Defensores del 11-M denuncian que no hay medios para que se sepa la verdad

13-06-06


11-M / Todos los letrados de oficio, que representan a 21 acusados, dicen que no pueden hacer frente a un sumario en las actuales condiciones / Explican que el juicio no garantiza que se esclarezca lo que sucedió

Defensores del 11-M denuncian que no hay medios para que se sepa la verdad


- Veinte de los 28 abogados advierten que no existen garantías de que los procesados «vayan a tener un juicio justo y que conduzca al esclarecimiento de los hechos» - Como letrados de oficio, percibirán 315 euros por todo el proceso más 19 euros por cada 1.000 folios del sumario

MANUEL MARRACO

MADRID.- En las condiciones actuales, el juicio por el 11-M no servirá para esclarecer lo que sucedió. Así lo mantienen los 20 abogados de oficio que representan a procesados por los atentados de Madrid en un comunicado en el que denuncian que las condiciones en las que tienen que realizar su trabajo hacen casi imposible rebatir las tesis de la Fiscalía.
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«Si la actual situación no se soluciona de inmediato», afirma el escrito hecho público ayer, «los abogados defensores no podemos garantizar que los procesados -que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario- van a tener un juicio justo y que conduzca al esclarecimiento de los hechos». «Resulta imposible estudiar y analizar el sumario con un mínimo de rigor y garantías», añaden los letrados.

Actualmente, la investigación judicial del 11-M suma más de 100.000 folios reunidos en más de 250 tomos. Frente a la situación de la que gozan el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez, dedicados en exclusiva a la causa, los letrados recuerdan que deben seguir aceptando lo que les llega del turno de oficio y gestionar los clientes de sus despachos.

El encargado de hacer público el comunicado fue el abogado de Brahim Moussaten, Eduardo García Peña. También estuvieron presentes los letrados de acusados tan relevantes como Fouad el Morabit, Otman el Gnaoui y Yusef Belhadj. En total, los 20 abogados de oficio que intervienen en el sumario 20/04 representan a 21 de los 29 procesados por el juez Juan del Olmo (uno de ellos defiende a dos acusados).

«Más de dos años después de haberse iniciado el procedimiento judicial», afirma el escrito, «los abogados carecemos de los medios suficientes para ejercer con un mínimo de rigor la defensa de nuestros clientes. La precariedad de medios es tan evidente, tan grave y tan desigual respecto al Ministerio Fiscal que se puede afirmar, sin exageración alguna, que los procesados están indefensos y se ha vulnerado su derecho constitucional a un proceso con todas las garantías».

Dada su magnitud, los letrados calculan que deberán dedicar al menos los seis meses previos al juicio a estudiar el sumario. A continuación, tendrán que estar presentes en todas las sesiones del juicio, que podría prolongarse durante un año. Todo ello por una cantidad mínima: «Según el baremo de retribuciones del turno de oficio para lo que se denomina 'procedimiento de especial complejidad ante la Audiencia Nacional', el Ministerio de Justicia va a abonar a cada abogado por todo el procedimiento, que se va a extender a lo largo de cuatro o cinco años, y en régimen de exclusividad absoluta los últimos 18 meses del proceso, la cantidad total de 315 euros, a lo que se sumará la ridícula cantidad de 19 euros por cada mil folios de sumario».

A fecha de hoy, ese cálculo supone que recibirían poco más de 2.000 euros, pese a que según explicó García Peña, el Colegio de Abogados de Madrid ha cifrado en 60.000 la cifra «razonable» a percibir por cada abogado por todo el procedimiento.

Los letrados no limitan sus quejas a cuestiones económicas. También aducen problemas para visitar a sus clientes, muchos de los cuales, por razones de seguridad, se encuentran en prisiones alejadas de Madrid. Además, varios de los procesados apenas hablan castellano, por lo que reclaman traductores para poder entrevistarse con ellos y preparar correctamente su defensa.

Pese a todas las trabas, los letrados insistieron en que no han previsto, como medida de presión, renunciar en bloque a ejercer la defensa de oficio. Eso sí, explican que «si la actual situación no se soluciona», utilizarán «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico» les permita «para evitar que el juicio se celebre en las actuales condiciones».

De momento, la denuncia de los letrados ha servido para que el pasado viernes, el mismo día en que convocaron la rueda de prensa celebrada ayer, el Ministerio de Justicia aceptara reunirse con ellos para encontrar una solución.

Hasta entonces, según denunciaron, sus quejas no habían sido atendidas. «Llevamos más de dos años solicitando, a través del Colegio de Abogados de Madrid y en los últimos meses a través del Consejo General de la Abogacía, que el Ministerio de Justicia dote de medios suficientes que permitan ejercer el derecho de defensa con rigor. Hasta ahora nada. No nos consta que la Administración haya hecho ningún esfuerzo en este sentido ni que haya avanzado ninguna propuesta».

Los letrados no lanzaron ninguna crítica al juez instructor, aunque muchos de ellos sí han protestado por algunas de las medidas adoptadas por el magistrado. A lo largo de los dos años de investigación, los abogados han recurrido continuamente el secreto de sumario mantenido por Del Olmo y que, a su juicio, dificultaba enormemente su trabajo. Ese secreto suponía que tan sólo la Fiscalía tenía acceso a todo el sumario, mientras que las defensas accedían únicamente a las partes que poco a poco y con meses de retraso iba haciendo públicas el juez.

Coincidiendo con el auto de procesamiento, Del Olmo decidió no prorrogar el secreto. Sin embargo, y en contra de lo que había hecho en otras ocasiones, no entregó copia digital de ese nuevo material, por lo que las defensas solo disponen de los primeros 141 tomos del sumario. Para consultar el último centenar, deben acudir personalmente al juzgado y confiar en que no haya otro colega consultando lo mismo.

Desde el inicio de la instrucción los abogados de oficio resaltaron los trastornos que supondría llevar una causa de estas características. El pasado mes de marzo, en una carta publicada en este diario, una veintena de ellos reaccionó explicando que no deseaban ser «mártires del Estado de Derecho», como a modo de reconocimiento les había calificado el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer.

«¿Mártires del Estado de Derecho? ¿Héroes? No, gracias», decían en su escrito. «El perjuicio profesional viene definido por la sencilla razón de que los abogados designados por el turno de oficio especial de la Audiencia Nacional son abogados independientes, con despachos pequeños, con recursos escasos, que están solos enfrentados a toda la maquinaria estatal y que no pueden renunciar a la designación de no mediar causa de fuerza mayor o que se decida a abandonar el Colegio de Abogados, hecho que ya se ha producido en algunos casos».

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