LOS INMIGRANTES ANTE LAS URNAS
19-08-06
EDITORIAL
LOS INMIGRANTES ANTE LAS URNAS
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LOS INMIGRANTES ANTE LAS URNAS
La idea de que los inmigrantes puedan votar en las elecciones municipales no es nueva. Desde hace ya algún tiempo diversos dirigentes del PSOE, PSC e IU se han manifestado sobre este asunto. Incluso Mariano Rajoy anunció el pasado mes de marzo que iba a instar a Zapatero a que agilizara las reformas necesarias para que la propuesta se convirtiera en una realidad.
Pues bien, la iniciativa está ya en el Parlamento con vistas a los comicios de 2007. La mayoría socialista, apoyada por IU-ICV, presentó el jueves una proposición no de ley para promover el derecho al sufragio de los inmigrantes. La Constitución exige dos criterios ineludibles para que los extranjeros puedan votar en las elecciones municipales: el de ciudadanía y el de reciprocidad. Por su parte, la ley electoral suma el de residencia.
Actualmente, sólo los ciudadanos de la UE pueden, en virtud de la doble ciudadanía de que disfrutan -consignada en el Tratado de Maastricht-, participar en los comicios europeos y locales. España, además, mantiene un acuerdo similar con Noruega, que permite a los españoles tomar parte en las elecciones del país nórdico del mismo modo que ellos pueden votar en el nuestro. Lo que no parece de recibo es que España permita la participación de residentes con cuyos estados no existe un acuerdo de reciprocidad. Ni mucho menos, con aquellos que ni siquiera contemplan el derecho al sufragio en condiciones de plena libertad, como China, Cuba o Marruecos. Por tanto, la pelota está en el tejado de los países emisores, que deberán ratificar este tipo de tratados bilaterales.
Es indudable que los poderes públicos deben promover la total integración de los inmigrantes legales, y este proceso incluye el derecho a la participación política. Sin embargo, la cuestión tiene la suficiente trascendencia como para que sea tratada con mucha serenidad y evitando que se convierta en un instrumento con fines electoralistas. De esta forma, la concesión del derecho al voto debe ser una de las últimas etapas del proceso integrador.
Es imposible, por ejemplo, que alguien que desconozca por completo nuestra lengua pueda ejercer libremente este derecho, de manera que se dejaría vía libre a un formato nuevo de caciquismo clientelar. Igualmente, si el inmigrante no está integrado en nuestra sociedad, el sistema de partidos corre el riesgo de incluir a formaciones que cuestionen nuestros valores constitucionales y modo de convivencia.
Pues bien, la iniciativa está ya en el Parlamento con vistas a los comicios de 2007. La mayoría socialista, apoyada por IU-ICV, presentó el jueves una proposición no de ley para promover el derecho al sufragio de los inmigrantes. La Constitución exige dos criterios ineludibles para que los extranjeros puedan votar en las elecciones municipales: el de ciudadanía y el de reciprocidad. Por su parte, la ley electoral suma el de residencia.
Actualmente, sólo los ciudadanos de la UE pueden, en virtud de la doble ciudadanía de que disfrutan -consignada en el Tratado de Maastricht-, participar en los comicios europeos y locales. España, además, mantiene un acuerdo similar con Noruega, que permite a los españoles tomar parte en las elecciones del país nórdico del mismo modo que ellos pueden votar en el nuestro. Lo que no parece de recibo es que España permita la participación de residentes con cuyos estados no existe un acuerdo de reciprocidad. Ni mucho menos, con aquellos que ni siquiera contemplan el derecho al sufragio en condiciones de plena libertad, como China, Cuba o Marruecos. Por tanto, la pelota está en el tejado de los países emisores, que deberán ratificar este tipo de tratados bilaterales.
Es indudable que los poderes públicos deben promover la total integración de los inmigrantes legales, y este proceso incluye el derecho a la participación política. Sin embargo, la cuestión tiene la suficiente trascendencia como para que sea tratada con mucha serenidad y evitando que se convierta en un instrumento con fines electoralistas. De esta forma, la concesión del derecho al voto debe ser una de las últimas etapas del proceso integrador.
Es imposible, por ejemplo, que alguien que desconozca por completo nuestra lengua pueda ejercer libremente este derecho, de manera que se dejaría vía libre a un formato nuevo de caciquismo clientelar. Igualmente, si el inmigrante no está integrado en nuestra sociedad, el sistema de partidos corre el riesgo de incluir a formaciones que cuestionen nuestros valores constitucionales y modo de convivencia.
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