Una decisión que ignora una sentencia y dos pactos
1-06-06
EL ESTADO DE LA NACION / Las contradicciones
Una decisión que ignora una sentencia y dos pactos
El presidente aseguró que, «evidentemente», no habría diálogo con ninguna fuerza ilegal y lo condicionó a la «disolución» de ETA
ANGELES ESCRIVA
EL ESTADO DE LA NACION / Las contradicciones
Una decisión que ignora una sentencia y dos pactos
El presidente aseguró que, «evidentemente», no habría diálogo con ninguna fuerza ilegal y lo condicionó a la «disolución» de ETA
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- Es la segunda vez en semana y media que el Gobierno, primero, y el Partido Socialista, después, precipitan sus planes y se saltan sus propios pronunciamientos para ajustarlos a los requerimientos hechos por la izquierda abertzale o para ahuyentar los nubarrones procedentes de la propia ETA. Ocurrió primero el domingo 21, cuando el presidente anunció en un acto público de partido desde el Bilbao Exhibition Centre (BEC) que en junio iba a comunicar a los partidos el «inicio del proceso de diálogo con ETA».
(.../...)
La segunda variación de la administración de los tiempos esbozada por Zapatero se produjo en la noche del martes y en la mañana de ayer. Pero, en esta ocasión, fue más lejos porque con dos declaraciones -una realizada por el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, después de acordarla con él y otra propia- dio por abolidos, a efectos prácticos, varios puntos del Pacto Antiterrorista, de la sentencia del Supremo con la que esta institución ilegalizó Batasuna y de la resolución del Congreso de mayo de 2005. Y ha rectificado radicalmente muchas de las manifestaciones que ha venido realizando.
La primera declaración fue realizada por López a las 23.00 horas del martes y en ella anunciaba su intención de reunirse con los representantes de la ilegalizada Batasuna, después de que el presidente comunique al Congreso el inicio de las conversaciones oficiales con la banda. El secretario general del PSE precisó que había decidido reunirse públicamente con la formación liderada por Otegi porque le parece que es un «interlocutor válido» y con el fin de trabajar para poner en marcha un «diálogo multipartito», que es como, hasta el momento, ha venido designándose a la mesa de partidos propuesta en Anoeta por Batasuna. No puso como condición que antes esta formación sea legal y, por tanto, que sus líderes hayan condenado la violencia.
La frase pronunciada ayer por el presidente, lejos de su primigenio «primero la paz y luego la política», establecía que el fin de la violencia «va a ser una tarea que lleve su tiempo» y «eso no va a impedir que el diálogo político empiece».
De modo que el Gobierno vino a oficializar ayer que Batasuna y ETA son algo distinto, que Batasuna es interlocutor, por tanto, y que no hace falta que ETA se disuelva para iniciar una negociación política con una metodología propuesta en Anoeta y avalada por la banda terrorista -la de las dos mesas-, que incluye a un partido que plantea sus exigencias.
El hecho es que, si finalmente ésa es la formulación, habrán sido varios los incumplimientos realizados. Por ejemplo, el artículo 3 del Acuerdo por las Libertades, firmado el 8 de diciembre de 2000, sostiene que «el diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia».
Si Batasuna sigue ilegalizada cuando empiecen las conversaciones oficiales, según el Supremo, se estará hablando con ETA. El Alto Tribunal declaró en marzo de 2003 que existe una «identidad real» entre Batasuna y la banda, porque este partido ha sido sólo un «artificio legal creado por ETA para lograr el complemento político de su propia actividad terrorista». «Se trata de un único sujeto real, que es la organización terrorista, que se oculta tras esa apariencia de diversidad de personalidades jurídicas creadas en diferentes momentos en virtud de una sucesión operativa previamente diseñada», se afirma.
La resolución acordada por el Congreso de los Diputados hace un año, como gesto hacia la izquierda abertzale de que el Gobierno estaba dispuesto a iniciar el proceso también puso una condición no compatible, precisamente, con la participación de una Batasuna ilegal. «Apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento, el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
Y, finalmente, están las declaraciones pronunciadas hace apenas unas semanas por el propio presidente del Gobierno y que entran en contradicción con los planteamientos realizados ayer. El pasado 17 de abril, en una entrevista concedida al director de EL MUNDO, Zapatero respondía con un confiado «evidentemente» a la pregunta: «¿No habrá diálogo con ninguna fuerza que no esté legalizada?».Un año antes, en una comparecencia en el Senado aseguró: «Primero, que el fin de la violencia no tiene precio político; segundo, que ETA debe disolverse, debe acabar con la violencia, y, tercero, que sólo en ese momento el Estado, la democracia, podrá escuchar, dialogar con quienes han estado en la violencia».
Gestos socialistas
El Gobierno se ha visto obligado a precipitar su calendario.En el BEC, dio por finalizada la verificación del alto el fuego, a pesar de que parecía que el periodo de prueba de ETA incluía el mes de junio. Días antes se supo que el Ejecutivo tenía un informe en el que quedaba constancia de que la dirección de la banda había abordado la posibilidad de ponerle plazos al presidente para que demostrase su buena disposición. Y se supo que los líderes de Batasuna, que advertían de que el proceso se encontraba en un momento crítico, en privado habían solicitado un anuncio que desbloquease la situación.
Las declaraciones de ayer se producían horas antes de la comparecencia de Otegi ante el juez. Coyunturalmente, es una forma de que los abertzales sepan cuál era la apuesta de los socialistas en caso de que el magistrado dicte prisión. Y, más profundamente, que están dispuestos a realizar gestos realmente comprometidos en la convicción de que, en principio, no hacen falta comunicados de disolución porque lo importante es que ETA, de hecho, deje de matar. Y son comprometidos, sobre todo si tenemos en cuenta que, en la última entrevista de ETA a Gara, la banda advierte, en contra del criterio inicial del presidente, de que primero ha de ir la política y luego la paz. «Para nosotros la base imprescindible se encuentra en el proceso democrático. Sobre esa base se abrirá después la situación para hablar de presos y desmilitarización.Pero el punto de partida es el otro», precisó.
LOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS
ACUERDO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA EL TERRORISMO (PACTO ANTITERRORISTA) (8.12.2000).
«Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política, directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno». «[...] El diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la convivencia libre y el respeto a los Derechos Humanos son valores no negociables».
LEY DE PARTIDOS (27.06.2002)
«Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos [...] mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos [...].
Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos [...]».
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (17.03.2003).
«HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK Y BATASUNA [...] se trata de un único sujeto real, que es la organización terrorista ETA».
RESOLUCION DEL CONGRESO (17.05.2005).
«[...] las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje».
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (25.05.2005).
«En el Debate del estado de la Nación y en su fase posterior el Congreso de los Diputados aprobó [...]: primero, que el fin de la violencia no tiene precio político; segundo, que ETA debe disolverse, debe abandonar las armas y acabar con la violencia, y, tercero, que sólo en ese momento el Estado, la democracia, podrá escuchar y dialogar con quienes han estado en la violencia».
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (30.03.2006).
«Siempre he dicho que la democracia no va a pagar un precio, ni el Estado. Ese lenguaje habitual de 'pagar precios', no».
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (17.04.2006)
(Entrevista con el director de EL MUNDO)
«Pedro J. Ramírez.- Quiero decir que no habrá diálogo con ninguna fuerza que no esté legalizada.
Zapatero.- Evidentemente. Pero, si se trata de fuerzas legalizadas, el PSOE estará dispuesto a dialogar con todos».
MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA (20.04.2006)
«En el proceso de paz no hay atajos ni precios políticos».
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La segunda variación de la administración de los tiempos esbozada por Zapatero se produjo en la noche del martes y en la mañana de ayer. Pero, en esta ocasión, fue más lejos porque con dos declaraciones -una realizada por el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, después de acordarla con él y otra propia- dio por abolidos, a efectos prácticos, varios puntos del Pacto Antiterrorista, de la sentencia del Supremo con la que esta institución ilegalizó Batasuna y de la resolución del Congreso de mayo de 2005. Y ha rectificado radicalmente muchas de las manifestaciones que ha venido realizando.
La primera declaración fue realizada por López a las 23.00 horas del martes y en ella anunciaba su intención de reunirse con los representantes de la ilegalizada Batasuna, después de que el presidente comunique al Congreso el inicio de las conversaciones oficiales con la banda. El secretario general del PSE precisó que había decidido reunirse públicamente con la formación liderada por Otegi porque le parece que es un «interlocutor válido» y con el fin de trabajar para poner en marcha un «diálogo multipartito», que es como, hasta el momento, ha venido designándose a la mesa de partidos propuesta en Anoeta por Batasuna. No puso como condición que antes esta formación sea legal y, por tanto, que sus líderes hayan condenado la violencia.
La frase pronunciada ayer por el presidente, lejos de su primigenio «primero la paz y luego la política», establecía que el fin de la violencia «va a ser una tarea que lleve su tiempo» y «eso no va a impedir que el diálogo político empiece».
De modo que el Gobierno vino a oficializar ayer que Batasuna y ETA son algo distinto, que Batasuna es interlocutor, por tanto, y que no hace falta que ETA se disuelva para iniciar una negociación política con una metodología propuesta en Anoeta y avalada por la banda terrorista -la de las dos mesas-, que incluye a un partido que plantea sus exigencias.
El hecho es que, si finalmente ésa es la formulación, habrán sido varios los incumplimientos realizados. Por ejemplo, el artículo 3 del Acuerdo por las Libertades, firmado el 8 de diciembre de 2000, sostiene que «el diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia».
Si Batasuna sigue ilegalizada cuando empiecen las conversaciones oficiales, según el Supremo, se estará hablando con ETA. El Alto Tribunal declaró en marzo de 2003 que existe una «identidad real» entre Batasuna y la banda, porque este partido ha sido sólo un «artificio legal creado por ETA para lograr el complemento político de su propia actividad terrorista». «Se trata de un único sujeto real, que es la organización terrorista, que se oculta tras esa apariencia de diversidad de personalidades jurídicas creadas en diferentes momentos en virtud de una sucesión operativa previamente diseñada», se afirma.
La resolución acordada por el Congreso de los Diputados hace un año, como gesto hacia la izquierda abertzale de que el Gobierno estaba dispuesto a iniciar el proceso también puso una condición no compatible, precisamente, con la participación de una Batasuna ilegal. «Apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento, el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular».
Y, finalmente, están las declaraciones pronunciadas hace apenas unas semanas por el propio presidente del Gobierno y que entran en contradicción con los planteamientos realizados ayer. El pasado 17 de abril, en una entrevista concedida al director de EL MUNDO, Zapatero respondía con un confiado «evidentemente» a la pregunta: «¿No habrá diálogo con ninguna fuerza que no esté legalizada?».Un año antes, en una comparecencia en el Senado aseguró: «Primero, que el fin de la violencia no tiene precio político; segundo, que ETA debe disolverse, debe acabar con la violencia, y, tercero, que sólo en ese momento el Estado, la democracia, podrá escuchar, dialogar con quienes han estado en la violencia».
Gestos socialistas
El Gobierno se ha visto obligado a precipitar su calendario.En el BEC, dio por finalizada la verificación del alto el fuego, a pesar de que parecía que el periodo de prueba de ETA incluía el mes de junio. Días antes se supo que el Ejecutivo tenía un informe en el que quedaba constancia de que la dirección de la banda había abordado la posibilidad de ponerle plazos al presidente para que demostrase su buena disposición. Y se supo que los líderes de Batasuna, que advertían de que el proceso se encontraba en un momento crítico, en privado habían solicitado un anuncio que desbloquease la situación.
Las declaraciones de ayer se producían horas antes de la comparecencia de Otegi ante el juez. Coyunturalmente, es una forma de que los abertzales sepan cuál era la apuesta de los socialistas en caso de que el magistrado dicte prisión. Y, más profundamente, que están dispuestos a realizar gestos realmente comprometidos en la convicción de que, en principio, no hacen falta comunicados de disolución porque lo importante es que ETA, de hecho, deje de matar. Y son comprometidos, sobre todo si tenemos en cuenta que, en la última entrevista de ETA a Gara, la banda advierte, en contra del criterio inicial del presidente, de que primero ha de ir la política y luego la paz. «Para nosotros la base imprescindible se encuentra en el proceso democrático. Sobre esa base se abrirá después la situación para hablar de presos y desmilitarización.Pero el punto de partida es el otro», precisó.
LOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS
ACUERDO POR LAS LIBERTADES Y CONTRA EL TERRORISMO (PACTO ANTITERRORISTA) (8.12.2000).
«Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política, directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno». «[...] El diálogo propio de una sociedad democrática debe producirse entre los representantes legítimos de los ciudadanos, en el marco y con las reglas previstas en nuestra Constitución y Estatuto y, desde luego, sin la presión de la violencia. La paz, la convivencia libre y el respeto a los Derechos Humanos son valores no negociables».
LEY DE PARTIDOS (27.06.2002)
«Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos [...] mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave:
Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos [...].
Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos [...]».
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (17.03.2003).
«HERRI BATASUNA, EUSKAL HERRITARROK Y BATASUNA [...] se trata de un único sujeto real, que es la organización terrorista ETA».
RESOLUCION DEL CONGRESO (17.05.2005).
«[...] las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje».
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (25.05.2005).
«En el Debate del estado de la Nación y en su fase posterior el Congreso de los Diputados aprobó [...]: primero, que el fin de la violencia no tiene precio político; segundo, que ETA debe disolverse, debe abandonar las armas y acabar con la violencia, y, tercero, que sólo en ese momento el Estado, la democracia, podrá escuchar y dialogar con quienes han estado en la violencia».
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (30.03.2006).
«Siempre he dicho que la democracia no va a pagar un precio, ni el Estado. Ese lenguaje habitual de 'pagar precios', no».
JOSÉ LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO (17.04.2006)
(Entrevista con el director de EL MUNDO)
«Pedro J. Ramírez.- Quiero decir que no habrá diálogo con ninguna fuerza que no esté legalizada.
Zapatero.- Evidentemente. Pero, si se trata de fuerzas legalizadas, el PSOE estará dispuesto a dialogar con todos».
MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA (20.04.2006)
«En el proceso de paz no hay atajos ni precios políticos».
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