UNA SENTENCIA LAMENTABLE QUE LEGITIMA LA IMPUNIDAD POLICIAL
30-06-07
Editorial
UNA SENTENCIA LAMENTABLE QUE LEGITIMA LA IMPUNIDAD POLICIAL
Editorial
UNA SENTENCIA LAMENTABLE QUE LEGITIMA LA IMPUNIDAD POLICIAL
La Sala Segunda del Tribunal Supremo decidió ayer en una sorprendente y lamentable sentencia absolver a los tres policías condenados por detención ilegal, coacciones y falsedad documental por la Audiencia de Madrid en relación con el arresto de dos militantes del PP que habían acudido a una manifestación de la AVT en enero de 2005. Los dos militantes fueron detenidos y acusados de haber agredido a José Bono, entonces ministro de Defensa, sin prueba alguna.
El Supremo -por una mayoría de tres magistrados contra dos- ha aceptado el recurso de casación de los tres agentes, que argumentaron que no existió tal detención, que si la hubo estaba justificada y que, por ello, no pudo existir delito de falsedad ni coacción alguna.
En cuanto a la detención, es evidente que sí la hubo porque dos militantes del PP fueron obligados a acudir a la comisaría. Y lo fueron a instancias de una denuncia de militantes socialistas a través de una cadena radiofónica. Las Fuerzas de Seguridad no disponían de testimonio o documento alguno que demostrara que esas dos personas habían agredido al ministro Bono y ni siquiera existían pruebas de que esa agresión se hubiera producido. Por tanto, sí hubo una detención injustificada porque la Policía no puede arrestar a personas en base a suposiciones o denuncias no comprobadas.
Si el delito de detención ilegal parece meridianamente claro, mucho más lo está el de falsedad documental. Existió falsedad porque se presentaron informes policiales manipulados al juez, al que se le ocultó información y jamás se le informó del cambio de instructor y de la destrucción del atestado inicial sobre los hechos.
El segundo instructor policial Javier Fernández no sólo ordenó rehacer las diligencias para justificar las detenciones de esos dos militantes, sino que rechazó el testimonio de los escoltas de Bono y les obligó a declarar por segunda vez después de que éstos fueran instados por mandos policiales a incriminar a los dos militantes del PP. Todo ello -hay que insistir- fue ocultado al juez que investigó la presunta agresión a Bono.
El Supremo considera que este montaje no es constitutivo de un delito de falsedad porque materialmente no se falsificó un documento, pero lo cierto es que el ánimo de los policías era engañar al juez tras proporcionarle unos datos falsos que no reflejaban lo sucedido.
En lugar de proteger a los ciudadanos de los manejos policiales, el Supremo ha optado por dar una especie de cheque en blanco a las Fuerzas de Seguridad para detener a ciudadanos sin justificación alguna o mediante información manipulada. Ello es de extraordinaria gravedad y máxime en un fallo suscrito por tres magistrados con una pretendida trayectoria progresista y de defensa de las libertades.
Bono sacó ayer una bochornosa nota arremetiendo contra el PP en la que hablaba de «tropelía» contra los policías mientras que Justicia -que no comenta jamás las resoluciones de los jueces- celebraba en un comunicado esta absolución que constituye una de las más negras páginas de nuestra historia judicial.
El Supremo -por una mayoría de tres magistrados contra dos- ha aceptado el recurso de casación de los tres agentes, que argumentaron que no existió tal detención, que si la hubo estaba justificada y que, por ello, no pudo existir delito de falsedad ni coacción alguna.
En cuanto a la detención, es evidente que sí la hubo porque dos militantes del PP fueron obligados a acudir a la comisaría. Y lo fueron a instancias de una denuncia de militantes socialistas a través de una cadena radiofónica. Las Fuerzas de Seguridad no disponían de testimonio o documento alguno que demostrara que esas dos personas habían agredido al ministro Bono y ni siquiera existían pruebas de que esa agresión se hubiera producido. Por tanto, sí hubo una detención injustificada porque la Policía no puede arrestar a personas en base a suposiciones o denuncias no comprobadas.
Si el delito de detención ilegal parece meridianamente claro, mucho más lo está el de falsedad documental. Existió falsedad porque se presentaron informes policiales manipulados al juez, al que se le ocultó información y jamás se le informó del cambio de instructor y de la destrucción del atestado inicial sobre los hechos.
El segundo instructor policial Javier Fernández no sólo ordenó rehacer las diligencias para justificar las detenciones de esos dos militantes, sino que rechazó el testimonio de los escoltas de Bono y les obligó a declarar por segunda vez después de que éstos fueran instados por mandos policiales a incriminar a los dos militantes del PP. Todo ello -hay que insistir- fue ocultado al juez que investigó la presunta agresión a Bono.
El Supremo considera que este montaje no es constitutivo de un delito de falsedad porque materialmente no se falsificó un documento, pero lo cierto es que el ánimo de los policías era engañar al juez tras proporcionarle unos datos falsos que no reflejaban lo sucedido.
En lugar de proteger a los ciudadanos de los manejos policiales, el Supremo ha optado por dar una especie de cheque en blanco a las Fuerzas de Seguridad para detener a ciudadanos sin justificación alguna o mediante información manipulada. Ello es de extraordinaria gravedad y máxime en un fallo suscrito por tres magistrados con una pretendida trayectoria progresista y de defensa de las libertades.
Bono sacó ayer una bochornosa nota arremetiendo contra el PP en la que hablaba de «tropelía» contra los policías mientras que Justicia -que no comenta jamás las resoluciones de los jueces- celebraba en un comunicado esta absolución que constituye una de las más negras páginas de nuestra historia judicial.
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