El Gobierno admite que el 'proceso' se encuentra en un momento crítico pero confía en superarlo
19-08-06
ALTO EL FUEGO / Está en un «punto muerto» porque la banda pretende poner en marcha la mesa de partidos sin necesidad de que Batasuna se legalice / Niega haber adquirido compromisos cuyo incumplimiento le reprocha ETA
El Gobierno admite que el 'proceso' se encuentra en un momento crítico pero confía en superarlo
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- El Ejecutivo es consciente de que el proceso iniciado para el fin del terrorismo se encuentra en punto muerto y atraviesa un momento crítico que resulta evidente por el modo en que ETA expone la situación y sus exigencias en su último comunicado hecho público en el diario Gara en la madrugada de ayer. Sin embargo, combina esta impresión con la cautela, atribuye la dureza de las advertencias realizadas por la banda al habitual tira y afloja propio de un escenario preparado para la negociación y confía en precisar en las próximas semanas si el alcance real de esa gravedad es determinante para la evolución del proceso. «Nadie dijo que esto fuera a ser fácil», recuerdan las fuentes consultadas.
(.../...)
En el texto, la banda asegura que el proceso «está en crisis», responsabiliza de ello a PSE y PNV a quienes acusa de «alejarse de los compromisos adquiridos», advierte al Gobierno que «el mantenimiento de la situación de represión es incompatible con un proceso de negociación para la solución del conflicto» y, sobre todo, amenaza al asegurar que «si esos ataques continúan, ETA responderá».
El Gobierno, oficialmente, repite los argumentos empleados para los comunicados anteriores. Fuentes de La Moncloa señalan que no hay comentarios que hacer, reiteran su pretensión de esfuerzo para que el «proceso de paz» siga adelante y, en esta ocasión, curiosamente, se remiten al comunicado que ayer publicó el Comité Federal del PSOE recordándole a ETA que «la política, en democracia, la hacen los partidos políticos».
Hay una razón para que el Ejecutivo delegue en el partido y es que las fuentes consultadas sostienen que el destinatario de este comunicado no es el Ejecutivo, sino el PSOE y el PNV, a quienes la banda reprocha que «no hayan dado una respuesta a la altura de sus responsabilidades a la decisión tomada por ETA». Lo cierto es que es lógico dentro del criterio de la banda que se dirija a los partidos porque desde siempre ha insistido en que la solución al «conflicto político vasco» la tienen que dar las formaciones vascas y el Estado se debe limitar a aceptarlas.
En cualquier caso, lo que pretende ETA, sostienen fuentes gubernamentales, es denunciar el retraso en la puesta en marcha de la cuestión política, la mesa de partidos en la que está previsto que se aborde un nuevo marco para el País Vasco.
ETA echa la culpa al PSE y, por primera vez en sus comunicados tras la tregua, al PNV por las declaraciones en las que ambas formaciones aseguran que la izquierda abertzale no se va a poder sentar en dicha mesa hasta que cumpla los requisitos para ser legalizada y, por lo tanto, las conversaciones no podrán prosperar. Y el Gobierno, los socialistas y los nacionalistas, le echan la culpa a la izquierda abertzale porque se niega a dar el paso que le permita participar en esos acuerdos políticos cuya puesta en marcha reclama.
Y es en este punto donde parece radicar el conflicto. El hecho es que los líderes de Batasuna, meses antes del verano, aseguraron que no tenían inconveniente en cambiar de marca y, consecuentemente, iniciar los pasos para registrarse con otro nombre en el Ministerio del Interior. Éste era el acuerdo tácito establecido en sus conversaciones secretas con miembros del PSE.
Sin embargo, semanas después dieron marcha atrás y se enrocaron en la posición que mantienen ahora: es el Estado el que ha de dar el paso de legalizarles sin que ellos realicen ningún esfuerzo y, en cualquier caso, la mesa de partidos, en la que dan por hecha su participación, ha de ponerse en marcha en otoño.
El problema es que en el último comunicado hecho público por ETA, la banda respalda esta postura. Es más, recuerda a PSE y PNV que no han mostrado todavía «una voluntad clara de dar respuesta a los nudos fundamentales que este proceso debe solucionar» -que, como suele recordar, son la discusión en un «escenario democrático» de la territorialidad y la autodeterminación-, que están poniendo «nuevos obstáculos» y que se alejan «de los compromisos adquiridos». «En lugar de dar pasos para alimentar ese proceso, se han esmerado en desgastar las posiciones de la izquierda abertzale», se lamenta ETA, que denuncia que los socialistas pretenden «vaciar de contenido el proceso», «para promover su propio modelo de Estado y mantenerse en el poder en el Gobierno».
El Ejecutivo espera tener en las próximas semanas -no se sabe si en los anunciados contactos con la dirección de la banda- una estimación de cuánto hay de irreductible en esta postura y cuánto hay de escenificación. Mientras tanto, mantiene la distancia, probablemente para no contaminar su interlocución, y desvía la atención hacia los partidos aludidos por la banda.
El secretario de Política Institucional socialista, Alfonso Perales, aseguró que los socialistas no son partidarios de realizar valoraciones de las declaraciones de ETA pero recordó, en alusión a la legalización de Batasuna, que «la política en democracia tiene unas reglas muy claras que nos conciernen a todos y quien quiera participar en ella, ya sabe lo que tiene que hacer: cumplir esas reglas».
Iñigo Urkullu, portavoz del PNV, interpretó el comunicado como parte de la «liturgia» de la banda, le advirtió de que «la sociedad vasca hace muchos años que le pide que deje de tutelar procesos» y lanzó la pelota sobre el tejado de la izquierda abertzale, que es la que, en su opinión, ha de reflexionar.
Y ésta reflexionó. En una valoración «de urgencia» se ratificó ayer en que la «preocupación» expresada por ETA es compartida por «la sociedad», pidió a los partidos que alcancen «compromisos firmes», solicitó la «movilización de la sociedad», recordó que quien ha dado pasos como el de Anoeta ha sido ella y acusó al PSOE de seguir atacándole y poniendo «obstáculos».
El texto encierra otro aspecto preocupante y que colapsa también la otra mesa de negociación, la de ETA y el Gobierno. Recuerda que el Ejecutivo sigue incumpliendo los «compromisos adquiridos» -que, según ETA, afectan a las detenciones, procedimientos judiciales y trato a los presos-, advierte de que «esa situación de represión es incompatible con el proceso de negociación» y amenaza con que «si esos ataques continúan, ETA responderá».
El Gobierno niega la existencia de esos compromisos y algunas fuentes recuerdan que ETA utiliza sus «negociaciones» como le conviene, del mismo modo que lo hizo con el PNV en el 98. Respecto a las palabras de Otegi en las que éste aseguraba que la izquierda abertzale jamás hubiese iniciado una negociación en la que no se hablara de Navarra y de la autodeterminación, responden: «¿Alguien se cree que el Gobierno hubiera entrado en una negociación en la que se hablara de esos temas?».
El Gobierno admite que el 'proceso' se encuentra en un momento crítico pero confía en superarlo
ANGELES ESCRIVA
MADRID.- El Ejecutivo es consciente de que el proceso iniciado para el fin del terrorismo se encuentra en punto muerto y atraviesa un momento crítico que resulta evidente por el modo en que ETA expone la situación y sus exigencias en su último comunicado hecho público en el diario Gara en la madrugada de ayer. Sin embargo, combina esta impresión con la cautela, atribuye la dureza de las advertencias realizadas por la banda al habitual tira y afloja propio de un escenario preparado para la negociación y confía en precisar en las próximas semanas si el alcance real de esa gravedad es determinante para la evolución del proceso. «Nadie dijo que esto fuera a ser fácil», recuerdan las fuentes consultadas.
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En el texto, la banda asegura que el proceso «está en crisis», responsabiliza de ello a PSE y PNV a quienes acusa de «alejarse de los compromisos adquiridos», advierte al Gobierno que «el mantenimiento de la situación de represión es incompatible con un proceso de negociación para la solución del conflicto» y, sobre todo, amenaza al asegurar que «si esos ataques continúan, ETA responderá».
El Gobierno, oficialmente, repite los argumentos empleados para los comunicados anteriores. Fuentes de La Moncloa señalan que no hay comentarios que hacer, reiteran su pretensión de esfuerzo para que el «proceso de paz» siga adelante y, en esta ocasión, curiosamente, se remiten al comunicado que ayer publicó el Comité Federal del PSOE recordándole a ETA que «la política, en democracia, la hacen los partidos políticos».
Hay una razón para que el Ejecutivo delegue en el partido y es que las fuentes consultadas sostienen que el destinatario de este comunicado no es el Ejecutivo, sino el PSOE y el PNV, a quienes la banda reprocha que «no hayan dado una respuesta a la altura de sus responsabilidades a la decisión tomada por ETA». Lo cierto es que es lógico dentro del criterio de la banda que se dirija a los partidos porque desde siempre ha insistido en que la solución al «conflicto político vasco» la tienen que dar las formaciones vascas y el Estado se debe limitar a aceptarlas.
En cualquier caso, lo que pretende ETA, sostienen fuentes gubernamentales, es denunciar el retraso en la puesta en marcha de la cuestión política, la mesa de partidos en la que está previsto que se aborde un nuevo marco para el País Vasco.
ETA echa la culpa al PSE y, por primera vez en sus comunicados tras la tregua, al PNV por las declaraciones en las que ambas formaciones aseguran que la izquierda abertzale no se va a poder sentar en dicha mesa hasta que cumpla los requisitos para ser legalizada y, por lo tanto, las conversaciones no podrán prosperar. Y el Gobierno, los socialistas y los nacionalistas, le echan la culpa a la izquierda abertzale porque se niega a dar el paso que le permita participar en esos acuerdos políticos cuya puesta en marcha reclama.
Y es en este punto donde parece radicar el conflicto. El hecho es que los líderes de Batasuna, meses antes del verano, aseguraron que no tenían inconveniente en cambiar de marca y, consecuentemente, iniciar los pasos para registrarse con otro nombre en el Ministerio del Interior. Éste era el acuerdo tácito establecido en sus conversaciones secretas con miembros del PSE.
Sin embargo, semanas después dieron marcha atrás y se enrocaron en la posición que mantienen ahora: es el Estado el que ha de dar el paso de legalizarles sin que ellos realicen ningún esfuerzo y, en cualquier caso, la mesa de partidos, en la que dan por hecha su participación, ha de ponerse en marcha en otoño.
El problema es que en el último comunicado hecho público por ETA, la banda respalda esta postura. Es más, recuerda a PSE y PNV que no han mostrado todavía «una voluntad clara de dar respuesta a los nudos fundamentales que este proceso debe solucionar» -que, como suele recordar, son la discusión en un «escenario democrático» de la territorialidad y la autodeterminación-, que están poniendo «nuevos obstáculos» y que se alejan «de los compromisos adquiridos». «En lugar de dar pasos para alimentar ese proceso, se han esmerado en desgastar las posiciones de la izquierda abertzale», se lamenta ETA, que denuncia que los socialistas pretenden «vaciar de contenido el proceso», «para promover su propio modelo de Estado y mantenerse en el poder en el Gobierno».
El Ejecutivo espera tener en las próximas semanas -no se sabe si en los anunciados contactos con la dirección de la banda- una estimación de cuánto hay de irreductible en esta postura y cuánto hay de escenificación. Mientras tanto, mantiene la distancia, probablemente para no contaminar su interlocución, y desvía la atención hacia los partidos aludidos por la banda.
El secretario de Política Institucional socialista, Alfonso Perales, aseguró que los socialistas no son partidarios de realizar valoraciones de las declaraciones de ETA pero recordó, en alusión a la legalización de Batasuna, que «la política en democracia tiene unas reglas muy claras que nos conciernen a todos y quien quiera participar en ella, ya sabe lo que tiene que hacer: cumplir esas reglas».
Iñigo Urkullu, portavoz del PNV, interpretó el comunicado como parte de la «liturgia» de la banda, le advirtió de que «la sociedad vasca hace muchos años que le pide que deje de tutelar procesos» y lanzó la pelota sobre el tejado de la izquierda abertzale, que es la que, en su opinión, ha de reflexionar.
Y ésta reflexionó. En una valoración «de urgencia» se ratificó ayer en que la «preocupación» expresada por ETA es compartida por «la sociedad», pidió a los partidos que alcancen «compromisos firmes», solicitó la «movilización de la sociedad», recordó que quien ha dado pasos como el de Anoeta ha sido ella y acusó al PSOE de seguir atacándole y poniendo «obstáculos».
El texto encierra otro aspecto preocupante y que colapsa también la otra mesa de negociación, la de ETA y el Gobierno. Recuerda que el Ejecutivo sigue incumpliendo los «compromisos adquiridos» -que, según ETA, afectan a las detenciones, procedimientos judiciales y trato a los presos-, advierte de que «esa situación de represión es incompatible con el proceso de negociación» y amenaza con que «si esos ataques continúan, ETA responderá».
El Gobierno niega la existencia de esos compromisos y algunas fuentes recuerdan que ETA utiliza sus «negociaciones» como le conviene, del mismo modo que lo hizo con el PNV en el 98. Respecto a las palabras de Otegi en las que éste aseguraba que la izquierda abertzale jamás hubiese iniciado una negociación en la que no se hablara de Navarra y de la autodeterminación, responden: «¿Alguien se cree que el Gobierno hubiera entrado en una negociación en la que se hablara de esos temas?».
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