ETA sabía que el Gobierno planeaba un acercamiento de presos para enero o febrero

02-01-07



BOMBA EN BARAJAS / Las Fuerzas de Seguridad acreditaron que Batasuna también tenía conocimiento de la intención del Ejecutivo / La banda pidió la anulación de la 'doctrina Parot' y una solución a De Juana Chaos

ETA sabía que el Gobierno planeaba un acercamiento de presos para enero o febrero


ANGELES ESCRIVA

MADRID.- ETA perpetró el atentado del pasado sábado en Madrid a pesar de saber desde hace semanas que el Gobierno se había planteado realizar un movimiento en política penitenciaria, que iba a ponerse en práctica durante los meses de enero y febrero, con el fin de apuntalar un proceso que en estos momentos se encuentra trágicamente

Así lo constataron las Fuerzas de Seguridad que pudieron acreditar asimismo que Batasuna también tenía conocimiento de la intención del Ejecutivo.
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Según las fuentes consultadas, el Gobierno no pensaba adoptar esta determinación de modo unilateral sino que consideraba conveniente involucrar al resto de los partidos. Una de las posibilidades analizadas preveía que las medidas que se fueran a adoptar a corto plazo pasasen antes por el Congreso mediante la formulación de alguna iniciativa parlamentaria. En este sentido, el presidente, en su comparecencia del viernes, al ser preguntado si tenía previsto tomar algún tipo de iniciativa en este asunto manifestó que, de hacerlo -«que no digo que vayamos a hacerlo», aclaró-, hablaría con los representantes de todos los grupos.

En principio, y aunque no se descartaban otras medidas, se trataba de efectuar algunos acercamientos de presos etarras a las cárceles del País Vasco o del tercio norte de la Península. Las fuentes del Ejecutivo consultadas admitieron antes del atentado que está opción no era descartable, si bien aseguraron que no se había elaborado todavía ningún plan concreto.

Tras la reunión extraoficial entre los enviados del Gobierno y los dirigentes de ETA -aquélla en la que el Ejecutivo a principios de diciembre creyó verificar que la banda no iba a romper la tregua, al menos de manera inmediata-, ya trascendió la posibilidad de que se hubiera abordado la ejecución de movimientos a corto plazo en política penitenciaria. No hubo confirmación oficial de este asunto pero, se tratase o no la cuestión, se la comunicasen o no en ese encuentro los delegados del presidente a los dirigentes de la organización, lo cierto es que las fuentes consultadas por este periódico sostienen que ETA y Batasuna han venido manejando esta información.

Las mismas fuentes aseguran que ETA pidió la anulación de hecho de la doctrina Parot -cuyos efectos aplicados por el Supremo todavía tienen que superar el listón del Tribunal Constitucional- y que se le encontrase una solución al problema planteado por De Juana Chaos con su huelga de hambre.

Al abordar la cuestión del gesto penitenciario, los miembros del Ejecutivo eran conscientes de que a ETA, sus presos, en un proceso de negociación le preocupan muy relativamente. Sabían que la prioridad de la banda es la consecución de logros políticos, que suele dar por hecho que los reclusos están de acuerdo con este punto y que jamás ha colocado en primer lugar un punto que, en cada uno de los procesos iniciados, da por logrado. El Ejecutivo contaba, por tanto, que el pronunciamiento «paz por presos», a la banda terrorista no le iba a parecer suficiente.

Sin embargo, los responsables correspondientes también se plantearon el valor del peso político que pueden conllevar los gestos. Según este razonamiento, con la ejecución de algún movimiento en política penitenciaria -aparte centrar el peso táctico de la negociación en la denominada mesa técnica en detrimento de la más complicada mesa política-, ETA no podría hablar de inmovilismo, y le podía resultar algo más difícil ante determinada opinión pública afín justificar una recesión inmediata en su apuesta por el alto el fuego. Se analizó incluso el eventual efecto divisor que entre los miembros de la banda, reclusos o no, podían generar determinadas decisiones penitenciarias.

Habitualmente, en los periodos de negociación, ETA se ha negado a considerar el fin de la dispersión un gesto suficiente porque siempre ha argumentado que es una política ilegal y que el Gobierno simplemente cumpliría con su obligación si diera los pasos para anularla. De hecho, siempre ha despreciado a los partidos que aseguraban en las diferentes treguas que eran necesarios gestos penitenciarios para que estas prosperasen. No en vano, en previsión de este tipo de argumentos ETA había recuperado de nuevo la exigencia de la amnistía y los dirigentes de Batasuna, desde el minuto uno de este proceso habían dado por sentado que en relativo poco tiempo no iba a quedar un preso de ETA en las cárceles españolas. No obstante, se consideraba que la coyuntura podía aportar algún dato favorable y se estaba esperando respuesta.

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