EL SUPREMO RECUERDA QUE LA JUSTICIA NO SE SUBORDINA AL PROCESO
24-10-06
Editorial
EL SUPREMO RECUERDA QUE LA JUSTICIA NO SE SUBORDINA AL PROCESO
Editorial
EL SUPREMO RECUERDA QUE LA JUSTICIA NO SE SUBORDINA AL PROCESO
La Sala Especial del Tribunal Supremo dictó ayer orden para que se registren las 140 herriko tabernas que aún existen en el País Vasco y Navarra, con el fin de hacer inventario y proceder a la liquidación de los bienes de Batasuna.
Apenas una semana después de que el fiscal general del Estado volviese a apelar a fiscales y jueces para que contribuyan con sus decisiones al llamado proceso de paz, el Supremo ofrece a Conde-Pumpido, por la vía de los hechos, una respuesta contundente: que la ley está para ser cumplida con todas sus consecuencias. De hecho, los 16 miembros de la Sala Especial, que reúne las más variadas tendencias ideológicas, han tomado esta decisión contra el entramado de Batasuna por unanimidad, de manera que el Gobierno ni siquiera podrá achacar su auto a motivaciones partidistas. Ahora Conde-Pumpido tendrá que demostrar hasta qué punto está dispuesto a contrariar la decisión del Alto Tribunal, ya que éste le ha preguntado si está de acuerdo con un embargo cautelar de los bienes y un cierre de las herriko tabernas necesario para asegurar el éxito de la operación.
(.../...)
Además de recordar al Gobierno y al fiscal general que, pese a cualquier proceso, la ley hay que cumplirla, el Supremo puso ayer en evidencia a quienes supuestamente deberían haber garantizado ya ese cumplimiento. Así, el auto ordena al juez Garzón que informe sobre la administración judicial de las herriko tabernas que aquél ordenó en 2002, actuación que a la Sala Especial «no le consta que se haya llevado a cabo». Garzón tiene 15 días para demostrar al Tribunal que su resolución de hace cuatro años no fue un gesto a la galería, sino que ha sido ejecutada. Sin embargo, a juzgar por la impunidad con la que la inmensa mayoría de las herriko tabernas ha continuado ejerciendo sus actividades sin control alguno, es difícil creer que Garzón haya hecho sus deberes.
Precisamente el mismo día en el que el Supremo ponía al juez de la Audiencia en un brete por su descuido respecto a Batasuna, éste decidía rebajar a menos de la mitad la fianza que Grande Marlaska impuso al dirigente del PNV Gorka Agirre por su imputación en el sumario contra la red de extorsión de ETA, levantándole además la prohibición de salir del territorio español sin autorización judicial.
Gracias a esta decisión Agirre podría viajar para seguir in situ el debate del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz, encontrándose allí con Díez Usabiaga. Éste, líder del sindicato LAB e imputado precisamente en el sumario que investiga la financiación de la banda a través de las herriko tabernas, se benefició también ayer de la benevolencia de otro juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, quien le dio permiso para ir a Estrasburgo.
Es evidente que algunos jueces parecen haber acatado la idea de que sus decisiones han de adaptarse a la «realidad social» y favorecer el proceso de paz. Por eso en este contexto cobra especial relevancia que el Supremo les recuerde lo que ya deberían saber, y es que la única realidad es la ley y su deber es cumplirla.
Apenas una semana después de que el fiscal general del Estado volviese a apelar a fiscales y jueces para que contribuyan con sus decisiones al llamado proceso de paz, el Supremo ofrece a Conde-Pumpido, por la vía de los hechos, una respuesta contundente: que la ley está para ser cumplida con todas sus consecuencias. De hecho, los 16 miembros de la Sala Especial, que reúne las más variadas tendencias ideológicas, han tomado esta decisión contra el entramado de Batasuna por unanimidad, de manera que el Gobierno ni siquiera podrá achacar su auto a motivaciones partidistas. Ahora Conde-Pumpido tendrá que demostrar hasta qué punto está dispuesto a contrariar la decisión del Alto Tribunal, ya que éste le ha preguntado si está de acuerdo con un embargo cautelar de los bienes y un cierre de las herriko tabernas necesario para asegurar el éxito de la operación.
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Además de recordar al Gobierno y al fiscal general que, pese a cualquier proceso, la ley hay que cumplirla, el Supremo puso ayer en evidencia a quienes supuestamente deberían haber garantizado ya ese cumplimiento. Así, el auto ordena al juez Garzón que informe sobre la administración judicial de las herriko tabernas que aquél ordenó en 2002, actuación que a la Sala Especial «no le consta que se haya llevado a cabo». Garzón tiene 15 días para demostrar al Tribunal que su resolución de hace cuatro años no fue un gesto a la galería, sino que ha sido ejecutada. Sin embargo, a juzgar por la impunidad con la que la inmensa mayoría de las herriko tabernas ha continuado ejerciendo sus actividades sin control alguno, es difícil creer que Garzón haya hecho sus deberes.
Precisamente el mismo día en el que el Supremo ponía al juez de la Audiencia en un brete por su descuido respecto a Batasuna, éste decidía rebajar a menos de la mitad la fianza que Grande Marlaska impuso al dirigente del PNV Gorka Agirre por su imputación en el sumario contra la red de extorsión de ETA, levantándole además la prohibición de salir del territorio español sin autorización judicial.
Gracias a esta decisión Agirre podría viajar para seguir in situ el debate del Parlamento Europeo sobre el proceso de paz, encontrándose allí con Díez Usabiaga. Éste, líder del sindicato LAB e imputado precisamente en el sumario que investiga la financiación de la banda a través de las herriko tabernas, se benefició también ayer de la benevolencia de otro juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, quien le dio permiso para ir a Estrasburgo.
Es evidente que algunos jueces parecen haber acatado la idea de que sus decisiones han de adaptarse a la «realidad social» y favorecer el proceso de paz. Por eso en este contexto cobra especial relevancia que el Supremo les recuerde lo que ya deberían saber, y es que la única realidad es la ley y su deber es cumplirla.
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