial y un único marco jurídico y político para Navarra y el País Vasco; cuando al iniciar la negociación, un año antes, no lo había planteado así. Al final, de hecho, fue la banda la que dio por inútiles sus reuniones con el Gobierno, que no podía hacer otra cosa que rechazar dicho ultimátum, aunque no cerrase la puerta definitivamente.
Ahora bien, dichos documentos y la secuencia de reuniones habida durante los dos últimos años demuestran, asimismo, que el Ejecutivo y el PSOE negociaron cuestiones políticas con ETA y Batasuna, y aceptaron de facto la tutela de la primera hasta el punto de cambiar el esquema inicial de Anoeta y organizar reuniones paralelas con ambas fuera de nuestro país, después del asesinato de dos personas. No es un detalle baladí que la persona que negociaba en representación del Gobierno en la mesa técnica fuera la misma que se desplazaba hasta la mesa política.
El Ejecutivo, además, aceptó la polisemia tramposa de las expresiones utilizadas por la organización, bien creyendo en su voluntad de encontrar una solución, bien pensando en la improbable posibilidad de engañarla. Finalmente, permitió la presencia de un grupo de mediadores internacionales que le confería la misma legitimidad que a una banda terrorista. En el colmo del absurdo, hubo un momento en el que, una vez que ETA rehusó volver a reunirse con el Ejecutivo, el PSOE lo hizo con Batasuna permitiendo que diera la apariencia ante sus bases de que lo que se había rechazado era un acuerdo negociado con un partido.
Respecto a lo ocurrido, Gara explica que, a principios de mayo, ETA realizó una propuesta. El representante del Gobierno rehusó cogerla y la dejó en manos de los mediadores argumentando que, desde el punto de vista del Gobierno, el proceso estaba roto y podía interpretarse en sentido contrario que lo aceptase.
No obstante, días después, entre el 14 y el 21 de mayo y ante cinco observadores internacionales -tres delegaciones procedentes de diferentes «naciones»-, ETA y Batasuna, en cuatro reuniones paralelas convocadas en la misma ciudad europea, volvieron a sacar el documento. Fue rechazado verbalmente por el Gobierno y por el PSOE, que no realizaron contrapropuesta alguna. La última reunión, la del día 21, fue la protagonizada sólo por Batasuna y el PSOE.
Como en la etapa anterior las reglas habían sido distintas, ETA se extrañó de que el Gobierno le comunicase ahora que «no es posible detener el Estado de Derecho» y que les separase una simple cuestión de orden: «Para ETA, lo importante es el acuerdo político, cuyo desarrollo está dispuesto a acompañar con sus compromisos de desarme»; «para el Gobierno, por contra, la clave es la ausencia de lucha armada y el acuerdo se puede ir trabajando».
La banda realmente no estaba dispuesta a renunciar a las amenazas mientras comprobaba que se satisfacían sus exigencias políticas, pero se hizo la ofendida porque el Ejecutivo simplificó las cosas constatando que su pretensión era «acuerdo ahora o se pone una bomba».
Respecto a la propuesta, ETA solicitaba la elaboración de un documento en el que se recogiesen los principios de julio de 2005, con el preámbulo y las aclaraciones que contextualizaron el discurso pactado para el presidente, pero que nunca fueron publicados. Su propuesta no fue ni por asomo la de entonces. El texto de 2005 decía que la mesa de partidos debía llegar a acuerdos «concernientes al futuro de los ciudadanos de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, constatando la existencia de dos comunidades y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». En el del pasado mes de mayo daba un paso más: exigía «la unidad territorial de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos».
ETA insistió en demandar el derecho de los ciudadanos vascos a elegir su futuro, al que el presidente hizo alusión el 29 de junio y puso sus plazos: solicitó, entre otras cosas, la legalización de ASB, la derogación de la Ley de Partidos en un plazo de seis meses posterior a las elecciones municipales o que los cambios jurídicos se produjesen antes de 2012.
A cambio, su promesa fue: «En el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos del proceso, ETA muestra su compromiso de desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares».
PROPUESTA DE ETA AL GOBIERNO ESPAÑOL EN MAYO DE 2007
«Ante la situación actual de bloqueo en el proceso de negociación y con el objetivo de establecer los pasos que permitan abrir nuevas etapas en el proceso de resolución del conflicto, ETA realiza la siguiente propuesta de acuerdo al Gobierno español.
ETA entiende los siguientes puntos como un desarrollo y concreción de la propuesta presentada al Gobierno español en diciembre del 2006, respondiendo a la necesidad de elaborar una estrategia global y común para el desarrollo del proceso y la consecución de los objetivos políticos que garanticen la superación del conflicto.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español renuevan su compromiso hacia los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y establecerán los mecanismos necesarios para su puesta en práctica.
Acordamos:
El Gobierno español se compromete a legalizar el partido político Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) así como las listas populares presentadas para las elecciones municipales y forales.
Tras la legalización de dicha formación política, el Gobierno español garantizará que ningún miembro, estructura ni actividad política de dicha organización será objeto de persecución por parte de los poderes del Estado español en el desarrollo de su actividad política.
Se establece mayo del 2007 como la fecha límite para permitir la legalización de la actividad de Abertzale Sozialisten Batasuna.
Acordamos:
El Gobierno español adquiere el compromiso de derogar la Ley de Partidos.
La derogación de la Ley de Partidos se producirá tras la celebración de las elecciones forales y municipales de mayo del 2007, en el plazo máximo de seis meses tras la fecha indicada.
Acordamos:
Los principios establecidos en los apartados correspondientes a la declaración del presidente del Gobierno, el preámbulo y las aclaraciones, serán recogidos en un acuerdo político entre los partidos políticos vascos que garantice la superación del conflicto, en el marco de las conversaciones políticas iniciadas y en los foros constituidos a tal efecto.
El acuerdo político entre los partidos políticos vascos se firmará tras la celebración de las elecciones municipales y forales de mayo de 2007.
Dicho acuerdo político deberá recoger las bases políticas que resuelvan el conflicto:
- La unidad territorial de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos.
- El derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro.
El acuerdo político firmado entre las fuerzas políticas vascas y los cambios de marco jurídico-político consiguientes se implementarán y desarrollarán durante la legislatura del Gobierno español que finaliza en 2012, siendo consecuencia de todo ello la resolución definitiva del conflicto político y armado.
Los cambios políticos se realizarán partiendo de la legalidad vigente, que será modificable en el futuro y en ningún caso será un límite para la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio.
Acordamos:
El Gobierno español se compromete a dar los siguientes pasos en la humanización del conflicto y en la desactivación de la legislación de excepción vigente en la actualidad:
- Liberación de los presos políticos vascos que padecen enfermedades graves.
- Derogación de la doctrina Parot y sus efectos.
- Repatriación y reagrupamiento de los presos políticos vascos en Euskal Herria.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español se comprometen a iniciar las negociaciones de la tercera fase.
Dichas negociaciones incluirán los temas concernientes a:
- Presos, exiliados y huidos.
- Víctimas.
- Desmilitarización.
- Comisión de verificación.
- Accidentes.
- Decisión sobre la introducción de otros temas sugeridos.
El desarrollo de los acuerdos concernientes a los temas de la tercera fase será acordado entre ETA y el Gobierno español en paralelo a los avances del proceso político, elaborando estrategias de común acuerdo que posibiliten la resolución del conflicto y sus consecuencias.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español se comprometen a mantener una situación de distensión bilateral durante todo el desarrollo del proceso de negociación y de implementación de los acuerdos.
ETA se compromete a mantener el alto el fuego permanente y a no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos.
ETA se compromete a expresar de manera pública el mantenimiento del alto el fuego permanente y la anulación de la posibilidad de respuesta armada durante el proceso.
El Gobierno español se compromete a cumplir las garantías establecidas en los acuerdos:
- La disminución palpable de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale.
- Garantizar la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos.
- No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas.
Acordamos:
En el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución establecidos en este acuerdo, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) muestra su compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares».
Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.
Eso es lo que se desprende de la documentación hecha pública por el diario radical Gara, en la que reproduce e interpreta el contenido de los encuentros entre el Gobierno y ETA. El rotativo realiza un esfuerzo evidente por responsabilizar al PSOE y al Ejecutivo de la ruptura de la tregua al asegurar que ETA se ofreció, en varias reuniones mantenidas en mayo, a «desmantelar sus estructuras militares» y a «desactivar la lucha armada» a cambio de un acuerdo político perfectamente asumible. Pero no fue así.
(.../...)
La literalidad de los documentos publicados indica que, sólo si se llegaba al objetivo político perseguido por la banda, ésta habría desactivado sus estructuras y habría dejado de matar, y demuestra que a lo único que estaba dispuesta era a reiniciar la negociación como si la T-4 jamás hubiese ocurrido. Se comprometió a no abastecerse de explosivos y a no atentar mientras durasen las negociaciones, pero no renunció a seguir entrenando a sus comandos, ni a la kale borroka, ni a la extorsión empresarial. Al fin y al cabo, era un sistema que durante todo el año pasado le fue aceptado y le fue bien.
Además, en su nueva propuesta ETA concretó el objetivo de su ultimátum al exigir, para empezar a hablar, la unidad territorial y un único marco jurídico y político para Navarra y el País Vasco; cuando al iniciar la negociación, un año antes, no lo había planteado así. Al final, de hecho, fue la banda la que dio por inútiles sus reuniones con el Gobierno, que no podía hacer otra cosa que rechazar dicho ultimátum, aunque no cerrase la puerta definitivamente.
Ahora bien, dichos documentos y la secuencia de reuniones habida durante los dos últimos años demuestran, asimismo, que el Ejecutivo y el PSOE negociaron cuestiones políticas con ETA y Batasuna, y aceptaron de facto la tutela de la primera hasta el punto de cambiar el esquema inicial de Anoeta y organizar reuniones paralelas con ambas fuera de nuestro país, después del asesinato de dos personas. No es un detalle baladí que la persona que negociaba en representación del Gobierno en la mesa técnica fuera la misma que se desplazaba hasta la mesa política.
El Ejecutivo, además, aceptó la polisemia tramposa de las expresiones utilizadas por la organización, bien creyendo en su voluntad de encontrar una solución, bien pensando en la improbable posibilidad de engañarla. Finalmente, permitió la presencia de un grupo de mediadores internacionales que le confería la misma legitimidad que a una banda terrorista. En el colmo del absurdo, hubo un momento en el que, una vez que ETA rehusó volver a reunirse con el Ejecutivo, el PSOE lo hizo con Batasuna permitiendo que diera la apariencia ante sus bases de que lo que se había rechazado era un acuerdo negociado con un partido.
Respecto a lo ocurrido, Gara explica que, a principios de mayo, ETA realizó una propuesta. El representante del Gobierno rehusó cogerla y la dejó en manos de los mediadores argumentando que, desde el punto de vista del Gobierno, el proceso estaba roto y podía interpretarse en sentido contrario que lo aceptase.
No obstante, días después, entre el 14 y el 21 de mayo y ante cinco observadores internacionales -tres delegaciones procedentes de diferentes «naciones»-, ETA y Batasuna, en cuatro reuniones paralelas convocadas en la misma ciudad europea, volvieron a sacar el documento. Fue rechazado verbalmente por el Gobierno y por el PSOE, que no realizaron contrapropuesta alguna. La última reunión, la del día 21, fue la protagonizada sólo por Batasuna y el PSOE.
Como en la etapa anterior las reglas habían sido distintas, ETA se extrañó de que el Gobierno le comunicase ahora que «no es posible detener el Estado de Derecho» y que les separase una simple cuestión de orden: «Para ETA, lo importante es el acuerdo político, cuyo desarrollo está dispuesto a acompañar con sus compromisos de desarme»; «para el Gobierno, por contra, la clave es la ausencia de lucha armada y el acuerdo se puede ir trabajando».
La banda realmente no estaba dispuesta a renunciar a las amenazas mientras comprobaba que se satisfacían sus exigencias políticas, pero se hizo la ofendida porque el Ejecutivo simplificó las cosas constatando que su pretensión era «acuerdo ahora o se pone una bomba».
Respecto a la propuesta, ETA solicitaba la elaboración de un documento en el que se recogiesen los principios de julio de 2005, con el preámbulo y las aclaraciones que contextualizaron el discurso pactado para el presidente, pero que nunca fueron publicados. Su propuesta no fue ni por asomo la de entonces. El texto de 2005 decía que la mesa de partidos debía llegar a acuerdos «concernientes al futuro de los ciudadanos de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, constatando la existencia de dos comunidades y teniendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». En el del pasado mes de mayo daba un paso más: exigía «la unidad territorial de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos».
ETA insistió en demandar el derecho de los ciudadanos vascos a elegir su futuro, al que el presidente hizo alusión el 29 de junio y puso sus plazos: solicitó, entre otras cosas, la legalización de ASB, la derogación de la Ley de Partidos en un plazo de seis meses posterior a las elecciones municipales o que los cambios jurídicos se produjesen antes de 2012.
A cambio, su promesa fue: «En el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos del proceso, ETA muestra su compromiso de desactivar la lucha armada y desmantelar sus estructuras militares».
PROPUESTA DE ETA AL GOBIERNO ESPAÑOL EN MAYO DE 2007
«Ante la situación actual de bloqueo en el proceso de negociación y con el objetivo de establecer los pasos que permitan abrir nuevas etapas en el proceso de resolución del conflicto, ETA realiza la siguiente propuesta de acuerdo al Gobierno español.
ETA entiende los siguientes puntos como un desarrollo y concreción de la propuesta presentada al Gobierno español en diciembre del 2006, respondiendo a la necesidad de elaborar una estrategia global y común para el desarrollo del proceso y la consecución de los objetivos políticos que garanticen la superación del conflicto.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español renuevan su compromiso hacia los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación y establecerán los mecanismos necesarios para su puesta en práctica.
Acordamos:
El Gobierno español se compromete a legalizar el partido político Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) así como las listas populares presentadas para las elecciones municipales y forales.
Tras la legalización de dicha formación política, el Gobierno español garantizará que ningún miembro, estructura ni actividad política de dicha organización será objeto de persecución por parte de los poderes del Estado español en el desarrollo de su actividad política.
Se establece mayo del 2007 como la fecha límite para permitir la legalización de la actividad de Abertzale Sozialisten Batasuna.
Acordamos:
El Gobierno español adquiere el compromiso de derogar la Ley de Partidos.
La derogación de la Ley de Partidos se producirá tras la celebración de las elecciones forales y municipales de mayo del 2007, en el plazo máximo de seis meses tras la fecha indicada.
Acordamos:
Los principios establecidos en los apartados correspondientes a la declaración del presidente del Gobierno, el preámbulo y las aclaraciones, serán recogidos en un acuerdo político entre los partidos políticos vascos que garantice la superación del conflicto, en el marco de las conversaciones políticas iniciadas y en los foros constituidos a tal efecto.
El acuerdo político entre los partidos políticos vascos se firmará tras la celebración de las elecciones municipales y forales de mayo de 2007.
Dicho acuerdo político deberá recoger las bases políticas que resuelvan el conflicto:
- La unidad territorial de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, estableciendo un único marco jurídico-político para los cuatro territorios, que deberá ser refrendado por los ciudadanos vascos.
- El derecho de los ciudadanos vascos a decidir libremente su futuro.
El acuerdo político firmado entre las fuerzas políticas vascas y los cambios de marco jurídico-político consiguientes se implementarán y desarrollarán durante la legislatura del Gobierno español que finaliza en 2012, siendo consecuencia de todo ello la resolución definitiva del conflicto político y armado.
Los cambios políticos se realizarán partiendo de la legalidad vigente, que será modificable en el futuro y en ningún caso será un límite para la voluntad del pueblo vasco, sino garantía de su ejercicio.
Acordamos:
El Gobierno español se compromete a dar los siguientes pasos en la humanización del conflicto y en la desactivación de la legislación de excepción vigente en la actualidad:
- Liberación de los presos políticos vascos que padecen enfermedades graves.
- Derogación de la doctrina Parot y sus efectos.
- Repatriación y reagrupamiento de los presos políticos vascos en Euskal Herria.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español se comprometen a iniciar las negociaciones de la tercera fase.
Dichas negociaciones incluirán los temas concernientes a:
- Presos, exiliados y huidos.
- Víctimas.
- Desmilitarización.
- Comisión de verificación.
- Accidentes.
- Decisión sobre la introducción de otros temas sugeridos.
El desarrollo de los acuerdos concernientes a los temas de la tercera fase será acordado entre ETA y el Gobierno español en paralelo a los avances del proceso político, elaborando estrategias de común acuerdo que posibiliten la resolución del conflicto y sus consecuencias.
Acordamos:
ETA y el Gobierno español se comprometen a mantener una situación de distensión bilateral durante todo el desarrollo del proceso de negociación y de implementación de los acuerdos.
ETA se compromete a mantener el alto el fuego permanente y a no realizar acciones de abastecimiento de armas y explosivos.
ETA se compromete a expresar de manera pública el mantenimiento del alto el fuego permanente y la anulación de la posibilidad de respuesta armada durante el proceso.
El Gobierno español se compromete a cumplir las garantías establecidas en los acuerdos:
- La disminución palpable de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale.
- Garantizar la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de fuerzas políticas y sociales y sin limitaciones de derechos civiles y políticos.
- No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, así como la Ertzaintza y las fuerzas de seguridad francesas.
Acordamos:
En el marco de la consecución definitiva de los objetivos políticos y técnicos del proceso de resolución establecidos en este acuerdo, Euskadi Ta Askatasuna (ETA) muestra su compromiso de desactivar la lucha armada y de desmantelar sus estructuras militares».
Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.
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