Denuncian ante Interior 'alegalidades' en los registros a los presos del 11-M
13-06-06
11-M / La actuación de las Fuerzas de Seguridad
Denuncian ante Interior 'alegalidades' en los registros a los presos del 11-M
Acaip remite un escrito a Rubalcaba y el PP pide explicaciones al Gobierno sobre el aislamiento entre islamistas y etarras
FERNANDO LAZARO
11-M / La actuación de las Fuerzas de Seguridad
Denuncian ante Interior 'alegalidades' en los registros a los presos del 11-M
Acaip remite un escrito a Rubalcaba y el PP pide explicaciones al Gobierno sobre el aislamiento entre islamistas y etarras
FERNANDO LAZARO
MADRID.- «Nos encontramos ante un cacheo indiscriminado, sin motivo aparente y que únicamente se practica sobre internos musulmanes y no sobre todos los internos del módulo». El sindicato Acaip ha remitido una carta al Ministerio del Interior en la que denuncia posibles «irregularidades y alegalidades» en los cacheos practicados en la prisión de Valdemoro a 10 presos islamistas (cinco vinculados al 11-M y otros cinco a la operación Nova).
(.../...)
Estos registros se praticaron tras incautarse a Abdelmajid Bouchar (huido de Leganés, detenido en Serbia y encarcelado como presunto autor material de la masacre) un diario Gara con anotaciones manuscritas en árabe. Bouchar ocupaba la celda número 120. En la 118 se encuentra internado el etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi.
Según Acaip, estos cacheos pueden resultar «sospechosos e, incluso, alegales». «No nos consta la existencia de autorización judicial para la práctica del cacheo en Valdemoro y esta actuación, cuando es dirigida por los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, debe realizarse al amparo de un mandato judicial», indica la nota que ha remitido Acaip al Ministerio del Interior.
«Asimismo, cuando los presos sobre los que se incide son preventivos, debería notificarse dichas medidas a la autoridad judicial de la que dependen y, cuando son penados, al juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente».
Acaip, por medio de su presidente nacional, José Ramón López, asegura que si se ha intervenido documentación en los cacheos, «debería ponerse a disposición de la autoridad judicial correspondiente». «Este tipo de actuaciones puede suponer una violación de los derechos de los internos que, no podemos olvidar, están bajo la responsabilidad de los funcionarios penitenciarios», indica la misiva.
Por estos motivos, este sindicato exige a Rubalcaba que garantice que las intervenciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las cárceles «se ajusten estrictamente a la ley».
Según explicaron ayer fuentes penitenciarias, en el Gara intervenido a Abdelmajid Bouchar, estaban escritas frases cortas en árabe, pequeños rezos a Alá. «Alá premia a quien asume su destino».
Instituciones Penitenciarias aseguró que la incautación de ese ejemplar y los registros practicados a 10 islamistas no están relacionados. Según explicó un portavoz oficial, los cacheos y registros entran dentro de la actual dinámica de no bajar la guardia sobre el terrorismo islamista. Además, se habían desplazado junto al responsable de seguridad penitenciaria, el teniente coronel de la Guardia Civil Antón Cotarelo, y funcionarios de Madrid para comprobar si hay deficiencias en los cacheos, según explicó este portavoz oficial.
Desde las filas populares, por boca de su diputada Alicia Sánchez-Camacho, se exigió una explicación «clara y precisa» al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el registro de las celdas de los presos del 11-M y el hallazgo de un Gara con anotaciones en árabe en poder de uno de los más peligrosos islamistas.
Para el PP, el hecho de que este interno estuviera separado únicamente por una celda de uno de los más destacados etarras, Gadafi, es de una «extraordinaria gravedad».
En declaraciones a este periódico, Alicia Sánchez-Camacho recordó que durante su comparecencia como ministro del Interior, José Antonio Alonso explicó en el Congreso que, en aplicación de las conclusiones, se había procedido a la dispersión de todos los terroristas. «Entonces, ¿cómo se explica que estén 10 islamistas y un etarra como Gadafi todos juntos en el mismo módulo de una cárcel?». «El entonces ministro mintió, como se ha comprobado ahora». Y lo peor, explicó la diputada, es que da la impresión de que el Gobierno socialista «no tiene ningún control sobre los presos ni sobre las prisiones. No sabe dónde está cumpliendo su condena cada preso. Es extraordinariamente grave la situación», indicó.
«El Gobierno no ha dispersado a los terroristas y tiene en la misma cárcel, pared con pared, a islamistas y a etarras». Además, alertó de la posibilidad de que estos cacheos y registros se hayan realizado sin ningún control judicial: «Si es así, sería de una irregularidad enorme y debería de aclararse inmediatamente».
Sánchez-Camacho denunció que el Ejecutivo no controla «los posibles contactos que existen entre etarras e islamistas». Por todo ello, el ministro del Interior debería dar una explicación en el Congreso. También debería explicar por qué un teniente coronel de la Guardia Civil, «que tiene competencias sobre el perímetro de la prisión, se encarga de realizar los registros en las celdas», añadió.
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Estos registros se praticaron tras incautarse a Abdelmajid Bouchar (huido de Leganés, detenido en Serbia y encarcelado como presunto autor material de la masacre) un diario Gara con anotaciones manuscritas en árabe. Bouchar ocupaba la celda número 120. En la 118 se encuentra internado el etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi.
Según Acaip, estos cacheos pueden resultar «sospechosos e, incluso, alegales». «No nos consta la existencia de autorización judicial para la práctica del cacheo en Valdemoro y esta actuación, cuando es dirigida por los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, debe realizarse al amparo de un mandato judicial», indica la nota que ha remitido Acaip al Ministerio del Interior.
«Asimismo, cuando los presos sobre los que se incide son preventivos, debería notificarse dichas medidas a la autoridad judicial de la que dependen y, cuando son penados, al juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente».
Acaip, por medio de su presidente nacional, José Ramón López, asegura que si se ha intervenido documentación en los cacheos, «debería ponerse a disposición de la autoridad judicial correspondiente». «Este tipo de actuaciones puede suponer una violación de los derechos de los internos que, no podemos olvidar, están bajo la responsabilidad de los funcionarios penitenciarios», indica la misiva.
Por estos motivos, este sindicato exige a Rubalcaba que garantice que las intervenciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las cárceles «se ajusten estrictamente a la ley».
Según explicaron ayer fuentes penitenciarias, en el Gara intervenido a Abdelmajid Bouchar, estaban escritas frases cortas en árabe, pequeños rezos a Alá. «Alá premia a quien asume su destino».
Instituciones Penitenciarias aseguró que la incautación de ese ejemplar y los registros practicados a 10 islamistas no están relacionados. Según explicó un portavoz oficial, los cacheos y registros entran dentro de la actual dinámica de no bajar la guardia sobre el terrorismo islamista. Además, se habían desplazado junto al responsable de seguridad penitenciaria, el teniente coronel de la Guardia Civil Antón Cotarelo, y funcionarios de Madrid para comprobar si hay deficiencias en los cacheos, según explicó este portavoz oficial.
Desde las filas populares, por boca de su diputada Alicia Sánchez-Camacho, se exigió una explicación «clara y precisa» al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el registro de las celdas de los presos del 11-M y el hallazgo de un Gara con anotaciones en árabe en poder de uno de los más peligrosos islamistas.
Para el PP, el hecho de que este interno estuviera separado únicamente por una celda de uno de los más destacados etarras, Gadafi, es de una «extraordinaria gravedad».
En declaraciones a este periódico, Alicia Sánchez-Camacho recordó que durante su comparecencia como ministro del Interior, José Antonio Alonso explicó en el Congreso que, en aplicación de las conclusiones, se había procedido a la dispersión de todos los terroristas. «Entonces, ¿cómo se explica que estén 10 islamistas y un etarra como Gadafi todos juntos en el mismo módulo de una cárcel?». «El entonces ministro mintió, como se ha comprobado ahora». Y lo peor, explicó la diputada, es que da la impresión de que el Gobierno socialista «no tiene ningún control sobre los presos ni sobre las prisiones. No sabe dónde está cumpliendo su condena cada preso. Es extraordinariamente grave la situación», indicó.
«El Gobierno no ha dispersado a los terroristas y tiene en la misma cárcel, pared con pared, a islamistas y a etarras». Además, alertó de la posibilidad de que estos cacheos y registros se hayan realizado sin ningún control judicial: «Si es así, sería de una irregularidad enorme y debería de aclararse inmediatamente».
Sánchez-Camacho denunció que el Ejecutivo no controla «los posibles contactos que existen entre etarras e islamistas». Por todo ello, el ministro del Interior debería dar una explicación en el Congreso. También debería explicar por qué un teniente coronel de la Guardia Civil, «que tiene competencias sobre el perímetro de la prisión, se encarga de realizar los registros en las celdas», añadió.
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