El Tribunal Supremo pone en marcha la liquidación del patrimonio de Batasuna
24-10-06
ALTO EL FUEGO / Ordena a los juzgados vascos que en 72 horas hagan inventario del dinero y bienes de las 'herriko tabernas' / Pide al fiscal y al abogado del Estado que se pronuncien sobre las medidas cautelares y el cierre de los locales
El Tribunal Supremo pone en marcha la liquidación del patrimonio de Batasuna
MARIA PERAL
MADRID.- La Sala del 61 del Tribunal Supremo, que en marzo de 2003 ilegalizó a Batasuna por formar parte de ETA, inició ayer el proceso de liquidación patrimonial del brazo político de la banda terrorista al ordenar a los juzgados vascos que, en un plazo de 72 horas, realicen inventarios del dinero, bienes muebles y enseres que se encuentren en las herriko tabernas.
La decisión judicial fue tomada por unanimidad el pasado miércoles y ayer, nada más ser notificada, se puso en marcha en las tres provincias vascas y en Navarra. Comisiones judiciales auxiliadas por la Guardia Civil entraron en las herriko tabernas, que, según los indicios puestos de manifiesto al Tribunal, «pertenecen» a Batasuna y «forman parte activa de su organización», pese a que su titularidad formal corresponde a asociaciones culturales y sociedades mercantiles.
El Supremo quiere asegurar la eficacia de las medidas cautelares que, previsiblemente, adoptará en las próximas semanas.
(.../...)
La intervención del Tribunal Supremo no se produce en el vacío, sino en el marco del proceso de ilegalización de Batasuna-EH-HB, formaciones declaradas fuera de la ley en marzo de 2003 en aplicación de la Ley de Partidos Políticos.
La norma señala que la ilegalización y consiguiente disolución de un partido «determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala». El patrimonio resultante «se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario», prescribe la Ley.
Tres expertos de la Agencia Tributaria han estado desde octubre de 2003 identificando y analizando los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos patrimoniales, de Batasuna. El informe producto de ese trabajo ha sido entregado recientemente al Alto Tribunal y en él se determina el patrimonio neto de los partidos ilegalizados.
«Los tiempos de la Justicia y los tiempos políticos no son los mismos», dijeron ayer fuentes de la Sala, que indicaron que los magistrados «tienen una ley que aplicar» y han actuado cuando han recibido el informe de los liquidadores, «ni más temprano ni más tarde».
Los 16 miembros de la Sala del 61 se reunieron el pasado miércoles con total reserva para debatir el auto que fue conocido y puesto en ejecución ayer, con la entrada de comisiones judiciales en las herriko tabernas.
Según el «completo y minucioso» estudio de los liquidadores, la mayor parte de los bienes de Batasuna son propiedad formal de asociaciones culturales y sociedades mercantiles.
Por ello, «una conclusión capital» del informe es «la necesidad de extender la liquidación patrimonial de Batasuna a los bienes y derechos de la titularidad aparente de terceros».
En el actual momento del proceso, el Tribunal no considera «estrictamente acreditados» los datos y conclusiones expuestas por los liquidadores. Pero el dictamen ha provocado una «toma de posición de los magistrados», que destacan la «solidez», «rigor», «verosimilitud» y «seriedad» con que es expuesta la conexión entre el patrimonio de las herriko tabernas y el complejo ETA-Batasuna. La resolución se refiere al «alto nivel» de los tres funcionarios de la Agencia Tributaria, «con la imparcialidad que de tal circunstancia cabe inferir».
Como «prueba de valor extraordinario» de que las herriko tabernas son patrimonio de Batasuna, el informe menciona un libro editado en 1999 por HB, «que supone el reconocimiento público y abierto, indiscutible en cuanto a la autoría de la obra, de la existencia de 120 herriko tabernas con titularidad de HB».
Otras pruebas son el documento Herrikos, un debate necesario -«que surge de la propia Batasuna y cuya finalidad es proyectar sobre estos establecimientos el control y dirección del partido»- y los escritos en el mismo sentido hallados en el ordenador portátil de Xabier Alegría, portavoz y coordinador de KAS.
La Sala también ha valorado las decisiones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que en febrero y mayo clausuró las herriko tabernas de Usúrbil y Zamudio por servir de cobertura a actividades de Batasuna y de ETA.
Todo ello aporta a la Sala indicios «intensamente reveladores» de que, con independencia de su titularidad formal, las herriko tabernas «pertenecen a Batasuna y forman parte activa de su organización, no sólo desde el punto de vista patrimonial y con vistas a la satisfacción de finalidades de financiación económica, sino desde la perspectiva política de servir como plataformas dinamizadoras en cada población de la actividad de Batasuna y, por ende, de ETA».
Esos indicios «hacen aconsejable» tomar medidas «que prevengan el riesgo de desaparición» de los bienes, «lo que no sería descartable».
Por el momento, la Sala ha autorizado la entrada de comisiones judiciales en las herriko tabernas -que, según fuentes judiciales, son en la actualidad unas 140- para hacer un inventario del dinero y de los bienes. Esta medida, que durará 72 horas, «no afectará, por sí sola, al funcionamiento de las herrikos como establecimientos de hostelería», precisa el Supremo.
En lo que será una prueba de fuego para la Fiscalía y para la Abogacía del Estado en pleno proceso de contactos entre el Gobierno y ETA, ambas instituciones deberán pronunciarse en un mes sobre si consideran necesario adoptar medidas cautelares, entre las que el Tribunal menciona el embargo tanto de las herriko como de sus activos, el cierre y precinto de los establecimientos y «otras medidas alternativas o innominadas» que el fiscal o el abogado del Estado puedan proponer.
Ambas partes y la propia Batasuna tendrán también un mes para presentar alegaciones sobre el informe de los liquidadores.
Además, el juez Garzón, que inició en 2000 un proceso contra las herriko tabernas como fuente de financiación de ETA, deberá informar en 15 días de la marcha de ese sumario y, en particular, de la creación en 2002 de una administración judicial de estos locales «que no nos consta llevada a cabo».
El Tribunal Supremo pone en marcha la liquidación del patrimonio de Batasuna
MARIA PERAL
MADRID.- La Sala del 61 del Tribunal Supremo, que en marzo de 2003 ilegalizó a Batasuna por formar parte de ETA, inició ayer el proceso de liquidación patrimonial del brazo político de la banda terrorista al ordenar a los juzgados vascos que, en un plazo de 72 horas, realicen inventarios del dinero, bienes muebles y enseres que se encuentren en las herriko tabernas.
La decisión judicial fue tomada por unanimidad el pasado miércoles y ayer, nada más ser notificada, se puso en marcha en las tres provincias vascas y en Navarra. Comisiones judiciales auxiliadas por la Guardia Civil entraron en las herriko tabernas, que, según los indicios puestos de manifiesto al Tribunal, «pertenecen» a Batasuna y «forman parte activa de su organización», pese a que su titularidad formal corresponde a asociaciones culturales y sociedades mercantiles.
El Supremo quiere asegurar la eficacia de las medidas cautelares que, previsiblemente, adoptará en las próximas semanas.
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La intervención del Tribunal Supremo no se produce en el vacío, sino en el marco del proceso de ilegalización de Batasuna-EH-HB, formaciones declaradas fuera de la ley en marzo de 2003 en aplicación de la Ley de Partidos Políticos.
La norma señala que la ilegalización y consiguiente disolución de un partido «determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la Sala». El patrimonio resultante «se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario», prescribe la Ley.
Tres expertos de la Agencia Tributaria han estado desde octubre de 2003 identificando y analizando los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos patrimoniales, de Batasuna. El informe producto de ese trabajo ha sido entregado recientemente al Alto Tribunal y en él se determina el patrimonio neto de los partidos ilegalizados.
«Los tiempos de la Justicia y los tiempos políticos no son los mismos», dijeron ayer fuentes de la Sala, que indicaron que los magistrados «tienen una ley que aplicar» y han actuado cuando han recibido el informe de los liquidadores, «ni más temprano ni más tarde».
Los 16 miembros de la Sala del 61 se reunieron el pasado miércoles con total reserva para debatir el auto que fue conocido y puesto en ejecución ayer, con la entrada de comisiones judiciales en las herriko tabernas.
Según el «completo y minucioso» estudio de los liquidadores, la mayor parte de los bienes de Batasuna son propiedad formal de asociaciones culturales y sociedades mercantiles.
Por ello, «una conclusión capital» del informe es «la necesidad de extender la liquidación patrimonial de Batasuna a los bienes y derechos de la titularidad aparente de terceros».
En el actual momento del proceso, el Tribunal no considera «estrictamente acreditados» los datos y conclusiones expuestas por los liquidadores. Pero el dictamen ha provocado una «toma de posición de los magistrados», que destacan la «solidez», «rigor», «verosimilitud» y «seriedad» con que es expuesta la conexión entre el patrimonio de las herriko tabernas y el complejo ETA-Batasuna. La resolución se refiere al «alto nivel» de los tres funcionarios de la Agencia Tributaria, «con la imparcialidad que de tal circunstancia cabe inferir».
Como «prueba de valor extraordinario» de que las herriko tabernas son patrimonio de Batasuna, el informe menciona un libro editado en 1999 por HB, «que supone el reconocimiento público y abierto, indiscutible en cuanto a la autoría de la obra, de la existencia de 120 herriko tabernas con titularidad de HB».
Otras pruebas son el documento Herrikos, un debate necesario -«que surge de la propia Batasuna y cuya finalidad es proyectar sobre estos establecimientos el control y dirección del partido»- y los escritos en el mismo sentido hallados en el ordenador portátil de Xabier Alegría, portavoz y coordinador de KAS.
La Sala también ha valorado las decisiones del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que en febrero y mayo clausuró las herriko tabernas de Usúrbil y Zamudio por servir de cobertura a actividades de Batasuna y de ETA.
Todo ello aporta a la Sala indicios «intensamente reveladores» de que, con independencia de su titularidad formal, las herriko tabernas «pertenecen a Batasuna y forman parte activa de su organización, no sólo desde el punto de vista patrimonial y con vistas a la satisfacción de finalidades de financiación económica, sino desde la perspectiva política de servir como plataformas dinamizadoras en cada población de la actividad de Batasuna y, por ende, de ETA».
Esos indicios «hacen aconsejable» tomar medidas «que prevengan el riesgo de desaparición» de los bienes, «lo que no sería descartable».
Por el momento, la Sala ha autorizado la entrada de comisiones judiciales en las herriko tabernas -que, según fuentes judiciales, son en la actualidad unas 140- para hacer un inventario del dinero y de los bienes. Esta medida, que durará 72 horas, «no afectará, por sí sola, al funcionamiento de las herrikos como establecimientos de hostelería», precisa el Supremo.
En lo que será una prueba de fuego para la Fiscalía y para la Abogacía del Estado en pleno proceso de contactos entre el Gobierno y ETA, ambas instituciones deberán pronunciarse en un mes sobre si consideran necesario adoptar medidas cautelares, entre las que el Tribunal menciona el embargo tanto de las herriko como de sus activos, el cierre y precinto de los establecimientos y «otras medidas alternativas o innominadas» que el fiscal o el abogado del Estado puedan proponer.
Ambas partes y la propia Batasuna tendrán también un mes para presentar alegaciones sobre el informe de los liquidadores.
Además, el juez Garzón, que inició en 2000 un proceso contra las herriko tabernas como fuente de financiación de ETA, deberá informar en 15 días de la marcha de ese sumario y, en particular, de la creación en 2002 de una administración judicial de estos locales «que no nos consta llevada a cabo».
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