CUANDO LA FISCALIA SIRVE AL PODER Y DEJA DE LADO A LA JUSTICIA

27-10-06



Editorial

CUANDO LA FISCALIA SIRVE AL PODER Y DEJA DE LADO A LA JUSTICIA


El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, defendió la semana pasada que los jueces y los fiscales deberían hacer su trabajo en favor de «la paz social»; o sea, ayudar al éxito del proceso de negociación de ETA con el Gobierno.

No todos los fiscales comulgan con la filosofía de Conde-Pumpido. Ayer mismo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se vió obligado a remplazar al fiscal Jesús Alonso, que se había negado a rebajar la acusación contra el etarra De Juana Chaos, que se sienta hoy en el banquillo. Será sustituido en el juicio por su más dócil compañero Fernando Burgos.
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Según todos los indicios, el Gobierno pactó con Batasuna una drástica reducción de la pena que había solicitado el fiscal Alonso durante la instrucción: 96 años de cárcel por delitos de pertenencia a ETA y amenazas terroristas. Este criterio fue, sin duda, asumido por el fiscal general del Estado y por Javier Zaragoga, que ordenó a Alonso que no acusara a De Juana de pertenencia a banda armada. Alonso se negó a cambiar la petición de pena que había defendido hace tres meses -respaldada públicamente por el ministro de Justicia- y fue relevado ayer.

Se trata del enésimo episodio que demuestra la complicidad política del fiscal general del Estado con el Gobierno y su disposición a llegar hasta donde haga falta -incluso a torcer la ley- para ayudarle en la negociación con ETA.

Si Conde-Pumpido ha quedado en evidencia de nuevo, ello se debe al coraje moral de Jesús Alonso, que se ha jugado su carrera para defender sus principios. Alonso recuerda mucho a aquellos fiscales «indomables» de los GAL en los años 90, cuando se enfrentaron a sus jefes para que la Justicia pudiera esclarecer los crímenes de la guerra sucia.

Coincidiendo con el inicio del juicio a De Juana, EL MUNDO revela hoy que algunos presos de ETA han realizado dos jornadas de «ayuno» en los pasados días en la cárcel para reivindicar su acercamiento al País Vasco y la participación del colectivo en el proceso de negociación política entre el Gobierno y la banda.

Este inaceptable chantaje corrobora el gran equívoco que ha creado el Gobierno, que lanza unos mensajes a la sociedad española y luego hace guiños a los etarras en los contactos directos o indirectos que está manteniendo. Esa duplicidad de Zapatero ha dado alas a la izquierda abertzale y al entorno de ETA, que están más crecidos cada día que pasa. Hasta el punto de que Joseba Permach habló ayer de la «irresponsabilidad» del presidente y equiparó el robo de las 350 pistolas con las acciones de los tribunales contra la banda terrorista.

El discurso de Permach refleja la fantasía de la izquierda abertzale de tratar de tú a tú al Estado español, de la cual participan también los presos. Zapatero tiene la responsabilidad de haber creado unas expectativas que no podrá cumplir si no entrega parte de la soberanía nacional a la banda.


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