Negociación, cesión y derrota

23-10-06



CRONICA DE LA SEMANA

Negociación, cesión y derrota

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

El llamado proceso de paz se ha convertido en el campo de batalla central del PP contra el Gobierno, arropado por todos los partidos que le apoyan. Las escaramuzas que se han producido la semana pasada en el Senado y en el Congreso son buena prueba de ello.
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El convencimiento por parte de Mariano Rajoy de que la convocatoria de la mesa de partidos está próxima y las noticias no desmentidas sobre las negociaciones que llevó a cabo el PSOE con ETA antes del 14-M han sido el detonante de este choque frontal cuyas repercusiones perdurarán hasta el final de la legislatura.

El final del terrorismo es la columna vertebral, el eje, el fin último del proyecto político de Zapatero. Pero, a diferencia de lo que ocurría con el capitán Ahab y su desesperada obsesión por acabar con Moby Dick, el líder del PSOE no pretende doblegar a ETA a arponazos, sino con concesiones tan apetitosas que sirvan para aplacar sus instintos asesinos.

Zapatero está convencido de que si su plan sale adelante, tiene garantizado el triunfo electoral con holgada mayoría. La paz es el valor que más cotiza en el mercado electoral español. Por el fin de ETA muchos electores estarían dispuestos a perdonar al presidente del Gobierno sus cesiones a los nacionalistas y los errores que han llevado a este país a resucitar los fantasmas del pasado.

Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de Zapatero? ¿A dónde nos puede llevar una estrategia equivocada en la forma de encarar la negociación con ETA?

La primera cuestión a dilucidar para responder a esas preguntas clave es si realmente estamos ante el final del terrorismo o bien si nos encontramos ante una situación distinta en la que la organización terrorista ha decidido dejar de matar sólo por razones tácticas, pero sin renunciar a sus postulados políticos esenciales.

Los datos objetivos apuntan claramente a que estamos inmersos en esta segunda situación.

Si estuviéramos en la primera, ETA sólo tendría una reivindicación, un tema de conversación con el Gobierno: la puesta en libertad progresiva de sus presos y la reinserción de sus militantes (como ocurrió con ETA p-m).

Pero no. Lo que siguen reclamando ETA y Batasuna es la consecución de los mismos objetivos que pretendían hace años, pero por otros métodos. No olvidemos que para una organización terrorista la lucha armada es una forma de lograr sus fines, pero no la única.

Que estemos en una u otra situación (el fin de la violencia o el cambio táctico de ETA) es muy importante porque determina o debería determinar la forma de actuar del Gobierno en relación a la banda.

Si, en efecto, ETA ha dejado la lucha armada por razones tácticas (forzada por su aislamiento internacional y su debilitamiento tanto logístico como financiero), el Gobierno debería dar por sentado que ETA volverá a matar si no se cumplen sus expectativas.

Por tanto, en una eventual negociación debe tener en cuenta que al otro lado de la mesa tiene sentados a asesinos reales o potenciales y, por ello, no debería confiar en la otra parte más de lo que aconseja el más elemental sentido de la prudencia.

Mientras que ETA no se desarme, es decir, mientras que no estemos ante el fin del terrorismo de verdad, el Gobierno no debería hacer ninguna concesión irreversible o difícilmente reversible.

Por ejemplo, en la situación en la que nos encontramos ahora, el Gobierno podría llevar a cabo el traslado de presos a las cárceles del País Vasco (cosa que ya ha comenzado a hacer de forma subrepticia), porque, si la negociación llegara a romperse, sería fácil volverlos a dispersar.

Mientras ETA pueda volver a matar porque mantiene en su poder su arsenal (y ya ha dejado claro en diversos comunicados que volverá a hacerlo si no consigue sus objetivos políticos), el Gobierno no puede dar pasos que supongan logros sustanciales para ETA. Por ejemplo, sería insensato legalizar a Batasuna, aunque la coalición se bautice con otro nombre, porque ETA ha utilizado históricamente a dicha organización para ampliar su base social y financiarse y, por lo tanto, lo volverá a hacer inmediatamente si volviera a ser legal.

El problema del Gobierno es que está actuando como si estuviéramos de verdad ante el fin del terrorismo, cuando, en realidad, estamos, por el momento, sólo ante un cambio táctico de ETA.

Ése es un error en la estrategia de negociación que ETA está aprovechando de forma tan astuta como descarada.

Si se deja ver a la otra parte que puede esperar concesiones, la posibilidad de llegar a acuerdos razonables sobre los asuntos controvertidos (léase Navarra o el derecho de autodeterminación) se reduce casi a cero.

Comprar una relación a cambio de concesiones es como pagar un chantaje. Cuanto más se le ofrezca al chantajista, más exigirá que se le pague la próxima vez. Ésa es la tesis que los profesores Roger Fisher y Scott Brown desarrollaron en el Proyecto Harvard de negociación y que fue exitosamente aplicada en los años 70 en las conversaciones entre EEUU y la URSS para la reducción del arsenal nuclear y, posteriormente, en las reuniones de Camp David que concluyeron con los acuerdos de paz entre Egipto e Israel (todo ello puede estudiarse en el libro Getting to yes: Negotiation Agreement without giving in, escrito por Roger Fisher, William L. Ury y Bruce Patton).

Desde que se iniciaron los coqueteos con ETA, el Gobierno no ha parado de hacer concesiones. La Fiscalía permitió que Batasuna usara al PCTV como marca electoral; el Gobierno aceptó que Patxi López se reuniera con los líderes de la ilegal Batasuna; el PSOE ha impulsado llevar el debate sobre la negociación con ETA al Parlamento Europeo, con lo que se le da la razón a los terroristas en una cuestión fundamental: que en el País Vasco hay un problema político.

Y, para concluir la lista de cesiones al chantaje de ETA, desde la Fiscalía General del Estado se ha lanzado el mensaje a jueces y fiscales de que adopten una actitud comprensiva hacia ETA. Consecuencia de ese cambio en la orientación de la Fiscalía ha sido la excepcional reducción en la petición de penas para Ignacio de Juana Chaos. También es consecuencia de esa nueva orientación la rebaja en las medidas cautelares acordada por Garzón para Otegi y Olano. Y lo seguiremos viendo en el futuro a tenor de lo declarado la semana pasada por Cándido Conde-Pumpido.

El Gobierno cree que, de esa forma, ETA y su mundo se convencerán de las bondades del Estado de Derecho, de su disposición a ceder a cambio de la deseada paz. Pero, muy al contrario, esas concesiones sólo sirven para reforzar la línea dura del terrorismo.

La cuestión no es estar a favor o en contra del diálogo para acabar con ETA. El diálogo no sólo es útil, sino necesario. El problema es que el Gobierno ha decidido pagar un alto precio político, del que ahora sólo estamos abonando las primeras facturas, para que ETA no vuelva a matar.

Zapatero está llevando a cabo esa política no sólo rompiendo el consenso con el principal partido de la oposición, sino utilizando el diálogo con ETA para obtener un rédito político a su costa. Esa forma de actuar no sólo beneficia a ETA, sino que no garantiza el final del terrorismo. Por desgracia, el fin de Zapatero puede ser tan trágico como el del capitán Ahab, aunque a diferencia de lo que ocurría en la novela de Melville, ahora a Moby Dick se la quiere matar a besos.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es