Marlaska abre una investigación y prohíbe incinerar los cuerpos
27-06-07
EMBOSCADA TERRORISTA / Las consecuencias
Marlaska abre una investigación y prohíbe incinerar los cuerpos
El magistrado indica que España es competente al tratarse de un ataque terrorista y pide informes a Defensa y Exteriores
MANUEL MARRACO
EMBOSCADA TERRORISTA / Las consecuencias
Marlaska abre una investigación y prohíbe incinerar los cuerpos
El magistrado indica que España es competente al tratarse de un ataque terrorista y pide informes a Defensa y Exteriores
MANUEL MARRACO
MADRID.- Las noticias que llegan del Líbano indican que los soldados españoles murieron en un ataque «terrorista»; la ley española establece que este tipo de delitos es de jurisdicción universal y que el tribunal competente es la Audiencia Nacional. Así que hay que abrir una investigación.
Ése es el razonamiento seguido por el juez Fernando Grande-Marlaska, que ayer dictó un auto en el que abre esa investigación y adopta una medida de carácter inmediato: que los cadáveres de los seis fallecidos no sean incinerados, por si fuera necesario realizar una segunda autopsia. La decisión no impide el traslado a su país de los cuerpos de uno de los militares de origen colombiano.
(.../...)
En el mismo escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 solicita informes sobre lo ocurrido a los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores y ha recabado la información que pudiera haber obtenido hasta el momento el Juzgado Togado Militar.
El magistrado ha acordado estas medidas de oficio, es decir, sin que se lo haya solicitado la Fiscalía o haya habido denuncia previa. Fuentes de la Audiencia Nacional indican que Grande-Marlaska se encontraba de guardia y fueron las noticias de prensa las que le impulsaron a actuar.
A diferencia de lo ocurrido en el caso del Yak-42, el juez no ha abierto una vía para investigar un delito cometido por españoles en el extranjero. Es decir, que no contempla que la ausencia de medidas de seguridad como el inhibidor de frecuencia pueda tener ninguna repercusión penal.
Ayer, la Asociación de Familiares de víctimas del Yak-42 pidió al juez «una explicación» de por qué ha decidido investigar de oficio el atentado del Líbano tras haber «impedido» que se llevara a cabo en el caso del accidente aéreo ocurrido en Turquía en 2003.
Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) informó ayer de que solicitará al juez su personación como acusación popular en el caso, según informa Europa Press.
Precedentes
Se trata de la segunda vez en estos años que la Audiencia Nacional investiga un atentado contra españoles en el extranjero. En diciembre de 2003, el juez Fernando Andreu solicitó las autopsias realizadas a los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asesinados el 29 de noviembre de ese mismo año en la localidad iraquí de Latifiya.
Finalmente, el magistrado decretó en febrero de 2004 el archivo provisional de las diligencias ante el hecho de que «el fallecimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en Irak se produjo como consecuencia de un ataque armado cometido por un grupo de personas, cuya identidad por el momento se desconoce, y que está siendo investigado por las autoridades de las Fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona», según informa Europa Press.
El alcance de la jurisdicción universal ha provocado sucesivas correcciones del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional al Supremo. En todos los casos, para ampliar sucesivamente su margen. El Constitucional ha acabado estableciendo que no es necesario que los hechos tengan algún tipo de conexión con intereses españoles. Aplicado al caso actual, de acuerdo con el Constitucional ni siquiera sería necesario que los soldados fallecidos fueran españoles, o colombianos incorporados al Ejército español.
Ése es el razonamiento seguido por el juez Fernando Grande-Marlaska, que ayer dictó un auto en el que abre esa investigación y adopta una medida de carácter inmediato: que los cadáveres de los seis fallecidos no sean incinerados, por si fuera necesario realizar una segunda autopsia. La decisión no impide el traslado a su país de los cuerpos de uno de los militares de origen colombiano.
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En el mismo escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 solicita informes sobre lo ocurrido a los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores y ha recabado la información que pudiera haber obtenido hasta el momento el Juzgado Togado Militar.
El magistrado ha acordado estas medidas de oficio, es decir, sin que se lo haya solicitado la Fiscalía o haya habido denuncia previa. Fuentes de la Audiencia Nacional indican que Grande-Marlaska se encontraba de guardia y fueron las noticias de prensa las que le impulsaron a actuar.
A diferencia de lo ocurrido en el caso del Yak-42, el juez no ha abierto una vía para investigar un delito cometido por españoles en el extranjero. Es decir, que no contempla que la ausencia de medidas de seguridad como el inhibidor de frecuencia pueda tener ninguna repercusión penal.
Ayer, la Asociación de Familiares de víctimas del Yak-42 pidió al juez «una explicación» de por qué ha decidido investigar de oficio el atentado del Líbano tras haber «impedido» que se llevara a cabo en el caso del accidente aéreo ocurrido en Turquía en 2003.
Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) informó ayer de que solicitará al juez su personación como acusación popular en el caso, según informa Europa Press.
Precedentes
Se trata de la segunda vez en estos años que la Audiencia Nacional investiga un atentado contra españoles en el extranjero. En diciembre de 2003, el juez Fernando Andreu solicitó las autopsias realizadas a los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asesinados el 29 de noviembre de ese mismo año en la localidad iraquí de Latifiya.
Finalmente, el magistrado decretó en febrero de 2004 el archivo provisional de las diligencias ante el hecho de que «el fallecimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en Irak se produjo como consecuencia de un ataque armado cometido por un grupo de personas, cuya identidad por el momento se desconoce, y que está siendo investigado por las autoridades de las Fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona», según informa Europa Press.
El alcance de la jurisdicción universal ha provocado sucesivas correcciones del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional al Supremo. En todos los casos, para ampliar sucesivamente su margen. El Constitucional ha acabado estableciendo que no es necesario que los hechos tengan algún tipo de conexión con intereses españoles. Aplicado al caso actual, de acuerdo con el Constitucional ni siquiera sería necesario que los soldados fallecidos fueran españoles, o colombianos incorporados al Ejército español.
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