El PSOE busca dominar el Poder Judicial cesando por adelantado a su presidente
29-05-06
CAMBIOS EN LA JUSTICIA / La iniciativa establece que el presidente del Poder Judicial cesará al cumplir los 70 años, edad que Hernando alcanzará en junio / La maniobra incluye colocar a Salinas (PSOE) al mando del organismo
El PSOE busca dominar el Poder Judicial cesando por adelantado a su presidente
CAMBIOS EN LA JUSTICIA / La iniciativa establece que el presidente del Poder Judicial cesará al cumplir los 70 años, edad que Hernando alcanzará en junio / La maniobra incluye colocar a Salinas (PSOE) al mando del organismo
El PSOE busca dominar el Poder Judicial cesando por adelantado a su presidente
Una enmienda de IU a la Ley Orgánica, inspirada por el Gobierno, establece el cese de quien presida el CGPJ si alcanza la edad de jubilación como magistrado - Su efecto inmediato sería la eliminación de Francisco Hernando, que cumple 70 años el domingo, y su sustitución por Fernando Salinas, propuesto por el PSOE - Tal relevo dejaría al PP sin ninguna capacidad de maniobra para negociar la renovación del Consejo cuando en noviembre concluya el actual mandato
MARIA PERAL
MADRID.- Francisco Hernando será desposeído de su cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si prospera una enmienda presentada a la reforma judicial que actualmente tramita el Congreso de los Diputados.
(.../...)
La enmienda, formalmente registrada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida -aunque en el CGPJ no hay dudas de su inspiración gubernamental-, establece que el presidente del Poder Judicial «cesará cuando, por jubilación u otras razones, deje de pertenecer a la carrera judicial».
El cese de los miembros del CGPJ al alcanzar la edad de jubilación -que, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, sólo regía para los 12 vocales que proceden de la judicatura- quiere ser extendido ahora al presidente de la institución con la evidente intencionalidad de que afecte a Francisco Hernando, quien fue elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial en la etapa de gobierno del Partido Popular.
El actual presidente del Supremo y del CGPJ cumplirá 70 años, que es la edad de jubilación fijada para los miembros de la carrera judicial, el próximo 4 de junio. El estatuto jurídico que regía en el momento de su elección (noviembre de 2001) es el mismo que han tenido todos sus antecesores y establece que permanecerán en el cargo hasta que un nuevo Consejo -institución que se renueva cada cinco años- designe a su sucesor.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces es escogido en votación secreta por los propios vocales del Consejo, una vez que éste se constituye tras la elección de los consejeros por el Congreso y el Senado. Hernando fue nombrado por unanimidad en virtud de un pacto que incluyó la designación como vicepresidente de Fernando Salinas, propuesto por el PSOE.
La limitación que súbitamente quiere introducirse ahora no sólo cercena las expectativas que Francisco Hernando pudiera tener de permanecer en el cargo hasta la renovación del CGPJ, que termina su mandato el próximo mes de noviembre. Más allá de su caso concreto, supone someter al responsable del Poder Judicial, la cuarta autoridad del Estado, al albur de las modificaciones que puedan hacerse de la edad de jubilación de los jueces. Bastaría una simple ley que acortara la edad de jubilación de la carrera judicial para quitar de en medio a cualquier presidente del Supremo.
Ésta es la segunda maniobra que se pone en marcha para neutralizar el último reducto institucional del PP. De todos los órganos del Estado conformados durante su etapa de Gobierno, el CGPJ es el único en el que los populares aún conservan la mayoría.
Al asalto del CGPJ
En 2004, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero neutralizó la política de nombramientos que llevaba a cabo el grupo mayoritario del Partido Popular en el Consejo aprobando una reforma legal que elevó a 13 el número de votos necesarios para designar a los altos cargos judiciales (magistrados del Supremo y presidentes de tribunales superiores de Justicia). Hasta ese momento, los 11 votos de los vocales del PP más el del presidente bastaban para sacar adelante los nombramientos.
Ese cambio fue una operación de «ingeniería jurídica», tal como la calificó su ideador, Luis López Guerra, número dos del Ministerio de Justicia, desde donde se había advertido al sector mayoritario del CGPJ de que debía modificar su línea de nombramientos para contar con los vocales del PSOE.
Fue un cambio de las reglas del juego en medio del partido, ya que entonces el Consejo estaba a la mitad de su mandato. La exigencia de una mayoría reforzada no se ha traducido en un consenso real en los nombramientos judiciales, sino en un reparto de las plazas entre los dos sectores.
Durante el debate de esa reforma en el Congreso, el PP anunció que si se aprobaba no negociaría la renovación de los órganos constitucionales. En el caso del CGPJ, el bloqueo resulta muy cómodo al PP, que mantendría indefinidamente su mayoría. En el Ministerio de Justicia se empezaron a manejar entonces varias opciones de «ingeniería jurídica» para disuadir al PP del bloqueo.
El grupo del PP, en minoría
Se descartó una fórmula consistente en establecer que, terminado el mandato de cinco años, cesarán todos los miembros del CGPJ a excepción de los cinco que integran la Comisión Permanente.
Esta opción no era útil a lo pretendido (los vocales del PP son también mayoritarios en esa comisión) y tenía el coste de suponer la paralización del órgano que gobierna el Poder Judicial, ya que la Comisión Permanente no puede hacer nombramientos ni decidir en materia disciplinaria o aprobar informes a leyes.
La fórmula de cesar a Hernando tiene para el Gobierno muchas ventajas. No sólo desplaza a un presidente del CGPJ auspiciado por el PP sino que sitúa en la presidencia a uno de los suyos, el vicepresidente Salinas. Una segunda enmienda de Izquierda Unida complementaria de la anterior indica que, cesado el presidente, «el Consejo será presidido por su vicepresidente».
La presidencia del CGPJ en manos de Salinas es clave. En el caso de que el PP opte por bloquear la renovación, sólo podrá mantener su posición mayoritaria hasta el 22 de febrero del año que viene.Ese día deberá cesar como vocal Enrique Míguez, propuesto por los populares, ya que cumple 70 años y procede de la carrera judicial. El grupo del PP, inicialmente formado por 10 vocales, se quedará en ocho, dado que el pasado verano falleció Fernando Martín y en febrero se jubila Míguez.
Enfrente habrá seis vocales del PSOE, más el de IU y el de CiU, que suelen votar juntos. El árbitro de la situación será el vocal independiente Agustín Azparren, pero, en los supuestos en que se abstenga, decidirá Fernando Salinas gracias al voto de calidad que tendrá como presidente en funciones.
Llamativamente, las enmiendas de Izquierda Unida no incluyen ningún tipo de explicación motivada, es decir, no se explicitan las razones que las justifican. Dado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no estará aprobada antes del 4 de junio, cuando se aplique a Hernando éste ya habrá cumplido los 70 años, lo que suscita la cuestión de si sería correcta una aplicación retroactiva.
MARIA PERAL
MADRID.- Francisco Hernando será desposeído de su cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si prospera una enmienda presentada a la reforma judicial que actualmente tramita el Congreso de los Diputados.
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La enmienda, formalmente registrada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida -aunque en el CGPJ no hay dudas de su inspiración gubernamental-, establece que el presidente del Poder Judicial «cesará cuando, por jubilación u otras razones, deje de pertenecer a la carrera judicial».
El cese de los miembros del CGPJ al alcanzar la edad de jubilación -que, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985, sólo regía para los 12 vocales que proceden de la judicatura- quiere ser extendido ahora al presidente de la institución con la evidente intencionalidad de que afecte a Francisco Hernando, quien fue elegido presidente del Consejo General del Poder Judicial en la etapa de gobierno del Partido Popular.
El actual presidente del Supremo y del CGPJ cumplirá 70 años, que es la edad de jubilación fijada para los miembros de la carrera judicial, el próximo 4 de junio. El estatuto jurídico que regía en el momento de su elección (noviembre de 2001) es el mismo que han tenido todos sus antecesores y establece que permanecerán en el cargo hasta que un nuevo Consejo -institución que se renueva cada cinco años- designe a su sucesor.
El presidente del órgano de gobierno de los jueces es escogido en votación secreta por los propios vocales del Consejo, una vez que éste se constituye tras la elección de los consejeros por el Congreso y el Senado. Hernando fue nombrado por unanimidad en virtud de un pacto que incluyó la designación como vicepresidente de Fernando Salinas, propuesto por el PSOE.
La limitación que súbitamente quiere introducirse ahora no sólo cercena las expectativas que Francisco Hernando pudiera tener de permanecer en el cargo hasta la renovación del CGPJ, que termina su mandato el próximo mes de noviembre. Más allá de su caso concreto, supone someter al responsable del Poder Judicial, la cuarta autoridad del Estado, al albur de las modificaciones que puedan hacerse de la edad de jubilación de los jueces. Bastaría una simple ley que acortara la edad de jubilación de la carrera judicial para quitar de en medio a cualquier presidente del Supremo.
Ésta es la segunda maniobra que se pone en marcha para neutralizar el último reducto institucional del PP. De todos los órganos del Estado conformados durante su etapa de Gobierno, el CGPJ es el único en el que los populares aún conservan la mayoría.
Al asalto del CGPJ
En 2004, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero neutralizó la política de nombramientos que llevaba a cabo el grupo mayoritario del Partido Popular en el Consejo aprobando una reforma legal que elevó a 13 el número de votos necesarios para designar a los altos cargos judiciales (magistrados del Supremo y presidentes de tribunales superiores de Justicia). Hasta ese momento, los 11 votos de los vocales del PP más el del presidente bastaban para sacar adelante los nombramientos.
Ese cambio fue una operación de «ingeniería jurídica», tal como la calificó su ideador, Luis López Guerra, número dos del Ministerio de Justicia, desde donde se había advertido al sector mayoritario del CGPJ de que debía modificar su línea de nombramientos para contar con los vocales del PSOE.
Fue un cambio de las reglas del juego en medio del partido, ya que entonces el Consejo estaba a la mitad de su mandato. La exigencia de una mayoría reforzada no se ha traducido en un consenso real en los nombramientos judiciales, sino en un reparto de las plazas entre los dos sectores.
Durante el debate de esa reforma en el Congreso, el PP anunció que si se aprobaba no negociaría la renovación de los órganos constitucionales. En el caso del CGPJ, el bloqueo resulta muy cómodo al PP, que mantendría indefinidamente su mayoría. En el Ministerio de Justicia se empezaron a manejar entonces varias opciones de «ingeniería jurídica» para disuadir al PP del bloqueo.
El grupo del PP, en minoría
Se descartó una fórmula consistente en establecer que, terminado el mandato de cinco años, cesarán todos los miembros del CGPJ a excepción de los cinco que integran la Comisión Permanente.
Esta opción no era útil a lo pretendido (los vocales del PP son también mayoritarios en esa comisión) y tenía el coste de suponer la paralización del órgano que gobierna el Poder Judicial, ya que la Comisión Permanente no puede hacer nombramientos ni decidir en materia disciplinaria o aprobar informes a leyes.
La fórmula de cesar a Hernando tiene para el Gobierno muchas ventajas. No sólo desplaza a un presidente del CGPJ auspiciado por el PP sino que sitúa en la presidencia a uno de los suyos, el vicepresidente Salinas. Una segunda enmienda de Izquierda Unida complementaria de la anterior indica que, cesado el presidente, «el Consejo será presidido por su vicepresidente».
La presidencia del CGPJ en manos de Salinas es clave. En el caso de que el PP opte por bloquear la renovación, sólo podrá mantener su posición mayoritaria hasta el 22 de febrero del año que viene.Ese día deberá cesar como vocal Enrique Míguez, propuesto por los populares, ya que cumple 70 años y procede de la carrera judicial. El grupo del PP, inicialmente formado por 10 vocales, se quedará en ocho, dado que el pasado verano falleció Fernando Martín y en febrero se jubila Míguez.
Enfrente habrá seis vocales del PSOE, más el de IU y el de CiU, que suelen votar juntos. El árbitro de la situación será el vocal independiente Agustín Azparren, pero, en los supuestos en que se abstenga, decidirá Fernando Salinas gracias al voto de calidad que tendrá como presidente en funciones.
Llamativamente, las enmiendas de Izquierda Unida no incluyen ningún tipo de explicación motivada, es decir, no se explicitan las razones que las justifican. Dado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no estará aprobada antes del 4 de junio, cuando se aplique a Hernando éste ya habrá cumplido los 70 años, lo que suscita la cuestión de si sería correcta una aplicación retroactiva.
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