Un juez procesó a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M

23-10-06



11-M LA INVESTIGACION / En 2001, cuando arrancó la 'operación Pípol', ni el fiscal antidroga de Asturias ni el juez que instruyó el caso consideraron relevante la aparición del explosivo / El fiscal les pide una pena de 17 años

Un juez procesó a Toro y Trashorras por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M


PATRICIA DEL GALLO. Corresponsal

OVIEDO.- Emilio Suárez Trashorras y su cuñado Antonio Toro fueron procesados por tenencia de explosivos cinco meses antes del 11-M. En concreto, el 6 de octubre de 2003 el juez Juan Laborda presentó un auto de procesamiento contra ambos dentro de la llamada operación Pípol, cuyo juicio comienza hoy en la Audiencia Provincial, por un delito de tenencia de sustancias y aparatos explosivos, y a petición del fiscal antidroga de Asturias, José Perals.

Ninguno de los dos fue encarcelado entonces porque la Justicia consideró que no había riesgo de fuga, aunque meses más tarde negociarían con El Chino la venta de la dinamita empleada en los atentados de Madrid. Lo más importante que se desprende de este auto, que se ha conocido ahora, es que no sólo la Policía y la Guardia Civil conocían el mercado negro de explosivos en el que se movían los dos asturianos, sino que también lo sabían las autoridades judiciales.
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A raíz de dicha operación, realizada en julio de 2001, las fuerzas de seguridad encontraron en un garaje que regentaban Trashorras y Toro más de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, así como 16 cartuchos de Goma 2 Eco, como la que luego, según los informes policiales aportados al sumario, se utilizó en los atentados del 11- M, y 94 detonadores industriales. Sin embargo, la investigación se centró entonces en la droga incautada y no en los explosivos. Ni el entonces fiscal Antidroga de Asturias, José Luis Rebollo, ni el juez Laborda consideraron trascendente para la causa la aparición de ese material. Hubo que esperar dos años más para que un recién llegado fiscal antidroga, José Perals, pidiese su enjuiciamiento.

Tras el 11-M y la detención de los asturianos empezaron a salir a la luz nuevos datos y pistas que parece que pasaron desapercibidos en el transcurso de esta operación. Por ejemplo, se supo que Francisco Javier Lavandera había alertado en varias ocasiones de que Trashorras y Toro buscaban en Asturias a gente que supiera hacer bombas con móviles. Nadie relacionó entonces este hecho con los explosivos encontrados al ex minero.

Pero Lavandera no fue el único que dio cuenta de las actividades delictivas ya entonces de los dos cuñados. El marroquí Rafá Zouhier y el confidente José Ignacio Fernández Díaz, Nayo, también lo hicieron y la Guardia Civil llegó a abrir hasta dos investigaciones, aunque ninguna de ellas fructificó.

A partir de hoy el ex minero y su cuñado se sentarán en el banquillo, acusados de tráfico de drogas y también de explosivos en un macrojuicio que llevará a la Audiencia Provincial en Gijón a varios de los asturianos relacionados con el 11-M. Además de Trashorras, Toro y Nayo, hasta ahora huido de la Justicia, tendrán que acudir como testigos Zouhier, Lavandera y el agente Jesús Campillo. Por ello se han previsto importantes medidas de seguridad, ya que algunos de los acusados y de los testigos permanecen en diversas cárceles españolas en espera de juicio -caso de los dos asturianos acusados de facilitar los explosivos del 11-M- o cumpliendo condena por otros asuntos, como Rafá Zouhier.

Para Toro y Trashorras, Perals pide un total de 17 años de prisión y el pago de sendas multas de 218.000 euros por los delitos de tráfico de drogas y tenencia, depósito y tráfico de sustancias y aparatos explosivos, la pena más alta de todos los acusados.

El macrojuicio de Pípol sentará en el banquillo además a otras 18 personas. Según el escrito de acusación, todos los acusados formaban parte en 2001 de dos grupos organizados dedicados a introducir y distribuir drogas en Asturias.

El fiscal considera en su escrito que, independientemente de la actividad de tráfico de drogas, Toro, Trashorras y Nayo se dedicaban a la venta de cartuchos de dinamita Goma 2 Eco, «no constando la fuente de aprovisionamiento de dichos explosivos, ofreciendo los mismos a la venta en los ambientes nocturnos de Gijón».

El fiscal considera probado que en el verano de 2001 los dos avilesinos ofrecieron dinamita al menos en tres ocasiones a Lavandera, que por entonces trabajaba en el club Horóscopo de Gijón, y que llegaron a enseñarle esa dinamita que guardaban en el maletero de un coche. A raíz de ese hecho, Lavandera alertó a las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo ni éstas ni el instructor del sumario le dieron demasiada importancia a este hecho.

La operación, dirigida por el grupo de estupefacientes de la comisaría de Gijón, logró desmantelar una importante red de narcotraficantes relacionada con mafias gallegas, pero sobre todo puso al descubierto un mercado negro de explosivos del que luego se beneficiaron los autores de los atentados de Madrid.

Trashorrras tan sólo estuvo en prisión tres meses. Su cuñado Toro permaneció más tiempo en la cárcel asturiana de Villabona y fue allí donde entabló relación con el marroquí Rafá Zouhier, también imputado en los atentados del 11-M por su relación con los islamistas y con los dos asturianos.

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